Juegos parlamentarios

De estar el país acostumbrado a que el Congreso desempeñe un papel protagónico, carecería de importancia el traspié que acaba de sufrir el oficialismo al optar la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo por votar en contra del decreto del presidente Mauricio Macri para reducir el impuesto a las Ganancias, ya que tales episodios son frecuentes en muchas partes del mundo sin que el gobierno se sienta perjudicado. Sin embargo, en un país de tradiciones tan presidencialistas como la Argentina en que, para más señas, el gobierno aún necesita consolidarse, el que un presunto aliado clave como el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, haya ayudado a los kirchneristas a asestar un golpe, leve pero así y todo doloroso, a Macri no puede sino motivarle preocupación. Aunque los macristas saben muy bien que constituyen una minoría y que por lo tanto tendrán que negociar continuamente con los distintos bloques parlamentarios, esperaban que Massa y los peronistas moderados colaboraran durante algunos meses para permitirles gobernar sin demasiados problemas, pero parecería que pecaban de optimismo. Massa, es evidente, se ha propuesto vender caro su eventual apoyo, lo que alentará a otros opositores a hacer lo mismo para que el Congreso se transforme en una especie de mercado persa en que, a cambio de votos, el oficialismo tiene que satisfacer las exigencias de quienes juran estar dispuestos a asumir posturas “constructivas”. En principio, un mayor aporte parlamentario no sería del todo malo, pero escasean los legisladores no oficialistas que quisieran compartir responsabilidades integrándose plenamente a la bancada oficialista. Por motivos comprensibles, los que se creen presidenciables y sus allegados están más interesados en aprovechar las oportunidades para hacer gala de su propio poder que en comprometerse con el gobierno actual. Si bien no son como los ultras del kirchnerismo que están resueltos a erosionar la autoridad de Macri para que no le sea dado gobernar, con el propósito de desatar cuanto antes una crisis terminal que, entre otras cosas, serviría para frenar la ofensiva judicial contra su jefa y otros exfuncionarios acusados de cometer delitos graves mientras estuvieron en el poder, lo que tienen en mente es asegurar que dentro de cuatro años la ciudadanía se sienta harta del macrismo. Dicho de otro modo, lo que quieren es que la gestión de Macri fracase, pero no de manera tan calamitosa que el país entero sufra las consecuencias. No se trata de todo o nada, sino de crear una situación que los favorecería, pero en vista de la propensión del país a ir de un extremo a otro, los decididos a domesticar al macrismo, por decirlo así, corren el riesgo de provocar lo que se afirman resueltos a impedir. En política, los supuestos amigos críticos que se aseveran resueltos a ayudar a un gobierno de otro signo para que obre mejor, obligándolo a modificar una medida tras otra con miras a impresionar al electorado con su propio poder, suelen provocar más dificultades que los opositores declarados. La estrategia de quienes dicen estar decididos a cooperar con el gobierno con tal que se resigne a que se encarguen de modificar casi todas las iniciativas que emprenda se basa en la convicción de que la crisis económica dejada por el kirchnerismo es menos grave de lo que harían pensar los datos disponibles. En tal caso, el socavamiento progresivo de la autoridad del presidente y las dificultades que enfrentaría para instrumentar las reformas que cree imprescindibles podrían tomarse por parte del juego político normal. Pero, debería ser innecesario decirlo, la situación en que se encuentra la Argentina es tan precaria que enfrentamientos políticos que en otras latitudes no motivarían alarma podrían tener un impacto destructivo muy fuerte. A veces, voceros oficialistas aluden a lo que a su juicio sucedería si se difundiera la convicción de que el gobierno de Macri, por su condición minoritaria en el Congreso, es en realidad muy débil y por lo tanto no estará en condiciones de hacer mucho más que tratar de sobrevivir. Dicen que en tal caso crecería el riesgo de que haya un estallido hiperinflacionario y no habría dinero para repartir entre los gobernadores provinciales e intendentes municipales que ya están en apuros, pero parecería que las palabras en tal sentido no han convencido a todos de que el país se ve frente a una emergencia auténtica.