Indefensos

Redacción

Por Redacción





HORACIO QUIROGA (*)

En la edición del suplemento Economía del domingo 17 de marzo, en la nota titulada “Política energética: otra cara del retroceso del federalismo”, el diario “Río Negro” daba cuenta de las catastróficas consecuencias que las políticas del gobierno nacional tuvieron –y están teniendo– sobre las provincias productoras de hidrocarburos y, en particular, sobre Neuquén. En ese artículo se citaba un informe elaborado por la consultora Economía & Regiones, según el cual en el período 2003-2012 nuestra provincia dejó de percibir 17.000 millones de pesos en concepto de regalías sólo por las regulaciones impuestas por la Nación en el mercado petrolero. A esto hay que sumarles los miles de millones de pesos que no se ingresaron a la provincia por el no reconocimiento del precio del gas en boca de pozo y que, según la misma nota, serían otros 10.000 millones. Esta situación no es ninguna sorpresa para quienes la venimos advirtiendo desde hace años. Recién a fines del 2012 pudimos observar cómo el gobierno nacional decidía poner fin a casi diez años de ceguera y otorgar un aumento en el valor del gas en boca de pozo únicamente para lo que fuera producción nueva. En esa coyuntura, el gobernador admitió estar trabajando en una nueva prórroga de los contratos con las empresas petroleras, en lo que sería la tercera que ejecuta un gobierno del MPN en los últimos trece años. En el 2000, el exgobernador Jorge Sobisch dio el primer paso con la renegociación de la concesión del yacimiento Loma de la Lata con la entonces Repsol y, siguiendo con la misma política, el actual gobernador apenas había asumido su primer mandato comenzó a transitar idéntico camino, logrando su objetivo en el 2008 a través de la sanción de la ley 2615. Desde lo político y económico estuve de acuerdo con estas dos decisiones que se tomaron en un escenario completamente distinto del actual. Ahora, a menos de cinco años de haber prorrogado los contratos, en el seno del gobierno provincial se admite la posibilidad de una nueva renegociación, a todas luces apresurada. Oficialmente, el principal argumento es que las empresas necesitan garantías frente a las fuertes inversiones que deben hacer para iniciar la explotación de yacimientos no convencionales, que para las concesionarias rinden sus frutos a largo plazo. Pero hay otro motivo que no se plantea, al menos explícitamente, y que lleva a la desesperada búsqueda de recursos para alimentar un círculo vicioso que ha sido una constante en los gobiernos del partido provincial: el desproporcionado aumento de los gastos corrientes de la provincia, empujado por el acelerado incremento de la masa salarial. Esa suba está lejos de detenerse. Por el contrario, engorda con los desenfrenados pases a planta y aumentos salariales dispuestos por el Ejecutivo en el último tiempo, acorralado por las presiones virulentas de los gremios estatales. Los números están a la vista. En la Legislatura se debate el presupuesto 2013, que asciende a casi 13.000 millones de pesos. El costo de personal se llevará prácticamente el 60% de los ingresos, llegando a un 87,8% el total de gastos corrientes y previendo un déficit –optimista en mi opinión– de $851 millones. En este escenario de “estrechez financiera” –como sostiene de manera cotidiana el gobernador– se plantea la necesidad de obtener fondos frescos para hacer frente a esos gastos corrientes y es en ese horizonte donde se quiere echar mano, una vez más, a la renegociación de contratos petroleros que aporten recursos a las alicaídas arcas del Tesoro provincial. Pero ahora hay una situación diferente. La principal operadora que se beneficiaría con una eventual prórroga de las concesiones es la expropiada YPF, cuya situación legal deja margen a más dudas que certezas. Sólo basta mencionar que a fines del año pasado la española Repsol inició una demanda contra la Argentina ante el Ciadi, un tribunal internacional que depende del Banco Mundial y que se ocupa de los litigios entre empresas y países. La propia Agencia Internacional de Energía (AIE), en su informe anual dado a conocer en París y reflejado por el diario “La Nación” el pasado 13 de noviembre de 2012, hace mención al potencial energético de nuestro país a partir de la existencia de importantes yacimientos no convencionales, pero deja en claro que “a pesar de las reales perspectivas de la Argentina de comenzar su producción de petróleo light tight y de aumentar su producción de gas líquido natural gracias a la emergencia de una industria del shale gas, el deterioro del clima propicio