Juego mortal

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Según diversas fuentes, algunas de las cuales no pueden ser acusadas de sentir simpatía alguna por Domingo Cavallo, el ex ministro de Economía encabeza una lista oficial de chivos expiatorios que han sido condenados a ser escrachados jurídicamente a fin de distraer la atención de las medidas que tendrá que tomar un gobierno que está dispuesto a hacer virtualmente cualquier cosa para impedir el colapso definitivo del sistema corporativo. Conforme a dichas fuentes, la lista negra, que también incluye a los banqueros Eduardo Escasany y los hermanos José y Carlos Rohm, fue redactada por el secretario de Inteligencia, Carlos Soria, funcionario que, se dice, no vaciló en pedirles a los camaristas y jueces federales que ordenaran la detención de los nombrados, amenazándolos con ponerlos en comisión en el caso de que se rehusaran a colaborar. Si bien parecerían que los jueces más activos en la ofensiva contra Cavallo y los banqueros, Julio Speroni y María Servini de Cubría, no fueron presionados directamente por nadie, las denuncias que se han efectuado han repercutido con fuerza en una opinión pública que ya se sentía privada de las garantías propias de un Estado de derecho. Si las acusaciones se basan en algo más que la fantasía de los proclives a ver manos negras en todas partes, la Justicia se ha visto convertida en un arma más para el uso de las facciones cuyas internas políticas feroces y nada democráticas están contribuyendo a agravar una crisis que está teniendo consecuencias devastadoras en la vida de la mayoría de los habitantes del país. Es innecesario decir que ésta es la impresión que se ha generalizado en el exterior, donde se da por descontado que la decadencia económica argentina se debe más que nada al carácter mafioso de la política nacional.

Si el hostigamiento jurídico de los supuestos responsables de todos los males de país realmente forma parte de una maniobra política canallesca, está destinado a fracasar. Mal que les pese a los duhaldistas, son muy pocos los que a esta altura creen que cualquier hombre público podría ser juzgado con imparcialidad. Incluso los enemigos jurados de los acusados supondrán que los fallos en su contra tendrán más que ver con la política que con lo que el ex presidente Carlos Menem llamaba «la verdad verdadera». En cuanto a los demás, sus simpatizantes o aquellos que se las han ingeniado para quedar neutrales, se presumirán frente a otro ejemplo de injusticia flagrante. Asimismo, aunque Cavallo, Escasany, los Rohm, además de Menem y los muchos otros que suelen figurar en las listas de detenidos en potencia, fueran culpables de todos los delitos de los que han sido acusados, su eventual encarcelación de por vida no ayudaría al gobierno actual o sus sucesores a atenuar los problemas del país. Sin duda los procesos mantendrían entretenidos a algunos sectores durante cierto tiempo, pero no liberarían a las autoridades de la necesidad de emprender las reformas profundas que están reclamando las circunstancias.

Gracias en buena medida a la embestida jurídica contra banqueros y, últimamente, Cavallo, los financistas y empresarios honestos, tanto argentinos como extranjeros, que podrían sentir interés por aprovechar la transformación de la Argentina en un «país barato», han optado por postergar las decisiones de invertir. Es que los únicos con motivos para sentirse impresionados favorablemente por los síntomas de «inseguridad jurídica» que están proliferando son narcotraficantes y otros criminales que, como es lógico, propenden a concentrar sus actividades en aquellos países en los que, según entienden, las autoridades están habituadas a subordinar la Justicia a sus propias prioridades políticas y económicas. Así las cosas, a menos que el presidente Duhalde logre eliminar muy pronto todas las dudas acerca de la legitimidad de la detención de Cavallo, la orden de arresto que para sorpresa de muchos emitió el juez Speroni, más las sospechas que se han difundido sobre el papel del gobierno, habrán servido no sólo para depauperar aún más a un país ya desesperadamente pobre, sino también para despertar el interés de las bandas criminales internacionales que ya han hecho de Colombia un infierno sanguinario y que están buscando afanosamente otros lugares en los que la debilidad institucional les permitiría establecerse.