Inclusión Social SA: del interés público al interés compuesto

María Elena Ochoa (*)

La serie de hechos violatorios de los derechos humanos del personal sanitario y de usuarios del Servicio de Salud Mental, como el abandono de los internados a violaciones e intentos de homicidio, ha colmado la medida de lo tolerable y reclama soluciones inmediatas. Soluciones que frente al colapso observable superen las impostadas denuncias de conspiraciones “desestabilizadoras”, los “relatos épicos” o el frívolo motociclismo tardío con que el ministro de ¿Salud? intenta mimetizarse con Amado Boudou. Señor ministro, no es lícito intentar rebatir las serias imputaciones a su gestión victimizándose y descalificando a los representantes de las organizaciones críticas. Lo que la sociedad espera son rectificaciones. Resultan demasiado serias y extendidas las acusaciones que se acumulan por iatrogenia, negligencia e incumplimiento de funciones. Ha hecho caso omiso de la extensa recopilación de denuncias de la Defensoría del Pueblo, de las críticas de los legisladores de distintos bloques, de los paros de los gremios sanitarios, de los reclamos de los intendentes y directores de hospitales por la falta de personal, equipamiento e insumos. La falta de respuestas verosímiles por la subejecución presupuestaria, la suspensión de inversiones o de la postergación de intervenciones quirúrgicas por carencia de insumos, no puede disimularse con presiones y acusaciones a los castigados trabajadores de la sanidad pública, incluidos en “listas negras” y perseguidos en medio de la precariedad y el desorden en que desarrollan su esforzada tarea. No ha solucionado la falta de equipamiento y el continuo desgranamiento de los equipos sanitarios más calificados, que resiente la disponibilidad, calidad y operatividad de servicios críticos. El ausentismo, las bajas y licencias que descalifica como falaces son expresiones derivadas de un clima de trabajo insostenible, riesgoso, malamente remunerado y organizado. Un ejemplo arquetípico lo constituye el funcionamiento anómalo de las Juntas Médicas incompletamente conformadas, alentadas a excederse en sus competencias formulando diagnósticos sesgados, excluyendo sistemáticamente la intervención de otras profesiones sanitarias con incumbencias consagradas por la ley, que se ven ilegítimamente limitadas en su ejercicio, en una muestra más de los abusos de autoridad prevalecientes. La prepotencia orientada al logro de indicadores ficticios también los ha impulsado a ordenar violar la confidencialidad de las historias clínicas con ocurrencias tales como la implantación de un inviable “Certificado Médico Único”, reforzando un modelo médico hegemónico caduco, que afecta directa e inequívocamente los derechos de los trabajadores y profesionales. Señor ministro, más de la mitad de las enfermedades mentales se manifiestan y tienen mejor pronóstico cuando se detectan antes de los 14 años de edad, un segmento etario que constituye aproximadamente el 26% de los 640.000 habitantes rionegrinos distribuidos en una amplia geografía. ¿Considera suficiente para su atención que el sistema público de Salud, sin planes para esta área, cuente con un solo psiquiatra infantil en la provincia y ningún especialista en psicología infantil en todo el Valle Inferior del Río Negro? Señor ministro, ¿desconoce que la ley de Salud Mental argentina determina que un 10% del gasto total en salud debe destinarse a Salud Mental? ¿Tiene conocimiento de que en España ese porcentaje es del 16% y en Río Negro los montos presupuestados son inferiores al 0,3% y los ejecutados aún menos? ¿Sabe que la depresión es la segunda causa de discapacidad? ¿Ignora que la relación entre la dotación óptima de psiquiatras recomendada por la OMS y la existente en nuestra provincia es 170 veces inferior al parámetro aludido? Es injustificable que en medio de esta crisis de su modelo haya perseverado en disponer generalizados desplazamientos de pacientes a centenares de kilómetros, poniendo en riesgo su salud y despilfarrando recursos, para privilegiar a ciertos prestadores y proveedores corporativos, mientras incurren en mora con otros menos afortunados. No voy a particularizar en este artículo los devastadores efectos de la implementación de la ley de Salud Mental sin recursos. Igualmente es justo anticiparle que no consentiremos en silencio que bajo la genuina bandera de la ansiada “des-manicomialización” y des-institucionalización, al que añade su pretendida gestión des-centralizada se proceda al des-mantelamiento sanitario, el abandono de los pacientes y la transformación de los presupuestos y bienes del Estado en un botín de guerra. A las asociaciones civiles como las colegiaturas de profesionales sanitarios y las ONG vinculadas con la atención de colectivos vulnerables nos plantea una disyuntiva de hierro: la cooptación oficial (para bajar subsidios) o el cierre. De tal modo intenta neutralizar el accionar en defensa del ejercicio ético profesional, la defensa de las condiciones de trabajo y pretende acallar los reclamos ante la violación sistemática de la legislación vigente y de los derechos de los trabajadores y pacientes. Pese a su relevancia, no me detendré en los cuestionamientos a las actitudes de los actuales y pasados miembros de su gabinete cegados por las inesperadas posiciones alcanzadas, más importa lo que hacen al conjunto de la gestión sanitaria. Deben hacerse cargo de la situación que han generado por su incoherencia e hibridez ideológica, por su proclamado pragmatismo cortoplacista que deviene en elitista y resulta funcional al saqueo de la salud pública. Ni la cerrada negación de lo evidente, ni las conspiraciones de café, ni la falta de formación y experiencia los eximen del cumplimiento de las leyes de Administración Financiera, de Salud Mental, de Legislación Laboral, de Ética Pública, etc. Debe comprender que estamos frente a una situación absurda: un equipo desgastado, sin credibilidad, ni proyecto, empeñado en ocultar los indicadores epidemiológicos de su impericia, que pretende el relanzamiento de su frustrada gestión profundizando el ajuste, para encubrir desde una pretendida y futura eficiencia el amorfo crecimiento burocrático megasueldístico que han dispuesto y su incapacidad de generar una política sanitaria convocante de prevención, inclusión y equidad. Licenciada en Psicología. Integrante del Comité Científico y Conferencista del XV Congreso Nacional de Psicología de la Federación de Psicólogos de la República Argentina. Presidenta del Colegio de Psicólogos del Valle Inferior del Río Negro