a las inversiones, provocado por la decisión del gobierno de nacionalizar YPF, podría frustrar esas esperanzas”. Es sabido que los yacimientos no convencionales requieren de millonarias inversiones, millones que hoy YPF no tiene y también son conocidas las dificultades para encontrar capitales que quieran asociarse con la empresa que hoy está en manos del Estado. De hecho, desde su expropiación emitió más de 5.000 millones de pesos en obligaciones negociables y una de sus principales fuentes de financiación ha sido la Anses. Las señales que emite el gobierno nacional sólo contribuyen a ensombrecer el panorama antes que alentar la llegada de inversiones. En este marco, la Nación definió en noviembre del año pasado un aumento en el precio del gas en boca de pozo, pasando de 2,5 y 5 dólares el millón de BTU a 7,5 dólares. Aún lejos de los 11 dólares que nos cobra Bolivia o los 18 que se paga a los buques metaneros. Pareciera que el gobierno de Cristina Fernández comenzó a reconocer que la ley de gravedad existe y que es imposible negarla. Así, aun a regañadientes, admitió que antes de gastar miles de millones de dólares en la importación de combustibles para atender la demanda nacional (en 2012 fueron cerca de 3.000 millones), se podían destinar a mejorar el precio a las provincias productoras y de esa manera incentivar las inversiones para revertir la caída de la producción. Es contradictorio y seguramente doloroso para un gobierno que se jacta de ser nacional y popular haber tenido el mérito –a partir de medidas demagógicas– de perder la soberanía energética del país. Para colmo, a partir del incendio registrado en la refinería de Ensenada en la ciudad de La Plata, la ahora estatizada YPF deberá importar un 50% más de combustible para poder asegurar el abastecimiento de sus estaciones de servicios. La decisión de otorgar un aumento quedó a mitad de camino porque se definió sólo para lo que es gas nuevo cuando aquellos países de los que importamos nos aplican el mismo costo para el gas nuevo y viejo, sin hacer diferencias. De esta manera, los neuquinos seguiremos sufriendo el despojo de nuestros recursos a precio vil y las mejoras en los ingresos a la provincia –según admitió el propio gobernador– recién se verían reflejadas en el 2014. Así las cosas, los efectos de la política energética nacional en nuestra provincia durante los últimos años han sido devastadores, privando a los neuquinos de recursos que el gobierno provincial podría destinar a mejorar los servicios de educación, salud, seguridad, agua y saneamiento, todos ellos resentidos de manera crónica. De todas maneras, aquí vale detenerse un minuto y llamar la atención sobre un punto. Los gobiernos del MPN se han caracterizado por informar que se gastan millones y millones de pesos en estos servicios. Pero los resultados no se reflejan en la realidad, es decir o esos millones se invirtieron mal o no se invirtieron. Vamos a un caso concreto como la educación. El gobernador dice que se invierten 22.000 pesos por alumno por año. A la luz de los hechos, los resultados dejan mucho que desear. Retomando el análisis sobre la situación hidrocarburífera, no puedo dejar de mencionar que, en busca de frenar las demandas iniciadas por Repsol por la expropiación de YPF, el gobierno nacional volvió sobre sus pasos y ahora baraja la posibilidad de asociarse con los españoles para la explotación del tesoro más codiciado: Vaca Muerta. Una vez más, la Nación quiere echar mano a los recursos de los neuquinos para pagar las consecuencias de su irresponsabilidad, contando con el acompañamiento del gobierno provincial. Tampoco podemos olvidar que en el 2010 el gobernador renunció a cinco juicios que la provincia mantenía contra la Nación por más de 5.000 millones de pesos, a cambio de ingresar en el Programa Federal de Desendeudamiento, que permitió refinanciar deuda por 1.600 millones. En el medio también hubo grandes promesas todavía incumplidas como la construcción de la central hidroeléctrica Chihuido, que ahora duerme el sueño de los justos en algún escritorio de la Casa Rosada. El inédito encolumnamiento de la actual gestión provincial con las políticas nacionales no se ha visto reflejado en el tratamiento que le ha dispensado la Nación a Neuquén. El gobierno del MPN, en su preocupación por evitar generar el mínimo enfado en el gobierno nacional, ha dejado a los neuquinos desprotegidos frente a los arrebatos del poder central. Y nuestra provincia está pagando un precio demasiado alto. (*) Intendente de la ciudad de Neuquén


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