Ipross congeló pagos por $ 170 millones a todas las farmacias

El escándalo por el supuesto fraude a la obra social golpea a los 270 prestadores de la provincia. En Viedma ya se registran cortes en la cobertura para los afiliados.

El escándalo por la defraudación al Ipross no sólo complica a los prestadores sospechados. Las otras 265 farmacias de la provincia también están enfrentando las consecuencias, porque la obra social congeló todos los pagos desde enero y los compromisos pendientes de cancelación ya están por alcanzar los 170 millones de pesos.

Además de esos profesionales y sus empleados, quienes más padecen los efectos de esta situación son los afiliados, porque en algunas ciudades -como Viedma, donde está el padrón más numeroso- la cobertura fue interrumpida esta semana.

La información oficial que obtuvo “Río Negro” indica que los últimos ingresos que tuvieron los farmacéuticos de parte de la obra social provincial correspondieron al primer mes del año.

El Ipross tiene hasta 60 días para cancelar la facturación de estos prestadores y en marzo, cuando estaba todo listo para avanzar con nuevas transferencias, se desató la crisis por la aparición de recetas del Ipross con troqueles sin tachar en una farmacia de Roca.

Con la investigación interna del Colegio en marcha, la obra social suspendió los envíos de fondos. Y con la denuncia penal posterior, mucho mayor fue el recelo antes de liberar recursos.

Un comunicado oficial emitido hoy indicó que “el Ipross continuará con el cronograma habitual de pago a las farmacias de la provincia luego que la Justicia tome una definición concreta en la causa”.

 La vocal gubernamental, Andrea Escudero, señaló que el Colegio de la Zona Atlántica “salió en los medios exigiendo pagos, sin reconocer que hay una causa judicial” y remarcó que “fue el propio Colegio de Farmacéuticos de Río Negro quien hizo la denuncia por una supuesta estafa cometida contra la obra social”.

Medidas cautelares

Por otra parte, la Fiscalía de Estado de la provincia pidió a la Justicia una serie de medidas cautelares contra las farmacias involucradas en la denuncia, basadas en el embargo de bienes y activos de esos prestadores.

Textualmente, los reclamos fueron son las siguientes:

“Que se ordene embargo de cuanto el Colegio de Farmacéuticos tenga para pagar a las cinco razones sociales de farmacias involucradas en los hechos investigados, ya sea de pagos provenientes de Ipross, cuanto de cualquier otro prestador”.

“Que se ordene embargo por el saldo de precio que pudiera continuar impago, por la venta de la farmacia que habría destapado el ilícito accionar”.

Y finalmente, “que se ordene embargo por intermedio del Banco Central de la República Argentina, de cualquier activo, plazo fijo, cuenta de inversión, cuenta comitente, y cualquier bien de titularidad de cualquiera de las cinco razones sociales de farmacias involucradas en los hechos investigados, que pudieran tener en el sistema financiero”.


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