«Hay complicidades de los políticos, la Policía y la Justicia»

César Ricardo Melazo es actualmente juez de garantía de la provincia de Buenos Aires. Desde 1995 a 1998 estuvo a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional 16 de La Plata y durante sus funciones inició la famosa «causa 1.707», que procesó a más de 250 personas por juego clandestino.

Luego de 200 procedimientos a lo largo y ancho de esa provincia, descubrió que decenas de policías formaban parte de una poderosa red junto a importantes capitalistas. No faltaban los políticos involucrados ni integrantes del Poder Judicial que conocían las maniobras y no hacían nada. Durante la investigación, la recaudación de la quiniela oficial aumentó más del 40%; es decir, un millón de pesos diarios que habitualmente se manejaban en la clandestinidad.

«El juego clandestino no puede funcionar sin complicidades. No es un delito que se comete en la oscuridad. En provincia de Buenos Aires, la quiniela clandestina recauda entre un millón y un millón y medio de dólares por día y esa gente mira para otro lado. Esto no se hace gratis», opinó desde su despacho al ser entrevistado por «Río Negro».

«La Policía es la encargada de prevenir y reprimir este tipo de actividad y lo que se ve es que no se hace con la suficiente eficacia como para que lo clandestino deje de serlo. Y que ocurra ésto es una decisión eminentemente política», agregó.

Melazo no cree que la solución pase por desregular o privatizar el juego. «Si el poder político es el encargado de hacer los números y le conviene vender el juego a mano de privados, tal vez vayan a ser éstos los que van a pelear con los clandestinos y con todos los canales que se vinculan entre sí: prostitución VIP, drogas, casinos y carreras de caballos», señaló.

«La ley está para cumplirla y el ejemplo que tiene que dar el Estado reside en hacer cumplirla. Mientras haya funcionarios que engrosan sus billeteras a costa de violar las condiciones de funcionario público, no se puede castigar al excluido social porque intenta robarse una bicicleta. No hay que meter preso a aquel que levanta números en un barrio periférico, sino al gran capitalista, el comisario y los funcionarios que brindan la anuencia para que funcionen las conexiones. Son parte de una organización delictiva que la gente no tiene porque estar soportando».

Para el juez, la solución pasa por accionar y detener a los responsables ya que existen las herramientas para hacerlo.

«El porcentaje de juego clandestino no puede superar al oficial como esta ocurriendo hoy en la ciudad y provincia de Buenos Aires. Es bueno que se actualicen los montos de las multas, pero no nos olvidemos que estamos hablando de delitos que están tipificados en el Código Penal y deben considerarse como tal», sostuvo.

No constituye un delito, sí una contravención

VIEDMA (AV).- A través de un proyecto de ley impulsado por el oficialismo en la Legislatura rionegrina, se pretende reducir la actividad clandestina con un régimen sancionatorio que contempla multas de hasta 50 mil pesos y arresto de un año.

El texto admite que «la explotación de juegos de azar de forma ilegal no constituye un delito y que sólo está tipificado como contravención». Al mismo tiempo reconoce que «el juego clandestino ocasiona un serio perjuicio hacia el Estado por el desvío de recursos que deberían ingresar al erario público para el cumplimiento de objetivos sociales como salud y educación» y aclara que «la evasión impositiva sí constituye un delito».

Entre los fundamentos, la iniciativa -que pertenece a la radical Amanda Isidori y acompañan Alfredo Lasalle, Delia Dieterle, Maria Inés García y César Barbeito- plantea «la creación de conciencia social por el porcentaje significativo» que utilizan el juego clandestino y advierte en relación a que «no ofrece garantía de pago». Por eso se propone «establecer un sistema de penalizaciones firmes y el reordenamiento del actual esquema jurídico». De esta manera, se trata de aportar un resorte legal útil en cuanto a la legislación provincial.

Unas multas insignificantes

Para los autores del proyecto, «las multas vigentes quedaron desestimadas por la depreciación económica y no ofrecen sanciones apropiadas para la naturaleza y la magnitud de la actividad planteada».

La iniciativa contempla quinielas, rifas, bingos, tómbolas, bonos contribución, los billetes de sorteos con premios, apuestas sobre carreras, riñas de gallos, juegos de destreza, ruleta, naipes, dados o todas aquellos que no tengan autorización y todo juego que contenga carácter fortuito en el que concurra un fin de lucro».

La multa para el que lo explotare será de entre 10.000 y 50.000 pesos, aunque si se tratase de una sociedad no podrá ser inferior a 25.000 pesos. En caso de los reincidentes con condena por juego ilegal, a la infracción se le agregará hasta un año de arresto.

Mientras tanto, las personas que cooperen tendrán multas de 5.000 a 25.000 pesos. Los jugadores serán penalizados con 10.000 pesos y tendrá arrestos de tres meses si fuesen reincidentes. Aquellos que facilitaran el acceso a un menor serán sancionados con multas que irán de 5.000 a 25.000 pesos.

Además se clausurarán por un término no mayor de 3 meses aquellos locales usados para juegos ilegales, con decomiso de instrumentos, útiles y muebles, los cuales, serán vendidos y su recaudación se destinará a Salud y Educación.

El Ministerio de Gobierno será autoridad de aplicación y se creará -bajo su área- un registro de sentencias por juegos ilegales, que seguirá el cumplimento de las penas por parte de los condenados.

«No es algo preocupante», dice el gobierno rionegrino

«Si bien en el gobierno rionegrino reconocemos que hay algo de juego clandestino, no es preocupante como en la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Córdoba y Tucumán».

La opinión es de Miguel Irigoyen, titular de Lotería de Río Negro. Para el funcionario, en la provincia el juego ilegal no supera el 10% de las recaudaciones. Los datos que maneja difieren con los informes de la Asociación Rionegrina de Agentes de Lotería y Quiniela -a los que accedió este diario- que elevan la cifra a un 40% del total de apuestas. Lotería de Río Negro recauda por día una cifra superior a los 150.000 pesos.

«El mayor problema de clandestinidad lo tenemos desde Regina a Cipolletti. Tenemos denuncias de que nuevos capitalistas que quieren instalarse en Cipolletti», señaló Irigoyen días atrás. La referencia estaría relacionada con las versiones que indicaban que César Angelo operaba en la región a través de intermediarios. (Ver recuadro)

Para el responsable de Lotería la solución pasa por una nueva legislación donde se considere al juego clandestino un delito y no una contravención.

«Hoy, con 72 centavos de pago de una multa se soluciona todo. Hay que legislar nuevamente porque sino uno agarra al capitalista luego de recibir denuncias y pruebas, hacés una gran historia, para que después vaya el tipo, pague 72 centavos y se vaya por la otra puerta. No tiene sentido: debe haber una nueva ley», agregó.

Ante la alternativa de la desregulación, Irigoyen se mostró desconfiado. «El juego es potestad absoluta del Estado, quien le da garantía y seguridad al apostador de que no va a ser estafado ni defraudado en ningún momento», apuntó.