Juego limpio – juego sucio

Es un vicio de mal fin,/el de jugar, no lo niego;/todo el que vive del juego/anda a la pesca de un bobo (…)». Martín Fierro.

En Neuquén el juego está sujeto a la Constitución provincial, que en el artículo 101, inciso 46, otorga al Poder Legislativo la facultad excluyente de crear «patentes de casinos»; circunscribe tales patentes a los «lugares de turismo» y destina los beneficios que pudiera producir esa actividad «exclusivamente a fines de asistencia social y educación». El requisito para aprobar la creación de estos casinos es por de más exigente: la conformidad de los dos tercios de los miembros de la Cámara.

La ley 116, nacida con la Constitución, reglamenta ese precepto al prohibir los juegos de azar. Es decir que en Neuquén el único juego legal es el que se practica a través de la Lotería provincial, también autorizada por la carta magna, y el que se realiza en el único casino creado de conformidad con lo que establece la ley fundamental que, como es de dominio público, actualmente está concesionado a una empresa privada.

Si algo están indicando tantas limitaciones es que el juego, a diferencia de otras actividades sobre las que no existe regulación específica, está sujeto a estricto control del Estado. Este no auspicia su difusión sino todo lo contrario: la acota y la somete a contralor.

Claro está, el juego no nació ayer ni tampoco en 1957 cuando se sancionó la Constitución, y si los constituyentes tomaron tantas precauciones es no sólo porque en sí mismo no tiene ningún fin social rescatable, sino porque su ejercicio clandestino siempre ha estado próximo al delito. Además de reportar dividendos tan jugosos como oscuros, ha estado siempre cerca de miserias sociales como la prostitución y el proxenetismo, a las que se han agregado ahora el narcotráfico y el lavado de dinero.

No parecen haber tenido esta preocupación los intendentes y concejales de varias localidades de la provincia, que en los últimos años han cedido a la presión de las empresas que regentean los denominados «casinos electrónicos», para autorizar la creación de salas de juego en sus localidades.

Esta semana, la oportuna intervención del juez penal Héctor Trova y del fiscal Hugo Saccoccia ha comenzado a poner las cosas en su sitio con la clausura de nueve salas, ubicadas en Zapala, Loncopué, Las Lajas y Caviahue, donde tiene jurisdicción el magistrado.

Sin embargo, restan incólumes los casinos de Plaza Huincul, Rincón de los Sauces y Chos Malal, localidades cuyos respectivos Concejos autorizaron su instalación, contrariando las disposiciones constitucionales y legales.

Los permisos, otorgados con el pretexto de paliar la grave desocupación, han beneficiado en algunos casos a oscuras empresas, prácticamente desconocidas en la región, que además de violar la ley obtienen ganancias sobre las que no está claro si existen controles fiscales adecuados. En otros casos, como es de dominio público, los beneficiados han sido miembros del partido de gobierno o allegados al poder. Con lo cual, además de violar la normativa, presumiblemente se ha contribuido a crear nuevas «cajas negras» para el financiamiento de la política, como si no existieran ya suficientes. En uno y otro caso lo irregular de los procedimientos autoriza a pensar que las habilitaciones no han sido totalmente desinteresadas.

Pero, además, en todos los casos el avance de las autoridades municipales sobre preceptos constitucionales y legales se materializó ante la increíble pasividad de gobiernos provinciales que optaron por hacer la vista gorda, incumpliendo los deberes que les cabían como autoridad de aplicación.

A tal punto se ha relativizado el peso de la ley, que hasta la intervención judicial de esta semana los organismos del poder político no tenían en claro si la principal norma que prohíbe el juego clandestino estaba o no en vigencia. Esta situación, que se ve relativizada en alguna medida por la existencia de normas contrapuestas, comporta igualmente una grave omisión desde el momento en que las autoridades son las encargadas de clarificar el marco legal vigente para ejercer sus responsabilidades y controlar el cumplimiento de las de los demás.

La investigación realizada por este diario puso en evidencia también que durante la anterior gestión de gobierno se realizó un estudio detallado de las implicancias legales y se estuvo por reclamar al TSJ la inconstitucionalidad de las autorizaciones municipales. Pero, curiosamente, cuando la acción judicial estaba lista para ser presentada, la idea se abandonó.

En ese contexto, y como no es imposible imaginar que pueda haber existido presiones políticas para mantener el actual estado de cosas, sería deseable que este gobierno recurra rápidamente al máximo tribunal para cortar de una buena vez con esta situación irregular.