Investigación: La ruta de la coima

Investigación:

Julio Rajneri, Alicia Miller e Italo Pisani

(Con informes de las agencias Buenos Aires y Viedma)

Las revelaciones efectuadas por este diario respecto de los sobornos pagados por las empresas vinculadas con la explotación del juego en Río Negro se han incrementado con nuevas investigaciones que demuestran la existencia de una forma de pagos irregulares, vulgo coimas, en una intrincada red que une a la administración pública con empresas concesionarias y vinculadas, en lo que constituye una verdadera «ruta de la coima».

La concesionaria de las tragamonedas en Río Negro transfiere el 15 por ciento de su recaudación a una supuesta empresa prestadora de servicios, que no es otra cosa que una pantalla para disimular el desvío de dinero de las apuestas -que debería ir a obras de acción social y a educación- hacia los bolsillos de determinados funcionarios. La concesionaria que realiza esa operación es Varsa-Inter World, también adjudicataria de los casinos de Las Grutas, Cipolletti y El Cóndor.

Varsa e Inter World son las empresas de Carlos Isidoro «Cacho» Ferrari, quien no ha tenido empacho en alardear, primero, de que pagó sobornos para obtener la adjudicación y, luego, de que sirvió de testaferro en otras operaciones de cobros irregulares, pero con origen en otra compañía.

Nuevas evidencias indican que, además de aquellos casos, en forma permanente la Lotería rionegrina -que retiene lo recaudado para distribuirlo entre las partes: 48% para el Estado y 52% para Varsa- descuenta de esta última porción el 15% y lo remite a una empresa Sistema Integral de Prevención S.A., supuestamente en pago de determinados servicios. Esta firma tiene el CUIT N° 30-70544095-2 y figura inscripta en la Inspección General de Justicia de la Nación con el N° 1666690.

Pero ¿quiénes integran esta sociedad? Originariamente, el presidente era Horacio Bocco y su hermana Liliana Bocco -esposa de «Cacho» Ferrari- figura como directora suplente. Aunque, actualmente, la documentación acredita como responsables a Claudia Bellami y su hermana. Claudia es abogada de Varsa, de Inter World y de Ferrari, y figura en varias de las empresas que integran la constelación de sellos que usan los Ferrari en sus negocios. En representación de Varsa, ella firmó los acuerdos con Rentas para el pago de impuestos pendientes.

Pero no son estas dos hermanas las que cobran aquel jugoso 15% de la recaudación de las tragamonedas, que en el 2000 alcanzó los 2.562.554 pesos.

El que recibe el dinero es un ex basquetbolista de dos metros de altura, Andrés Santamaría, que jugó un tiempo para el Deportivo Roca, que vive actualmente en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, y que durante su estada en el Alto Valle se hizo muy amigo de Emilio, el hijo de Pablo Verani, gobernador de Río Negro.

Santamaría ha mostrado un incremento notorio de su patrimonio en los últimos años, que no se debe a sus éxitos como deportista ni a otras ocupaciones irrelevantes que ha simulado.

Aunque su relación con Sistemas Integrales de Prevención no es accionaria, sí era más directa con otra empresa que antes cumplía el mismo rol, Albany Trady, que fue suplantada luego de que una denuncia penal en su contra provocó la detención de una de las directivas -empleada de la compañía de Ferrari- y tuvo a Santamaría «borrado» de Cañada de Gómez y de los lugares que solía frecuentar durante no menos de cuatro meses.

En esta empresa figuraban como responsables María Claudia Bolla y María Isabel Olmos, y la firma acusaba un domicilio ubicado en la calle México 1681 de la Ciudad de Buenos Aires.

Sergio Olmos es, como se recordará, uno de los dos colaboradores de Ferrari que, hasta la aplicación del «corralito» en diciembre pasado, cobraban los cheques al portador de una firma rionegrina Tecno Acción cuyo efectivo estaba destinado, según se jactó el propio Ferrari, a dos altos funcionarios rionegrinos.

«Río Negro» pudo determinar que, en realidad, en la dirección que aporta Albany Trady hay una casona de cierta antigüedad donde una anciana expresa que allí no vive nadie más que ella.

Precisamente para prevenir contratiempos indeseados como la denuncia que afectó a Albany Trady -y debido a que Servicios Integrales de Prevención ya acumula un número peligroso de cheques rechazados y denunciados-, acaba de producirse una nueva transferencia de derechos de Sistemas Integrales de Prevención en favor de Mystinc Sun, cuyos propietarios en las sombras y finalidad idénticos.

