Impunidad y reformas ausentes

La escena es surrealista, pero ilustra hasta qué punto el sistema judicial parece diseñado para apañar la corrupción estatal. El 8 de abril pasado, 17 años después de ser denunciada, la exfuncionaria menemista María Julia Alsogaray presentó su descargo y luego escuchó a la Fiscalía pedir que la condenaran a tres años y medio de cárcel por supuesta corrupción en su gestión al frente de la Secretaría de Recursos Naturales en los 90. El tema es que todo sucedía en el confortable living de su casa, ya que María Julia al parecer sufría de broncoespasmos. Tres días después, esta vez en tribunales, su defensa solicitaba por enésima vez la prescripción de la causa, que le fue denegada. Ayer, sus abogados presentaron dos pedidos de nulidad y lograron demorar otra vez la sentencia. Alsogaray es juzgada por “negociaciones incompatibles con la función pública”, delito penado con uno a seis años de prisión, por supuestas irregularidades en la contratación directa, en diciembre de 1996, de una empresa de comunicación para promocionar el Plan de Manejo del Fuego. La exfuncionaria ya fue condenada en el 2005 a tres años de prisión por enriquecimiento ilícito, por 622.000 pesos y 550.000 dólares que debió devolver. Éste fue uno de los tres casos, sobre 21 causas, que arribaron a una condena, según un estudio realizado el año pasado por dos organizaciones, la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), que concluyó que cada causa por corrupción demora, en promedio, unos 11 años, favoreciendo la absolución de los funcionarios por la simple prescripción de los delitos. Es decir, la demora en la investigación de los hechos y las bajas penas previstas hacen que en general salgan impunes. Las razones de estas demoras, según el estudio, son varias. Primero, el tiempo entre que se comete el presunto delito e interviene la Justicia es habitualmente de 40 meses, lo que permite a los implicados un amplio margen para borrar y ocultar evidencias. Una vez que interviene la Justicia, la principal demora proviene de deficiencias propias del sistema, como los pocos recursos para realizar pericias contables y financieras. Pero, sobre todo, el informe alerta sobre la actitud muchas veces pasiva de la Justicia, que paraliza la investigación ante cada planteo de los abogados defensores (nulidades, prescripciones, etcétera) que “consiguen dilatar los trámites a partir de reiterados planteos, lo que les permite finalmente pedir la prescripción de los procesos”. El informe destaca, por ejemplo, que en los 21 expedientes investigados los tribunales aceptaron apenas el 4% de los reclamos de las defensas pero, al mismo tiempo, en un 38% de los casos cada vez que se apeló una decisión del juez ante la Cámara se congeló toda la investigación. Las dos organizaciones, junto a otras ONG y entidades como el Cippec, el cuerpo de Contadores Forenses y el Observatorio para la Justicia Argentina, presentaron una serie de propuestas para revertir la situación, con escaso eco oficial; entre ellas: • una ley de recuperación de activos de origen ilícito que permita recobrar los recursos desviados • una ley sobre responsabilidad penal de personas jurídicas para evitar a quienes usan esta figura para ocultar maniobras de corrupción • una ley de acceso a la información pública que permita el seguimiento ciudadano de las causas por corrupción –hay varios proyectos, pero ninguno ha prosperado– • mayor transparencia en el cuerpo de peritos contadores, con más personal especializado en delitos económicos e ingreso por concurso público • una ley de protección de testigos y denunciantes para que quienes colaboren minimicen riesgos • fortalecimiento y mayor independencia de organismos de control, que habitualmente no cuentan con recursos técnicos ni humanos • reformas al sistema de prevención y lavado de dinero, ya que a diez años de la sanción de la ley 25246 “no se ha logrado ninguna condena en el país por este delito” ni se ha avanzado en investigaciones en esta área • reformas al Código Procesal Penal federal, para “suplantar un vetusto modelo de persecución penal por un modelo acusatorio, ágil y a la vez respetuoso de derechos y garantías” de las personas investigadas Hasta ahora ninguno de estos puntos u otras iniciativas similares han recibido respuestas (no figuraron en la flamante reforma judicial) , mientras las denuncias por corrupción se siguen sumando en tribunales, comenzando un largo periplo que en la mayoría de los casos no llegará a ningún lado.

Leonardo Herreros lherreros@rionegro.com.ar

María Julia , entre las pocas condenadas,por corrupción espera otra sentencia en breve.