Ginecólogos del hospital se niegan a practicar abortos no punibles

Seis profesionales del área Ginecología firmaron una “objeción de conciencia”. El director dice que igual la práctica está garantizada. Dos médicos fueron imputados.

Redacción

Por Redacción

El director del hospital cipoleño, Carlos Lasry, confirmó que los seis médicos que conforman el área de Ginecología firmaron una “objeción de conciencia”, recurso que ampara al profesional para no iniciar una interrupción legal del embarazo (ILE).

Según detalló, cuatro de los profesionales lo hicieron en los últimos meses, coincidentemente luego de que se diera a conocer la situación que atravesó una mujer que no pudo acceder a un aborto no punible después de haber sido víctima de una violación.

Lasry prefirió no emitir opinión sobre los dos profesionales que están imputados por esta causa, pero manifestó que se tienen fundamentos para no realizar la práctica a esa altura de la edad gestionacional (23 semanas), al hacer referencia a la situación particular que hoy está en manos de la justicia cipoleña y de los parámetros que indica el protocolo de la ILE, del Ministerio de Salud de la Nación.

Por otro lado, Lasry aclaró que más allá de que los médicos especialistas que conforman el área de Ginecología del hospital hayan declarado ser objetores de conciencia, el sistema de salud garantiza la atención de la ILE. El procedimiento, agregó, se define a partir de cada caso en particular.

No sólo ginecólogos

A partir de esto, indicó que el planteo de la paciente se canaliza a través del servicio social del hospital y del área de Salud Mental. Además, aclaró que el sistema de salud de Cipolletti tiene los medios para realizar la práctica ya que no solo los ginecólogos están habilitados para esto.

“En cada caso le daremos la orientación e información. A partir de ahí se verá cómo se le soluciona el problema a la paciente, se le va a solucionar”, remarcó.

A principio de mes, el Ministerio Público Fiscal informó que dos médicos del hospital Pedro Moguillasky fueron imputados por los fiscales Rita Lucía y Santiago Márquez Gauna por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por entender que eludieron sus obligaciones respecto del cumplimiento de la ley que prevé la interrupción legal del embarazo. La defensa solicitó el sobreseimiento de los acusados, pero el planteo fue rechazado por la jueza de Garantías, Sonia Martín.

El caso en la justicia

El planteo judicial surgió a raíz de que una joven de 20 años quedó embarazada producto de una violación y a pesar de que pidió la interrupción de la gestación no logró que le realicen la práctica médica.

Ayer, el director del hospital cipoleño evitó referirse a la situación puntual de los dos médicos que están imputados aunque manifestó que “el mecanismo del hospital fue el adecuado y dentro de la lógica y de la situación en particular”.

“Se actuó como se tenía que actuar. Esto no quiere decir que está bien o mal lo que hayan hecho ellos. Eso lo dirimirá la justicia, pero nosotros seguimos todo el protocolo de la forma que tiene que ser. Es más, pedimos asesoramiento legal al Ministerio (de Salud) y tuvimos el apoyo”, manifestó Lasry.

“Está garantizada la atención de la ILE”

“En la red de prestaciones, dentro del sistema público de Río Negro, está garantizada la atención de la ILE. El cómo se define en cada caso en particular, si está dentro del protocolo se realizará la práctica como corresponde (…) el lugar donde se efectué es una cuestión del sistema. Puede ser en forma ambulatoria, se inicia en los centros de salud. Puede ser en internación o derivada a otra institución siempre dentro del sistema de Salud de Río Negro”, remarcó el director del hospital de Cipolletti, Carlos Lasry.

El director del hospital cipoleño manifestó que se tienen fundamentos para no realizar un aborto a esa altura de

la edad gestionacional, 23 semanas.

La interrupción legal del embarazo vista desde la salud integral

Datos

El director del hospital cipoleño manifestó que se tienen fundamentos para no realizar un aborto a esa altura de
la edad gestionacional, 23 semanas.
La trabajadora social María Verdugo y la médica generalista Mariana Lucero, integrantes del Comité de Salud Sexual y Reproductiva del hospital Pedro Moguillansky, explicaron que el punto está en que la gente sepa que puede consultar por la interrupción legal del embarazo. “Como se va conociendo, cada vez las recibimos a más temprana edad gestionacional”, remarcaron.
En nuestro país, existe el protocolo nacional que determina los parámetros de la interrupción legal del embarazo.
Esta práctica, explicó Verdugo, se logra a través de tres causales: que corra riesgo la salud de la mujer; que corra riesgo la vida o que el embarazo sea producto de una violación.
Explicó que, por protocolo, hasta la semana doce las interrupciones pueden ser resueltas de modo ambulatorio, previa consulta a un profesional de la salud. “El aborto en estos casos es con pastillas”.
En el segundo trimestre, es de resolución intrahospitalaria por tratarse un embarazo avanzado.

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