En este caso, figura como uno de los directivos Luis Alberto Aybar, el mismo que preside la empresa Río Negro Tecnología y Servicios que sorprendió a la fiscal viedmense Daniela Zágari cuando ingresó a Lotería el día del allanamiento realizado a raíz de la investigación de «Río Negro» oportunidad en que encontró a esta firma paralela privada funcionando con empleados y computadoras dentro de la empresa estatal.

 

Un modelo exitoso

 

Es que la corrupción en los contratos de juego es, según diría Neruda acerca de la pobreza, como caballos llenos de humo.

Los Ferrari manejan el bingo de varias ciudades del conurbano bonaerense. En Santa Cruz repiten con pocas diferencias el esquema de favores mutuos que manejan en Río Negro, con la salvedad de que allí la coima que pagan sería de 70.000 pesos. En Catamarca tuvieron relación estrecha con el gobierno y se vieron envueltos en una licitación no menos polémica que la de esta provincia, ampliamente reflejada en los diarios de esa región. Y ahora, en Entre Ríos, se han vinculado a un hermano del fallecido Alfredo Yabrán, sospechado de haber sido favorecido por el gobernador Montiel.

Y, además, tienen expertos para manipular las ruletas «dándolas vuelta» para disminuir el monto que deben pagar a Lotería. La maniobra consiste en hacer figurar apuestas premiadas, para retirar más dinero y reducir el monto a rendir. En el juego a través de máquinas electrónicas, éstas son alteradas por manos expertas para hacer figurar números premiados y retirar el dinero de la recaudación, que técnicamente queda registrado como cobrado por un jugador afortunado.

Invocando el deseo de evitar estos manejos, la adjudicataria de las tragamonedas y ruletas electrónicas se «comprometió» voluntariamente ante los funcionarios de Lotería -hasta el punto de que envió por fax el texto del artículo a incluir en el convenio- a instalar un software que permitiera el control en red.

No sólo resulta llamativo que los funcionarios aceptaran que el Estado resignara sus derechos dejando la instalación del control al concesionario que debía ser controlado sino que, además, esto nunca se hizo. Se lo suplantó por un sistema que habría diseñado Damián Scalesa -el primo de Daniel Sartor, ex apoderado de Varsa y actual titular de una agencia de juego en Bariloche- sistema que es totalmente inocuo ya que no evita el tipo de manipulación que efectivamente se realiza. Resulta inocuo porque controla sobre la base de lo que la empresa entrega como monto recaudado, sin considerar que, previo a ello, se han hecho figurar los falsos premios descontando del monto de liquidación sin que el software «de control» detecte la «poda» sufrida por el Estado.

Cuando la fiscal viedmense Daniela Zágari ingresó a Lotería para allanarla, luego de la investigación publicada por «Río Negro» constató que la empresa privada que debía controlar las tragamonedas tenía domicilio allí mismo y funcionaba utilizando la infraestructura edilicia y de servicios de la repartición pública.

Esa firma es Río Negro Tecnología y Servicios SRL, cuyos membretes ostentan como sede empresarial el domicilio de Lotería de Río Negro, en 25 de Mayo 233 de Viedma. Uno de sus representantes es Luis Alberto Aybar, el mismo que aparece ahora como integrante de una supuesta financiera Mystinc Sun, destinataria del 15 por ciento de la «parte» de Varsa que hasta ahora cobraba Sistemas Integrales de Prevención y que, todo hace suponer, está destinada en realidad a llegar a bolsillos de funcionarios públicos.

El círculo no se cierra allí. La nota por la cual Sistemas Integrales de Prevención hizo conocer a Lotería que cede la cobranza del 15 por ciento en favor de Mystinc Sun fue enviada por un fax en cuyo encabezamiento figura el nombre del remitente: Inter World. Es decir, otra vez Carlos «Cacho» Ferrari.

Mystinc Sun tiene domicilio registrado en H. Yrigoyen 1° y 3° piso de la Ciudad de Buenos Aires y como supuesto objeto social, las finanzas. Sin embargo allí funcionan oficinas de la AFIP-DGI.

 

Newtronic, All Games, Star Games…

 

Newtronic es otra de las perlas del interminable collar de los Ferrari y sus allegados de dentro y fuera de la administración pública.

