Ilusiones opuestas
Para que la pesificación resulte aceptable, desde el gobierno tendrán que aprender a hablar como personas honestas, no como políticos con intención de engañar.
Según insinúan distintos voceros oficiales, entre ellos el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, y el del Interior, Rodolfo Gabrielli, era una «falacia» creer que un peso valía un dólar a fines de noviembre pasado, de suerte que nadie tendrá derecho a quejarse cuando se le diga que en términos «reales» sus ahorros llegan a menos de la mitad de lo que había imaginado. Sofismas de este tipo, propios de timadores vulgares, no ayudan en absoluto a restaurar la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes. Para que la «pesificación» resulte aceptable, quienes hablan en nombre del gobierno tendrán que aprender a hablar como personas honestas que, frente a una situación límite, sinceramente creen haber optado por la solución menos mala disponible, no como políticos cuya única intención es engañar. Sin embargo, parecería que el presidente Eduardo Duhalde y Remes Lenicov no han entendido que no les será suficiente procurar actuar como si en la raíz del desbarajuste en el que nos encontramos estuvieran las «ilusiones de la gente» que, cuando entregaba billetes estadounidenses en la ventanilla de un banco, era demasiado lerda como para comprender que eran truchos. Si de ilusiones se trata, la peor habrá consistido en suponer que «los dirigentes» harían un esfuerzo genuino por respetar los límites fijados por un régimen monetario rígido, resistiéndose a reemplazar el impuesto inflacionario por lo que podrían conseguir de los mercados financieros.
Si quiere sobrevivir hasta fines del 2003, al gobierno duhaldista le será forzoso hacer mucho más que desenredar el embrollo financiero que ha dejado a medio país sin efectivo y con sus recursos brutalmente reducidos. Además de tomar todas las medidas necesarias, por antipáticas que resulten, para eliminar la brecha que separa el peso oficial del libre, también tendrá que atacar las causas principales de la crisis que, conforme a todos salvo los políticos mismos, consisten en los errores y crímenes perpetrados a través de los años por una clase política inoperante, sobredimensionada y de mentalidad parasitaria que ha estado más interesada en conservar sus conquistas que en ponerse a la altura de sus responsabilidades. ¿Ha iniciado el gobierno una ofensiva en este frente fundamental? A pesar de que Duhalde y sus colaboradores han aludido a la importancia de reducir los costos de la política, dicha preocupación no les ha impedido continuar repartiendo cargos a cambio de apoyo, tal y como solían hacer cuando regenteaban la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora, no se han dado muchas señales de que el gobierno se ha propuesto impulsar cambios significantes en este ámbito, ni llevar a cabo una reforma auténtica del Estado. Acaso esperan los políticos que una vez terminado lo peor de la tormenta económica podrán continuar como antes: de ser así, las protestas callejeras no tardarán en intensificarse.
La ciudadanía se ha dejado estafar en tantas ocasiones que quizás sea natural que muchos políticos se sientan convencidos de que después de dos o tres meses de zozobra las aguas volverán a su cauce «normal», permitiéndoles seguir con sus actividades habituales. Sin embargo, no es muy probable que suceda así. En esta ocasión, la mayoría parece dispuesta a exigir que la contribución de los políticos a la solución de la crisis sea por lo menos tan grande como la que los demás se han visto obligados a aportar, lo cual significa que en los próximos meses habrá de producirse evidencia concreta de que estén siendo desmantelados de una vez y para todas los aparatos clientelares inmensos y costosísimos que han sido construidos por los caciques, que los corruptos más notorios comiencen a ser procesados en serio, que los ingresos absurdamente elevados de tantos hombres públicos se hayan reducido a niveles compatibles con la condición depauperada del país y que, por fin, los funcionarios y legisladores rescatables hayan dejado de entretenerse informándonos de su compromiso «con la gente» para tomar medidas concretas encaminadas a atenuar los muchos problemas existentes. Si nada de eso ocurre muy pronto, la reacción ciudadana se hará cada vez más vigorosa, agravando de esta manera una crisis política y económica que dista de haberse agotado.
Según insinúan distintos voceros oficiales, entre ellos el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, y el del Interior, Rodolfo Gabrielli, era una "falacia" creer que un peso valía un dólar a fines de noviembre pasado, de suerte que nadie tendrá derecho a quejarse cuando se le diga que en términos "reales" sus ahorros llegan a menos de la mitad de lo que había imaginado. Sofismas de este tipo, propios de timadores vulgares, no ayudan en absoluto a restaurar la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes. Para que la "pesificación" resulte aceptable, quienes hablan en nombre del gobierno tendrán que aprender a hablar como personas honestas que, frente a una situación límite, sinceramente creen haber optado por la solución menos mala disponible, no como políticos cuya única intención es engañar. Sin embargo, parecería que el presidente Eduardo Duhalde y Remes Lenicov no han entendido que no les será suficiente procurar actuar como si en la raíz del desbarajuste en el que nos encontramos estuvieran las "ilusiones de la gente" que, cuando entregaba billetes estadounidenses en la ventanilla de un banco, era demasiado lerda como para comprender que eran truchos. Si de ilusiones se trata, la peor habrá consistido en suponer que "los dirigentes" harían un esfuerzo genuino por respetar los límites fijados por un régimen monetario rígido, resistiéndose a reemplazar el impuesto inflacionario por lo que podrían conseguir de los mercados financieros.
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