Barones de la fruta: buscaban dos empresas y sólo encontraron una cama y un perro caniche

La tercera audiencia en la causa por lavado de activos se realizará el próximo lunes. Hay seis personas involucradas, entre ellos Juan Lescano, referente del Sindicato de la Fruta.

Confirmar lo que de antemano los funcionarios del Ministerio Público Fiscal sospechaba que no existía. Algo de eso pudieron confirmar los fiscales en el segundo día del juicio por lavado de dinero que se realiza a seis personas allegadas al círculo del fallecido dirigente del Sindicato de la Fruta, Rubén López. A partir de algunos testimonios se pudo confirmar no sólo la existencia de empresas fantasmas que operaban en la adquisición de tierras sino también para establecer la actividad de uno de los referentes del gremio, Juan Lescano.

Con la presencia de los imputados Juan Lescano, Karina Neyroud; la exesposa del fallecido Rubén López, Silvia Weisser; Alejandro Lescano (hijo de Juan); Karol Daiana López (hija de Rubén López y de Weisser) y el contador Gustavo Buceta, esta mañana se reanudó la audiencia que presidió el Juez Federal, Alejandro Silva, en el edificio ubicado en calle San Martín y España, en Roca.

Esta vez, la tarea de los fiscales Rafael Vehils (vía zoom), Matías Zanona (interino) y Juan Manuel García Barresse giró en torno a una diligencia que en el año 2018 se realizó a la sede de las empresas Ohana y KAV SRL, en un domicilio sobre calle Los Aromos, en la ciudad de Cipolletti.

En teoría, allí tenían oficinas las dos empresas que pertenecían a Silvia Weisser y karol López aunque el día en el que el personal de Gendarmería Ingresó al lugar, sólo encontraron «una cama y un perro caniche». Tanto el gendarme Claudio Catalán como el testigo Sergio Hernández, dieron por acreditado que se trataba de una vivienda común que nada tenía que ver con empresas.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal confiaron a Río Negro tras la audiencia que el testimonio de los testigos vino a confirmar que esos domicilios no eran reales y que en realidad se trataban de empresas fantasmas que sólo tenían como objetivo ser una pantalla para aglutinar los lotes que se habían adquirido en Fernández Oro. Y que eran parte de los activos que generaba Rubén López a través de sus familiares cercanos.

Luego fue el turno de uno de los testigos ofrecidos por el abogado defensor Martín Segovia quien representa a uno de los imputados, el contador Gustavo Bucetta. Juan Carlos Grispino -quien es empresario de la Fruta de Cipolletti- relató que tanto Lescano como Bucetta lo convocaron para poner fruta en frío en uno de sus frigoríficos aunque finalmente remarcó que le quedaron debiendo dinero y que todavía falta la devolución de varios bins que siguen en poder de Lescano.

Las operaciones que realizaba Lescano en su rol de empresario y dirigente de la Fruta quedaron demostradas hoy. «Veremos si esta actividad era real o terminó siendo también una pantalla para blanquear todo el dinero proveniente de la actividad en el Sindicato y en la Obra Social. De todas esas operaciones que realizó la firma JKL nunca se pudo lograr ningún tipo de registro», dijo la fuentes del MPF consultada.

El caso

Durante tres años el ahora exfiscal Alejandro Moldes (jubilado), analizó los movimientos de los activos de los imputados el manejo «fraudulento» que tuvieron de las cuentas no sólo del gremio sino también de la obra social.

Desde esas entidades se habrían transferido cifras millonarias, para comprar vehículos y generar un movimiento inmobiliario que después regresaba en forma de donación a los allegados del sindicalista, a través de firmas fantasmas, tal como lo había denunciado este medio a través del trabajo periodístico denominado Los Barones de la Fruta.

La investigación que llevó adelante Moldes incluyó los informes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y lavado de Activos de la Procuración General de la Nación (Procelac).
Allí se determinó que, desde el año 2006, López y Lescano realizaron en forma “organizada” distintas operaciones al haber puesto en el mercado bienes a partir de distintos hechos ilícitos.

Los dirigentes manejaron de manera irregular los fondos de las dos instituciones con las cuales se lograron beneficios económicos millonarios. Para ello, se valieron de las firmas JLK S.R.L. Ohana S.A, y KAV Servicios S.R.L. y del salón de eventos La Ponderosa, para lavar esos fondos. También se hicieron de bienes muebles e inmuebles que luego fueron transferidos en forma de “donación” a los activos de los familiares de López y Lescano.


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