Cuando Inter World SA se presentó en convocatoria, traspasó los activos de la explotación conjunta que mantenía con los Bingos de Ciudadela, Merlo y Hurlingham -que explotaba a pesar de que la concesión originaria había sido para la firma Femau-, a la empresa Newtronic.

Esta tiene domicilio en el galpón de Nogoyá 4825 al 4839 en el que también opera Inter World -la dirección es ubicable pese a que el número fue quitado del portón de acceso- y su presidente es Norberto Bocco, cuñado de Ferrari.

Este traspaso estuvo obviamente destinado a birlarle a empleados y otros acreedores de Inter World toda posibilidad de cobrar lo que se les debía, y se efectuó de modo tan grosero que fácilmente la justicia podría constatarlo con sólo cruzar los datos sobre ambas sociedades.

El concurso preventivo de Inter World fue dispuesto el 28 de agosto de 2000 por el Juzgado Nº1 de Capital Federal a cargo del juez Dr. Dieuzeide, secretaría Nº2 de la Dra. Pasina. La empresa denunció un activo de unos 7.721.917 pesos y deudas por 6.285.370 pesos. La sindicatura quedó a cargo del estudio Bilenca, Ghiglione y Sabor, sito en el segundo piso de Talcahuano 159 de la ciudad de Buenos Ai res.

Algo similar ocurrió con el Bingo de Zárate, donde poseía la licencia la firma All Games SA, y traspasó la titularidad de los activos a Star Games SA, de propiedad de Liliana Bocco y su esposo, Carlos Isidoro «Cacho» Ferrari.

En la transferencia, la mayoría de los empleados perdieron la posibilidad de cobrar porque quedaron en la firma vaciada. también en este caso, los integrantes de ambas firmas son parte del «elenco estable».

Otra integrante de la familia que participa en los negocios del clan es Anabel Bocco -hija de Norberto y sobrina de «Cachito»- quien maneja los pagos y la caja.

En la organización de todas estas operaciones ha sido muy importante la participación de la abogada Claudia Bellani. Y hay una larga lista de nombres que se suman a estos y que, con una constancia digna de mejor causa, se repiten una y otra vez en cada una de las firmas del grupo.

Además de Carlos Isidoro Ferrari y de su hermano Alfredo se suma su primo Daniel Raina; los tres hermanos Bocco -Liliana, esposa de Ferrari, Norberto y Horacio-, Damián Scalessa -el primo de Sartor y esposo de quien fue condenada y cesanteada por haber cobrado el subsidio de un discapacitado cuando era secretaria de Sartor en el ministerio-, Bernardino Pascale -quien está a cargo del casino de Cipolletti-, Adrián Morales, Pedro Valenciaga, Antonio Rao Ferrari, Carlos Nacuzzi, Karina Zanow y Fernanda Zanetti -aunque ésta última no trabaja más en la empresa-, Hugo Arbanaz -primo del ex gobernador Horacio Massaccesi que era gerente del casino de Las Grutas cuando se produjo el sugestivo robo de enero de 1995 que fue sospechado de haber sido un autorrobo y que ahora, a pesar de haber protagonizado otro episodio confuso, no fue sancionado sino trasladado a Río Gallegos-, Alejandro Carulla -estuvo a cargo de los casinos de Las Grutas y Cipolletti pero ahora está retirado de la firma y tiene una sala de juego en Cutral Co-, Oscar Gandola -encargado de los trabajos «duros» como la contratación de guardaespaldas -, además de los especialistas en ruletas Carlos Villanova y Rosana Carnevale, ambos en la provincia de Santa Cruz.

La red de conexiones de los Ferrari llega incluso hasta la controvertida financiera neuquina de Monti.

Según afirman fuentes consultadas, dos hechos vinculan a quienes tienen el control y descontrol del juego en Río Negro con el financista que dejó cuentas pendientes en la vecina provincia. Un cheque en blanco firmado por Alejandro Carulla le habría sido entregado a Monti en garantía de una deuda. Al no ser saldada, éste llenó el valor por un monto de 300.000 pesos e intentó cobrarlo pero, al hacerlo, constató que había sido denunciado como robado y, por lo tanto, no pudo hacerse del efectivo.

El segundo caso sería un préstamo de 700.000 pesos que el prestamista neuquino habría entregado a Ferrari y cuyos intereses éste cumplía hasta que, en determinado momento, interrumpió los pagos, justo en momentos en que se producía el descalabro de las cuentas de Monti que le complicó el retiro del mercado financiero.