Impulsan cambios para la selección de magistrados y funcionarios

La revisión del mecanismo de selección de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial ya está en debate parlamentario. La legisladora del FpV, Ana Piccinini elevó un proyecto de reforma para concentrar la evaluación en el Consejo de la Magistratura, eliminando otros jurados examinadores. El actual esquema de la Ley 2.434 es cuestionado por lo engorroso y lento, algo que se acentúa frente a las múltiples vacantes existentes en la Justicia. La parlamentaria busca modificar ese proceso, simplificando el procedimiento de selección. El proyecto establece que el Consejo de la Magistratura será el único “encargado de evaluar y merituar los antecedentes” y cumplir con los exámenes de los aspirantes, previéndose que se cumplan en Audiencia pública y en forma oral. En referencia al presente sistema, la legisladora consideró que “el examen de antecedentes y oposición” fue para “dotar al mismo de una mayor transparencia”. La experiencia -agregó- “ha demostrado que no resulta infalible a la hora de terminar con las selecciones anunciadas” sino que además, se constituyó en “un proceso lento, producto de las distintas etapas que hay que sortear”. Explica entonces su pretensión de concentrar esa facultad en el Consejo de la Magistratura. La legisladora consideró que se “agilizará el proceso de selección” y, además “contribuirá a dotar de mayor transparencia”. Interpreta que aportará a “lograr un nivel de excelencia y compromiso de todos los actores”, “el propio Consejo de la Magistratura”. La modificación también incorpora el pago a los consejeros representantes de los Colegios de Abogados. Propuso que “el desenvolvimiento de esos letrados tengan una retribución” porque está convencida que esa tarea se relaciona con la “excelencia en la respuesta institucional” del Consejo. “Esa gratuidad para el desempeño de los abogados se naturalizó” mientras los demás integrantes – los jueces y legisladores– “tienen esta actividad dentro de sus tareas, debidamente remuneradas”. En sus fundamentos, Piccinini recuerda que “un sector del Poder Judicial fue beneficiario” con una jubilación del 82% movil, que consideró “arbitraria, desigual e inconstitucional decisión, adoptada y consensuada entre las autoridades provinciales y nacionales”. El otorgamiento de tal privilegio, provocó al poco tiempo, un colapso en el servicio de justicia por los magistrados y funcionarios que se favorecieron por esa “prebenda”. Luego, resaltó que “los primeros en solicitar ese beneficio” fueron los miembros del STJ, Luis Lutz e Ítalo Balladini, “al punto que cobró uno de ellos e intentó cobrar el otro, sumas obscenas por licencias no tomadas, que hoy los tiene involucrados en una causa penal en su contra”. (AV)