Exclusivo Suscriptores
Comienza el juicio por contaminación en el basural de San Martín de los Andes
Los alegatos de cierre están previstos para la semana próxima. El debate tuvo varias postergaciones.
El caso quedó cerrado, sin más instancias de apelación. (Archivo)
Con tres personas imputadas y más de 30 testigos citados a declarar comenzará el miércoles 6 el juicio por el presunto delito de contaminación peligrosa para la salud pública, al arrojar desperdicios cloacales en el basural de San Martín de los Andes.
La acusación estará a cargo del fiscal jefe de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid. Los imputados son los hermanos Pedro y Pablo Werefkin; y Julieta Muñiz Saavedra, quien fue coordinadora general del Organismo de Control Municipal. Los asiste la defensa pública. El tribunal de juicio lo integran Maximiliano Bagnat, Laura Barbé y Leticia Lorenzo.
Entre los testigos citados a declarar figuran especialistas, convocados por la acusación y la defensa, quienes argumentarán si los lodos que los imputados arrojaron al basural sin tratamiento son peligrosos para la salud. Ese punto será el nudo central de la discusión durante el juicio.
También declararán vecinos del sector y médicos que los asistieron. El primer testigo será el defensor del pueblo, quien inició un amparo.
Los hechos y delitos que les imputan
El delito atribuido a los hermanos Werefkin es contaminación peligrosa para la salud pública, en calidad de coautores. En tanto a Muñiz Saavedra se le imputa incumplimiento de deberes de funcionario público, en calidad de autora; en concurso ideal con el delito de contaminación peligrosa para la salud pública, en calidad de coautora, por comisión por omisión por su posición de garante.
Los hechos imputados fueron cometidos entre mediados de 2017 y agosto de 2019 en el predio ubicado en el kilómetro 2.224 de la Ruta 40, propiedad de una empresa que estaba integrada por los dos varones imputados.
Según la investigación que desarrolló la fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales, ambos acusados contaminaron el ambiente «de forma peligrosa para la salud, por la disposición sin previo tratamiento de los barros cloacales y sólidos resultantes de las operaciones de depuración de los efluentes líquidos cloacales de las plantas de tratamiento de efluentes de San Martín de los Andes, en el basural cuya dirección ejercían, poniendo así en peligro la salud pública de los aproximadamente 6.000 habitantes» del conjunto de barrios conocidos como “Cordones del Chapelco”, en la ciudad de San Martín de los Andes y a unos 15 kilómetros del centro.
La investigación estableció que el basural se encuentra aproximadamente a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad, sobre Ruta Nacional 40. Allí existe una cantera, propiedad de la empresa que integran los acusados.
Acción de amparo
La firma suscribió un contrato con el municipio local en 2014 para realizar la disposición de los residuos sólidos urbanos en el predio. El vínculo fue aprobado mediante el decreto 2087/13 y por la ordenanza 10094. La empresa se comprometió a «ejecutar los trabajos y dirigir a su personal de acuerdo a las reglas del arte y la técnica, y la municipalidad a realizar la inspección y control de las obras, de su operación y mantenimiento, tarea ésta que se encuentra a cargo del Organismo de Control Municipal», señala la acusación del fiscal jefe.
En este contexto, a principios de 2017, la Defensoría del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes presentó una acción de amparo para evitar la apertura de una nueva celda para la disposición de basura; y para garantizar el control de la actividad en el vertedero hasta tanto se concretara el traslado.
Orden de traslado
El 28 de julio de 2017, el exjuez Andrés Luchino hizo lugar a la acción de amparo y dispuso que la contaminación del ambiente generada por el basural impedía la continuidad de la operación del vertedero, y requirió que sea trasladado en el corto plazo.
Además prohibió la apertura de la nueva celda para el volcado de los residuos, que se llamaría “VI Celda”, y dispuso el cierre definitivo del basural, ante el agotamiento de la denominada «Celda V».
En la acusación, el Ministerio Público Fiscal planteó que entre junio de 2017 y agosto de 2019 se llevaron al basural 1.628 volquetes de cinco metros cúbicos de barros cloacales. Esto representa un volumen aproximado de entre 6.000 y 8.000 metros cúbicos de barros cloacales.
Comentarios