Hacia una futura ley de humedales


Ocupan cerca del 21% de la superficie del país, sobre todo en el noreste. Sin embargo, ese espacio se encuentra en franca retracción.


El pasado 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales. Se trató de una nueva ocasión para recordar la importancia que ellos detentan para la supervivencia humana en nuestro planeta, en tanto proveedores privilegiados de agua dulce.

Los humedales retienen y almacenan agua apta para el consumo humano y la producción. Pero, además, actúan como esponjas, amortiguando el efecto de las tormentas y las inundaciones, almacenando más carbono que ningún otro ecosistema.

En Argentina ocupan cerca del 21% de la superficie nacional y se encuentran ubicados, sobre todo, en el noreste del país. Sin embargo, ese espacio se encuentra en franca retracción.

Tal cosa es producto de la presión ejercida por diversas actividades.

Entre aquellas, su utilización como tierras de descarte, el avance de la frontera agropecuaria y el desarrollo de las industrias extractivas.

En el ámbito internacional rige la Convención de Ramsar, de la cual la Argentina es parte. Conforme su naturaleza jurídica, consiste en un acuerdo internacional que promueve la conservación y el uso racional de los humedales, en un contexto global en el cual se estima una merma del 35% de su superficie desde 1970 hasta el presente.

Actualmente, y desde hace algunos años atrás, en nuestro país viene creciendo la conciencia acerca de la importancia de contar con un marco legal que los proteja, determine su territorio y genere un inventario nacional de humedales. Sobre todo, debido a que durante el 2020 la Argentina perdió miles de hectáreas de estos ecosistemas por causa del fuego.

La cuestión ha suscitado el interés de las y los especialistas en humedales del sector científico y académico, así como de diversas organizaciones de la sociedad civil. Y también, claro está, de diputadas y diputados comprometidos con el tratamiento legislativo de dicho marco legal.

Prueba de la magnitud del problema es que más de 500.000 personas ya adhirieron a una petición online en reclamo de una “ley de humedales ya”.

Hasta la fecha existen 11 proyectos de ley presentados, los cuales comparten algunos objetivos puntuales: lograr una definición precisa de los humedales, crear un Inventario Nacional y un Fondo Nacional de Humedales, así como establecer un régimen de sanciones y generar acciones de conservación.

Tal como recientemente informó Ana Di Pangrasio, directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, en noviembre pasado se aprobó en comisión un texto unificado de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para el uso racional y sostenible de los humedales.

Ese dictamen debe ser ahora aprobado por otras tres comisiones en Diputados, para así ser votado en el recinto y pasar, luego, a consideración del Senado.

Existe consenso en torno a que la ausencia de una ley de humedales permite el avance de los capitales especulativos vinculados con los sectores más concentrados. Sobre todo, los provenientes de la agroindustria, la minería y el mercado inmobiliario, más orientados a la obtención de renta que al respeto por el ambiente o los derechos humanos.

Lo antedicho abona la tesis que afirma que el medio ambiente siempre cuestiona al sistema económico y productivo, pues es su propio funcionamiento el que desata los problemas ambientales.

Máxime, cuando sus políticas apuntan a consolidar un modelo de acumulación de riqueza que no es compatible con el mantenimiento del soporte físico y vital de los recursos naturales.

* Doctor en Derecho (UBA) - Profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)


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