Imputaron a dos mujeres por el ataque a la Oficina de Turismo de El Bolsón

Además, se dictó una prohibición de acercamiento al edificio municipal que tiene custodia policial permanente, al secretario de Turismo de esa localidad y a cuatro empleadas municipales.

El juez Víctor Gangarrosa dio por formulados los cargos contra dos mujeres acusadas como coautoras del ataque en la Oficina de Turismo de El Bolsón el 30 de diciembre. Dispuso un plazo de investigación por cuatro meses por el delito de turbación, posesión y daño calificado.

El magistrado ordenó también una prohibición de acercamiento de Nora Corvalán, oriunda de Lago Puelo, y Karina Ponce, de El Hoyo, al edificio municipal, ubicado en pleno centro del Bolsón, al secretario de Turismo, Bruno Hellriegel, y a cuatro empleadas municipales que, a partir de esos hechos de violencia, reciben atención de la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi).

«Si no se levanta la órden de desalojo de la lof Quemquemtreu, no habrá turistas«, gritaron los atancantes al ingresar a la Oficina de Turismo de El Bolsón. El episodio se produjo entre las 13 y las 15 del 30 de diciembre.

Según la acusación del fiscal Marcos Sosa Lukman, entre unos 25 y 40 manifestantes ingresaron con los rostros tapados y banderas mapuches. Detalló que obligaron a los empleados a permanecer en el lugar por algunos minutos, pintaron con aerosol las cámaras de seguridad, efectuaron varios daños, cortaron cables y robaron «elementos informáticos», una cámara fotográfica y un equipo de radio que se empleaba para comunicarse con los refugios de montaña.

Pintaron inscripciones con aerosol, como «Elías presente», «El turismo mata» y «Roco asesino«.

«El jefe de la Comisaría 12 dijo que el personal de la Oficina no podía salir. Que intentó dialogar pero le respondieron que no se iban a retirar hasta que la justicia desistiera del desalojo», detalló Sosa Lukman.

Mencionó que Corvalán fue identificada por actuar a cara descubierta; mientras que Ponce tenía el rostro tapado pero «cuando se retiraron, con las cámaras del exterior se pudo acreditar la identidad de las mismas. Además, se retiraron en sus propios vehículos».

La defensora oficial Blanca Alderete se opuso a la formulación de cargos. «De toda la evidencia, surge que hubo una manifestación en ese lugar pero no podemos vincular la autoría de Ponce y Corvalán al delito de daños que les está endilgando. No surge de los videos y no se ve que ellas ocasionen esos daños que les achaca la Fiscalía», planteó.

Insistió en que ninguna de las personas entrevistadas como los empleados municipales y policiales, «puede decir si la señora Ponce o Corvalan provocaron los daños. Todos coincidieron en la manifestación pero no pueden identificar a nadie como responsable de esos daños porque estaban con el rostro cubierto. No se cuenta con evidencia».

Al solicitar las medidas cautelares, la Fiscalía insistió en que existe «un claro temor» de los denunciantes. «Los empleados lo vivieron como una circunstancia de violencia muy clara. Se sienten amedrentados. Hace cinco días que tienen custodia policial permanente en la Oficina de Turismo de El Bolsón», indicó la fiscal jefe Betiana Cendón.


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