Fuga de capitales récord, el telón de fondo de la deuda

Eficiencia y racionalidad en la toma de decisiones, son algunas de las virtudes que suelen ponderarse en el sector privado, en comparación con el sector público, donde por delante de los resultados económicos, suelen primar otras prioridades.

Simplificando, el circuito normal de una administración sana tiene tres pasos básicos. Al inicio se establecen los objetivos que se perseguirán. Transcurrido determinado periodo se controla el proceso para determinar posibles desvíos y el cumplimiento de las metas. Por último se decide si es necesario tomar acciones correctivas para enderezar el rumbo hacia los objetivos, o si por el contrario no hace falta cambiar nada dado que los resultados son satisfactorios.

Un ejemplo sencillo, puede servir como ilustración. Una empresa privada reconoce que desde hace cinco años no logra hacer crecer su producción. Contrata entonces un nuevo CEO que llega con distinguidos pergaminos de gestión y una batería de medidas para hacer despegar definitivamente la empresa. Transcurridos otros cinco años, los números indican que lejos de mejorar, la situación es muy similar a la que existía antes de la llegada del CEO, e incluso las finanzas se encuentran más deterioradas que antes, producto de la batería de medidas propuestas por el nuevo gerente. Puede el lector imaginar la decisión que tomará el directorio al evaluar la gestión del CEO.

El arte de la política y un sin número de otros elementos que entran en la valoración de la sociedad, hacen que en la administración pública, la evaluación de una gestión sea diferente a la que tiene lugar en el sector privado.

Marcha y contra marcha

“Hace cuatro años que Argentina no crece”. Fue uno de los latiguillos de campaña del Presidente Macri antes de ser electo en 2015. Por ese entonces, el dato era como mínimo discutible. En efecto, tras la ‘normalización’ del Indec en manos de Cambiemos, el organismo oficial reveló que el Producto Bruto Interno (PBI) creció un 2,1% en 2015, durante el último año de gestión K.

Sin embargo, aquel eslogan de campaña respecto al crecimiento, encuentra sustento si se observa el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que publica el organismo oficial de estadísticas. El primer infograma adjunto muestra que, a excepción de 2009 en que Argentina sintió el golpe de la crisis global, el PBI siguió una senda de crecimiento sostenido entre 2004 y 2011. Desde 2011, efectivamente la tendencia es de tipo ‘serrucho’, con años impares que muestran crecimiento y años pares en retroceso, y un nivel de actividad que luce ‘estancado’.

Llegado este punto, vale preguntarse cuáles fueron los resultados del cambio de conducción en materia económica. Si se quitan los matices y se considera únicamente la evolución del EMAE, aquella sentencia respecto al producto podría actualizarse para establecer que ya son siete los años en que “Argentina no crece”. Tres de esos años corresponden a la actual gestión.

El último dato del EMAE se conoció la semana pasada. Indica que en el mes de noviembre, la actividad retrocedió un 7,5% interanual. Es el peor dato desde que Macri es Presidente, y coloca a la economía en el nivel más bajo desde que inició el ‘estancamiento’ en 2011.

El mismo día que se conoció el dato, la directora ejecutiva del FMI, Christine Lagarde, felicitó al gobierno por la gestión económica. “Felicité al ministro Dujovne y al presidente Sandleris por los pasos de políticas decisivas que se han dado y el progreso hasta el momento, que han ayudado a estabilizar la economía”, manifestó la mandamás del Fondo desde el Foro de Davos, donde mantuvo un encuentro con los funcionarios argentinos. “La sólida implementación del plan de estabilización y la continuidad de las políticas han sido muy útiles para Argentina y seguirán siendo esenciales para mejorar la resistencia de la economía a los shocks externos, preservar la estabilidad macroeconómica y fomentar el crecimiento a mediano plazo”, agregó.

Cuesta encontrar el paralelo entre tal elogio y los datos que el propio Macri utilizaba como arma de campaña. La explicación solo puede ser política: nunca antes un país miembro del FMI había logrado un acuerdo stand by de la envergadura que tiene el que se firmó con Argentina en septiembre. En otras palabras, la suerte de Lagarde está atada al éxito del plan de estabilización que el FMI impuso a la Argentina.

