Gobernadores del PJ prometieron respetar el ajuste que pide el FMI

Las provincias gobernadas por el Partido Justicialista anunciaron ayer que existe «muy buena voluntad» con Nación para aplicar el drástico recorte de gastos que pide el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al cabo de una reunión que el presidente Duhalde mantuvo con los gobernadores peronistas, el mandatario de Córdoba, José Manuel de la Sota, copó el escenario y aseguró que las provincias van a «respaldar a la Nación en esta difícil situación».

Pareció así sepultar por un tiempo su discurso crítico, ya que 24 horas antes había amenazado con no firmar el pacto acordado en febrero con Nación y alertó por estallidos en el interior si se aplicaban las exigencias del FMI.

En breves declaraciones a los periodistas, de la Sota adelantó que las autoridades económicas nacionales y las de los 14 distritos gobernados por el PJ, continuarán analizando la magnitud del ajuste para que la misión del FMI «pueda llevarse un buen programa» y termine aprobando un paquete de ayuda financiera.

«El porcentaje de gastos no es significativo con respecto a otros países, sino que el problema es la caída de los ingresos», aclaró.

Además de reclamar profundas reformas económicas y legales, una de las principales demandas que ha planteado la delegación del Fondo Monetario que está en el país desde hace diez días es el cumplimiento del pacto firmado en febrero pasado, por el cual las provincias se comprometieron a reducir en un 60% el déficit fiscal conjunto.

Pero muchos gobernadores provinciales han expresado sus temores de que nuevos ajustes deriven en convulsiones sociales y además advirtieron que la mayor parte del recorte le corresponde a Nación.

Antes de ingresar a la residencia oficial de Olivos, donde se llevó a cabo la reunión con el presidente Duhalde, el gobernador de La Pampa, Rubén Marín, aseguró que «toda la responsabilidad del déficit no es de las provincias» y sostuvo que «la Nación es la que tendría que hacer» el recorte de gastos que requiere el FMI.

Su colega de Salta, Juan Carlos Romero, precisó que el «déficit de las provincias ha sido magnificado, porque en realidad es un tercio del total del país y, de ese tercio, casi el 70% corresponde a tres distritos» que son los más grandes y poblados.

«Aquí la nación solamente tomó un camino para alcanzar el superávit primario, que es apostar por subir los ingresos, pero en cuanto a la eliminación de gastos ha hecho poco y nada», remarcó en una reunión con corresponsales extranjeros.

A juicio de Felipe Solá, gobernador de Buenos Aires, la provincia de mayor población y riqueza , las autoridades argentinas deben actuar con «más personalidad» para negociar la ayuda del FMI.

Solá consideró que los problemas del país «no se arreglan en dos o tres meses porque viene un ordenador humanizado y dice cómo se hace todo».

En directa alusión a la misión del FMI, que está encabezada por el economista Anoop Singh, señaló que los gobernantes argentinos no necesitan a un «censor» que desde fuera les dicte las políticas que hay que seguir.

El pacto fiscal, que ayer fue convertido en ley por Diputados (ver abajo) establece que las provincias deberán realizar este año un ajuste de 3.000 millones de pesos. Asimismo, elimina la obligación del gobierno federal de repartir entre las provincias por lo menos 1.187 millones de pesos mensuales en concepto de coparticipación de impuestos.

Otra de las exigencias planteadas por el Fondo Monetario es que en las provincias deje de circular una gran cantidad de bonos emitidos ante la falta de dinero.

«Si no quiere que emitamos bonos, eso será posible en la medida en que nos apoye para rescatarlos», advirtió el gobernador bonaerense Solá.

Según el salteño Romero, «este es un sistema no deseado por las provincias, pero en muchos casos fue el último recurso y ahora hay que convivir con los bonos hasta que puedan ser rescatados, algo que ya ha ocurrido en el pasado en este país».

Además, cuestionó la excesiva preocupación del gobierno por «acordar con el FMI» mientras descuida problemas centrales como la inflación, la caída de ingresos y la crítica situación social de la población. (EFE y DYN)

Los costos para gestionar la ayuda

Washington.- El Gobierno argentino pagaría más de medio millón de dólares durante un año a tres firmas de relaciones públicas para que colaboren en la elaboración de un plan económico para lograr ayuda financiera, informó ayer «The Washington Post».

Argentina, que a fines del año pasado suspendió los pagos de su deuda externa, trabaja desde hace dos años para en un plan de ajuste que agrade al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a su principal accionista, Estados Unidos, para obtener ayuda financiera.

Según el diario, el trío de gestores que ha contratado el gobierno argentino se concentrará más en ayudar en la elaboración del plan económico que en el cabildeo ante las instituciones.

Uno de los contratos fue a parar a la firma Baker, Donelson, Bearman and Caldwell, fundada por James Baker, abuelo del secretario de Estado cuando Argentina ocupó militarmente las Malvinas en 1982 y luego secretario del Tesoro con George Bush padre.

Argentina pagará a la firma 22.000 dólares por el primer mes de los servicios y 15.000 dólares más en los meses siguientes, hasta completar un año, según los documentos presentados al Departamento de Justicia, cumpliendo con la Ley de Registros de Agentes Extranjeros.

Lawrence Eagleburger, un ex colaborador del ex secretario de Estado Henry Kissinger, será el gestor de esa firma que se encargue de asesorar a Argentina. (EFE)

San Juan desafía y aprueba bono

SAN JUAN.- El gobierno de Alfredo Avelín logró ayer que la Cámara de Diputados autorizara la creación del bono «Huarpe» por 50 millones de pesos, luego de introducirle importantes cambios al proyecto oficial, y a pesar de las advertencias del FMI a la creación de nuevas obligaciones provinciales.

Los legisladores dispusieron que se emitirán 50 millones de pesos en bonos y no 100 como pretendía el Ejecutivo; además de establecer que los títulos sólo servirán para cancelar hasta en un 50% de las deudas salariales y a proveedores hasta el 31 de marzo de este año.

De esta forma, el partido justicialista y la UCR lograron hacer imponer el criterio de que el bono Huarpe no podrá ser utilizado para pagar deudas salariales de aquí en adelante, teniendo en cuenta que el título provincial nace con el total rechazo de las cámaras empresariales de la provincia, además de la mesa intersindical de gremios estatales.

El diputado de Cruzada Renovadora, Talal Quintar, que responde al gobernador Alfredo Avelín, dijo que el bono servirá para aligerar parte de la deuda flotante que tiene la provincia y que se estima supera los 150 millones de pesos.

La votación a favor del Huarpe contó con el apoyo del partido bloquista, del Modein y de la Cruzada Renovadora, lo que dejó al descubierto que la UCR se separó de la alianza gobernante en la provincia ya que a la hora de contar los votos el oficialismo se impuso por 21 a 20 sufragios.