Interpretación ambigua de normas en Bariloche

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La superposición y contradicción de las normas de desarrollo urbano, sumado a la carencia de personal en la cartera de Obras y Planeamiento dio lugar a interpretaciones arbitrarias de la reglamentación que podrían acarrearle costosos litigios al municipio.

Recientemente esta secretaría dio resolución favorable a un proyecto de urbanización con una serie de condicionamientos que prácticamente impiden su concreción.

La clausula más llamativa es la disposición 165 de la secretaría de Obras y Planeamiento, rubricada por su titular Juan Alvarez, en la que se exige al propietario la cesión al municipio de otro terreno contiguo al del proyecto como condición de aprobación. En esa parcela funciona la planta de tratamiento de efluentes cloacales del vecino barrio 2 de Agosto, cuya precariedad provoca periódicamente el vertido de líquidos a cielo abierto.

El proyecto propone la construcción de un «barrio cerrado» con 87 viviendas familiares en una parcela de 25 hectáreas sobre la costa del lago Moreno. Su propietario, Claudio Leandri, debió esperar más de un año para obtener la contradictoria respuesta.

«Como no me podían decir que no, me pusieron condicionamientos inadmisibles», dijo Leandri. «Cuando le señalé las contradicciones de la disposición a Alvarez me dijo que lo hacían para «desalentar las inversiones en el oeste»» agregó.

La disposición 165-S.O.Y.S.Pú-00 es una de las muestras más claras de la «discrecionalidad» en la aplicación de los códigos y ordenanzas urbanas denunciada meses atrás por el Consejo Profesional de Ingeniería.

La normativa vigente carece de una regulación específica que atienda los proyectos de urbanización conocidos como barrios «cerrados» o «privados». Este tipo de emprendimientos comenzó a extenderse por la ciudad durante los últimos años sustentándose en leyes nacionales y viejas ordenanzas que se adaptaban a la necesidad de los inversores.

Pese a los ocho barrios cerrados aprobados bajo las mismas ordenanzas, ninguna de las áreas intervinientes en la planificación del crecimiento de la ciudad detectó el problema hasta el tratamiento del proyecto del lago Moreno.

Tampoco la Unidad Coordinadora del Consejo de Planificación que, en forma tardía, descubrió las falencias normativas, pero no atinó a proponer una modificación adecuada.

En cambio el asesor del PPR Pablo de Brito -en el dictamen que lleva la firma del edil Claudio Lueiro- desaconseja la aprobación del proyecto en cuestión porque «estaría sentando un precedente de importancia para emprendimientos futuros de mantenerse la reglamentación actual».

La función del órgano consultivo es la planificación y adecuación de las normas urbanísticas que rigen la ciudad, pero en el actual escenario del municipio se desdibuja hasta transformarse casi en una dependencia más de la secretaría de Obras y Planeamiento. (ver aparte).

Desde distintos sectores se acusa a la Intendencia de «una falta de decisión política» para solucionar una situación que pone en riesgo al municipio. Alvarez y sus funcionarios se excusan en la carencia de personal y la indefinición de la autoridad de aplicación.

Los innumerables reclamos internos y externos para cubrir la estratégica subsecretaría vacante obtuvieron una respuesta incongruente del intendente Atilio Feudal que designó en el puesto al psiquiatra y dirigente político Roberto Mariani.

Fallas en el Consejo de Planificación

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Desde su creación en 1995 el Consejo de Planificación municipal (CPM) dio tratamiento ampliado tan sólo en tres o cuatro oportunidades a proyectos urbanísticos que no se ajustaban a los códigos vigentes y derivaron en ordenanzas que adaptaron la normativa.

La escasa actividad del CPM se debe, en buena medida, a que se desvirtuaron las funciones de la Unidad Coordinadora, el ente de gestión conformado por los asesores técnicos rentados del Concejo Municipal y funcionarios del Ejecutivo. Saturada por requerimientos, la UC se alejó de la tarea de planificación urbana y se convirtió en la comisión abocada a estudiar expedientes comunes de obra.

Su actual titular y director de Obras Particulares, Edgardo Vella, reconoció que el cuerpo «no funciona bien» porque en la práctica debe suplir las carencias de personal de la secretaría de Obras y Planeamiento.

El asesor de la Alianza, Domingo Carrasco, defendió el espíritu de creación del cuerpo consultivo, aunque describió su realidad en forma crítica al señalar que «tenemos una carrocería de Mercedes Benz que es muy hermosa pero no tiene motor». El arquitecto estimó que si el Ejecutivo contara con el personal profesional necesario la UC podría abocarse a tareas de planificación que «son mucho más importantes para la ciudad». La indefinición de roles es tal que hasta el director de Planeamiento del municipio confundió las atribuciones de los asesores técnicos con la de los ediles.