Ganancias y pérdidas

La suba del desactualizado piso salarial del impuesto a las Ganancias apareció por decreto y antes de lo esperado. Mauricio Macri decidió no aguardar al inicio de las sesiones ordinarias del Congreso para poner en marcha esta medida que formó parte de sus promesas de campaña y debe interpretarse más como un alivio para los trabajadores en relación de dependencia alcanzados por el gravamen que como la reforma de fondo que se preveía hasta hace pocos días. De hecho, el propio presidente la calificó de un “primer paso” y al día siguiente se encargó de aclarar que hasta el 2017 no prevé cambios en las escalas del impuesto, que no se actualizan desde hace 17 años y ahora quedarán supeditadas a un prolongado como incierto debate legislativo. Sin ingresar en arduas consideraciones técnicas, podría afirmarse que la Casa Rosada acaba de elevar bastante la vara del impuesto para reducir efectivamente la presión tributaria sobre 1.300.000 asalariados que ya lo pagaban y dejar fuera de su alcance a unos 180.000 trabajadores (y 10.000 jubilados). Cuanto más alto es el piso salarial (mínimo no imponible y deducciones por cargas de familia) menor es el excedente de ingresos sobre el que se aplica Ganancias. Como la medida es retroactiva a enero (ya que el gravamen es de liquidación anual), con los sueldos de marzo se reintegrará además el monto de los anticipos retenidos en exceso durante enero y febrero. Esto significa una mejora casi inmediata de salarios de bolsillo. Y en los próximos meses se descontará menos impuesto que el que hubiera correspondido si no se subía el piso no imponible. Según los cálculos oficiales, esto significará ingresos extras del 22% (para salarios brutos de 32.000 pesos mensuales) al 8% (para más de 90.000 pesos). A partir de los nuevos sueldos que surjan de las paritarias ese alivio de presión tributaria se irá reduciendo cuantos más altos resulten los aumentos porcentuales de salarios. Vale recordar que si bien se anunció que el nuevo piso exento de Ganancias será de 30.000 pesos mensuales, corresponde al salario bruto de un trabajador casado con dos hijos. Descontando las cargas sociales, el neto será de 25.000 para los asalariados con familia tipo y de 18.880 para los solteros. Hasta ahora pagaban el impuesto quienes percibían más de 9.600 y 6.938, respectivamente. Esto obedece al “parche” aplicado en el 2015 por el exministro Axel Kicillof que, a partir de un piso de 15.000 pesos brutos, estableció 13 mínimos diferentes (incluyendo mayores deducciones para la región patagónica) hasta los 25.000 pesos. También se eliminó la inequidad que significaba eximir del impuesto a quienes percibían menos de 15.000 pesos en agosto del 2013, por más que después hubieran superado con creces ese ingreso. Esto provocaba que, a iguales sueldos, algunos trabajadores pagaran Ganancias y otros no. Para los asalariados no alcanzados por el gravamen (el sueldo promedio en la Argentina se ubica en 7.500 pesos mensuales), la decisión de elevar a 30.000 pesos mensuales el tope por debajo del cual pasarán a cobrar asignaciones familiares de 966 pesos por hijo en edad escolar, también significa una mejora del salario real. Sobre todo porque, a diferencia del mínimo no imponible, dichas asignaciones se actualizan automáticamente dos veces por año en función de la movilidad jubilatoria. El apuro del gobierno de Macri por lanzar estas medidas no puede desvincularse del rebrote inflacionario de los últimos tres meses que, a la vez, es la antesala de las negociaciones salariales en paritarias con los principales gremios del sector privado (camioneros, bancarios, petroleros, mineros, etcétera) cuyos trabajadores son los más afectados por Ganancias. Cualquier duda se despeja con la puesta en escena del anuncio del jueves en la Casa Rosada, donde dirigentes como Hugo Moyano, Gerónimo Venegas, José Luis Lingeri y Armando Cavalieri compartieron las primeras filas con una docena de