Conocer el ‘para qué’

Un consultor económico que asesora algunas de las empresas más importantes del país, suele decir que “tomar deuda no es ni bueno ni malo en sí mismo. La cuestión es conocer ‘para qué’ se utiliza el crédito”.

En este sentido, es muy interesante analizar la dinámica del EMAE, junto con los datos referidos a la deuda externa. El segundo gráfico que acompaña la nota, muestra la evolución del stock total de la deuda pública entre 2004 y 2018, junto al ratio Deuda/PBI. Este último, es la mejor forma de entender ‘estado de solvencia’ del país. Una lectura rápida, arroja que en 2004, por cada u$s 10 que Argentina producía en un año, necesitaba u$s 12 para pagar deuda. Llegado el año 2011, por cada u$s 10 que se producían en el país, eran necesarios u$s 4 para pagar deuda. El ratio se mantuvo en ese nivel hasta 2015. Desde 2016 en adelante, la dinámica se revierte. Finalizado 2018, por cada u$s 10 que produce el país, se requieren u$s 10,2 para cancelar deuda.

Ahora, volviendo al inicio y trazando un paralelo entre la dinámica del crecimiento y de la deuda, resulta que durante el periodo 2011-2015 la economía se ‘amesetó’ (no creció), y al mismo tiempo se estabilizó el crecimiento de la deuda (no creció). En comparación, durante el periodo 2016-2018, la economía tampoco creció, pero el ratio Deuda/PBI creció 2,5 veces.

Aquí cobra relevancia la pregunta ¿para qué se usó la deuda?

Desde la ortodoxia, la justificación es conocida. Financiar el rojo fiscal con emisión monetaria, se traduce según la teoría en crecimiento del nivel general de precios. Por tal motivo, ante un déficit crónico de las cuentas públicas y la dificultad de reducir rápidamente la estructura del estado, la solución clásica es apelar al endeudamiento. “Volver al mundo”, en los términos de la construcción lingüística oficial.

El razonamiento puede ser lógico en teoría, pero se choca de frente con los datos que arroja el tablero macroeconómico a fines de 2018. Si se apeló al endeudamiento para evitar que el financiamiento vía emisión monetaria se traduzca en inflación, los resultados son paupérrimos: la inflación de 2018 fue la más alta de los últimos 27 años.

Si el endeudamiento no generó crecimiento, no permitió achicar el rojo fiscal, ni facilitó encauzar la inflación, la incógnita sigue siendo el propósito de la deuda por u$s 150.000 millones asumida en los últimos tres años.

Un dato publicado esta semana por el Banco Central (BCRA), puede servir para arrojar luz. El tercer gráfico de la presente nota, muestra la Formación de Activos Externos entre 2003 y 2018, algo que comúnmente se conoce como ‘fuga de capitales’. Se trata de aquellas divisas que salen de la órbita del sistema financiero nacional, lo cual puede suceder por tres grandes vías: atesoramiento (privados , sean particulares o empresas, que compran dólares y los retiran del sistema), remisión de utilidades de empresas extranjeras radicadas en el país que envían los fondos a la casa matriz, o pago de intereses de la deuda externa.

La información dada a conocer por el BCRA indica que la fuga de capitales en 2018 ascendió a u$s 27.230 millones. Al observar la serie completa, resulta que la fuga registrada el año pasado es la más alta de los últimos 15 años. En los años 2008 (crisis con el campo) y 2011 (previo al cepo cambiario), la fuga fue mayor a los u$s 20.000 millones, pero nunca llegó al nivel de 2018. Si se considera el acumulado 2016-2018, se fueron del país u$s 59.329 millones. Significa que 4 de cada 10 dólares que se pidieron prestados al exterior durante los últimos tres años, sirvieron para financiar la formación de activos en el exterior, es decir ‘se fugaron’. Por último, si el foco se pone solo en 2018, resulta que 1 de cada 2 dólares que Argentina pidió prestados, se utilizaron para financiar la fuga de capitales.

En pocas palabras, las generaciones futuras deberán pagar los dólares que unos pocos guardan hoy debajo del colchón.

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