Golpismo judicial

Parecería que, desde el punto de vista de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el que en octubre del 2011 obtuviera el 54% de los votos, le da el derecho a hacer todo cuanto se le antoje hasta que su mandato termine el 10 de diciembre próximo. De acuerdo con el esquema así supuesto, oponérsele es antidemocrático; el pueblo ya se pronunció de manera definitiva y por lo tanto les corresponde a todos someterse a su dictado inapelable. Puede que la presidenta entienda que el sistema democrático es bastante más complicado de lo que le gustaría creer y que, de todos modos, mucho ha cambiado en los más de tres años que nos separan de su reelección triunfal, pero sus eventuales dudas en tal sentido no han incidido en su propia conducta ni en aquella de colaboradores militantes como el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, y la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Todos se aferran a la noción de que, por ser Cristina la dueña de la voluntad mayoritaria, quienes la critican son enemigos del pueblo. Sobre la base de su propia versión del centralismo democrático leninista y estalinista, los kirchneristas se propusieron “democratizar” el Poder Judicial reemplazando por militantes a los jueces y fiscales comprometidos con ideas liberales más pluralistas que las suyas. Fracasaron. La mayoría de los miembros de la “familia judicial” sabe muy bien que la Argentina no se quedó congelada en octubre del 2011, que, como todos los países del mundo, ha continuado evolucionando. La Argentina real se ha distanciado del país de la instantánea que se tomó más de tres años atrás y, como es lógico, muchos judiciales la han acompañado, negándose a permanecer en la de tiempos irremediablemente pasados. Para Cristina y sus incondicionales, el resultado de las elecciones presidenciales más recientes los libró de la necesidad de subordinarse a la ley y a la Constitución. A su juicio, cualquier otra interpretación es subversiva, de ahí las protestas contra lo que el oficialismo califica de “golpismo judicial”, o sea, la idea en su opinión anticuada, burguesa y liberal, de que todos, entre ellos la presidenta, se vean obligados a acatar las normas legales. Dadas las circunstancias en las que se encuentran los kirchneristas, no tienen más alternativa que la de insistir en la primacía absoluta de lo político, lo que para ellos quiere decir su propia lectura de las preferencias electorales de la mayoría en una fecha determinada, por encima de todo lo demás. En la “década ganada” y los ya casi dos años que la siguieron, funcionarios de los gobiernos de los Kirchner se las han arreglado para acumular centenares de causas por corrupción. De reinstalarse el Estado de derecho, tarde o temprano muchos, comenzando con Cristina, que se han visto acusados de enriquecerse ilícitamente o de complicidad con delitos que beneficiaron a familiares o amigos tendrán que rendir cuentas ante la Justicia. En un esfuerzo desesperado por defenderse contra esta contingencia tan ignominiosa, el oficialismo está tratando de convencer a la ciudadanía de que todas las denuncias son en el fondo políticas, productos del “odio” de quienes fueron repudiados por el pueblo allá en el 2011, pero las maniobras en tal sentido están resultando contraproducentes. Ya antes de producirse el ominoso caso de la muerte sospechosa del fiscal Alberto Nisman se había difundido el temor a que al país le aguardara una nueva etapa de violencia política, y la reacción furibunda de Cristina y sus adláteres frente a lo ocurrido sólo ha servido para envenenar aún más el clima político. Con todo, de no ser por la crisis económica, los argumentos esgrimidos por los voceros oficiales y sus aliados acerca del “golpe blando” protagonizado por jueces y fiscales que según ellos está en marcha podrían funcionar, puesto que ningún gobierno futuro quisiera verse acusado de poner en peligro el bienestar popular por motivos éticos o jurídicos, pero parecería que la mayoría ha entendido que, entre las causas del desastre económico que el país ya está experimentando y que parece destinado a agravarse mucho en los meses venideros, la corrupción ocupa un lugar destacado, razón por la que a los kirchneristas no les será nada fácil frenar las investigaciones que más les preocupan.

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