gobernadores provinciales y legisladores oficialistas y opositores. Tanto la suba del piso de Ganancias como la ampliación del número de beneficiarios de asignaciones familiares forman parte de la estrategia de la Casa Rosada de recuperar por esta vía parte del deterioro del salario real de los últimos meses y atenuar los reclamos de aumentos en las próximas paritarias. De hecho, estas mejoras no afectan los costos laborales de los empleadores y significan una transferencia de ingresos del Estado a los asalariados cercana a los 65.000 millones de pesos anuales (casi 50.000 millones por Ganancias y 14.000 millones por asignaciones), según los cálculos oficiales. Si bien este sacrificio fiscal estaba incluido en las metas de reducción del déficit anunciadas por el ministro Alfonso Prat Gay hace poco más de un mes, llama la atención que entonces calculó su costo de 100.000 millones de pesos anuales para el 2016 incluyendo la actualización de las escalas de Ganancias. La diferencia de 35.000 millones como “ahorro” tal vez explique la marcha atrás del gobierno con las escalas y la intención de postergarlas para el año próximo que ya le valió críticas de la oposición, con Sergio Massa a la cabeza. Esta novedad presagia un intenso debate en el Congreso, por más que Macri haya anticipado, como compensación, que estudia elevar el mínimo no imponible de Bienes Personales, que no se actualiza desde el 2007 y se mantiene en 305.000 pesos, una cifra irrisoria para este impuesto de emergencia que nació para gravar la “riqueza” y cuyo piso equivale hoy a apenas 20.000 dólares. Aunque alcanza a unos 900.000 contribuyentes, se estima que su actualización –aun sin precisiones– tendría un menor costo fiscal que las escalas de Ganancias. A ello se suma la próxima eliminación del IVA a los alimentos de la canasta básica que compren con tarjeta los sectores más vulnerables (jubilados con haber mínimo y beneficiarios de planes sociales), cuyo costo fiscal se estima en 11.000 millones de pesos para este año. Y que, a raíz de la mayor inflación, la Casa Rosada viene postergando la quita de subsidios estatales a las tarifas de gas natural que, además de una “tarifa social” incluye la suba de los precios en boca de pozo para los productores. De ahí que los analistas económicos y los mercados hayan pasado a mirar con lupa cuánto podría reducirse el déficit fiscal de este año, mientras todavía siguen sin resolverse las paritarias del gremio docente, que a su vez son un caso testigo para los salarios del sector público en la mayoría de las provincias. Más difícil es saber si la marcha atrás con las escalas de Ganancias tomó por sorpresa a los dirigentes sindicales que fueron recibidos por Macri días atrás, aunque Moyano se apresuró a cuestionar que “se incumplen los compromisos de campaña”. Con la suba del piso salarial del impuesto el gobierno gana tiempo. Pero no desconoce que, si la inflación no se reduce, esa vara hoy más alta irá bajando con el tiempo y quienes se ubiquen por encima deberán pagar las alícuotas más altas (del 27 al 35%) sobre los ingresos que excedan del mínimo no imponible y las deducciones que acaban de establecerse. Según cálculos del Iaraf, un trabajador con familia tipo que perciba más de 42.000 pesos mensuales pagaría sobre el excedente la misma alícuota máxima del 35% que quien gana más de un millón. Entretanto, los más perjudicados por estas distorsiones son los trabajadores autónomos y los profesionales independientes. Aunque el nuevo mínimo prácticamente se duplicó a unos 13.000 pesos mensuales (para casados con familia tipo), equivale a menos de la mitad que para los asalariados. Esto los condena, como en los últimos años, a pagar las alícuotas más altas, con el agravante de que sólo podrán recibir el mínimo beneficio obtenido ahora en la liquidación anual del año próximo.

Néstor Scibona nestorscibona@gmail.com Especial para “Río Negro”

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