Caso Solano II: con los alegatos de la fiscalía, comenzó el juicio contra otros tres policías

Desde esta mañana y hasta el próximo lunes 29 se desarrolla, de manera híbrida entre los Tribunales de General Roca y la Oficina Judicial de Choele Choel, el segundo debate oral sobre la presunta participación de tres empleados policiales en la desaparición y muerte de Daniel Solano, ocurrida en 2011.

En la apertura, la fiscalía adelantó que pedirá responsabilidad penal para dos de los acusados por “encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real”, mientras que el tercer imputado enfrenta cargos más graves: “partícipe necesario de homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembro de una fuerza de seguridad, en concurso real con vejaciones”.

Según la acusación, este último habría colaborado el 5 de noviembre de 2011 con otros policías, ya condenados en 2018, para sacar por la fuerza a Solano de un local bailable, golpearlo y, posteriormente, causarle la muerte.

Respecto a los otros dos imputados, se les atribuye haber presenciado las agresiones y el traslado violento del joven sin intervenir ni cumplir con las obligaciones de informar a sus superiores, labrar actas ni garantizar la custodia de la víctima.

La fiscal jefe detalló que en el debate declararán trabajadores del boliche, asistentes de la noche de los hechos, personas que tomaron fotografías en el interior del local y quienes realizaron las primeras exposiciones tras la desaparición de Solano, entre otros testigos.

En contraposición, la defensa penal pública argumentó que no existen elementos que acrediten dolo en la conducta de su asistido y que éste solo cumplía funciones propias de su cargo, sin participación en la desaparición ni posibilidad de encubrir pruebas.

A su turno, el defensor particular sumó que el paso del tiempo distorsionó los hechos y negó la existencia de secuestro, abuso de autoridad o incumplimiento, anticipando que lo demostrarán tanto con testimonios como con pericias científicas.

El juicio está a cargo de un Tribunal Colegiado, dado que la pretensión punitiva provisoria de la fiscalía y la querella supera los tres años de prisión.