Denuncian a empleados del Penal N° 1 de Viedma por golpizas, abusos de autoridad y vejaciones
La familia de un detenido que está a punto de cumplir la pena, denunciaron una golpiza, vejaciones y abuso de autoridad por parte de empleados del Servicio Penitenciario Provincial.
La denuncia consta de certificados médicos que confirman los golpes que recibió un interno del Penal N°1 de Viedma. Foto: Archivo: Marcelo Ochoa.
Nuevamente el Servicio Penitenciario Provincial se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de una denuncia contra efectivos del Penal N° 1 de Viedma por abuso de autoridad, vejaciones y torturas físicas y psicológicas a un interno que le restan tres meses para cumplir su pena.
Los padres no sólo denunciaron los hechos violentos por parte del personal del Penal, también recibieron maltratos el día que fueron a visitar a su hijo a la cárcel y no lo pudieron ver, ya que ese día recibió una golpiza, según la denuncia.
Detallan que incluso, no pudieron verlo y varias horas de espera recibieron el certificado del médico que confirmó los golpes. Días más tarde, volvió a ser trasladado por pedido de la Justicia a constatar las lesiones por una médica forense y al regreso del penal, el joven volvió a recibir otra golpiza.
El interno está por cumplir los cuatro años de cárcel y sólo le resta tres meses para cumplir con esa condena y quedar en libertad. Tiene salidas transitorias y laborales ya que comenzó a trabajar en una chacra del Idevi, según los padres «preparándose para reinsertarse a la sociedad tras cumplir con la pena».
En esas salidas transitorias, el joven de 31 años comenzó a vivir «un calvario«. Además de trabajar en la chacra, también realizaba labores en los talleres del Penal, que sólo lo hacen aquellos internos que tienen una buena conducta.
Sin embargo, según el relato de los padres, el joven comenzó a sufrir «actos vejatorios» durante las salidas laborales a la chacra. Al regreso del Penal, «el personal penitenciario lo obligó a desnudarse, bajo amenazas».
Tras sufrir esos abusos de poder, el joven envió una nota detallando a la jueza de Ejecución N°8, Shirley González, lo que estaba sucediendo. La última nota fue enviada el jueves pasado brindando los hechos que le sucedían con un grupo del personal penitenciario.
Tres días después, el domingo 4, el joven se encontraba en el «buzón» (lugar que utiliza el Servicio Penitenciario de castigo) y con una golpiza. Los padres que fueron a ver al joven al Penal. Pasaron por los controles de rutina y una vez en el interior le informan que no pueden verlo.
El encargado de la guardia les dijo «que no podían pasar y se tenían que ir», a su vez le informó que «a su hijo no lo podían ver porque estaba sancionado, está en los buzones y no le podía dar ninguna otra información», parte del relato de la denuncia.
Luego los padres exigieron verlo porque era el día de visita, sin embargo otro empleado del Servicio Penitenciario a cargo de la guardia externa fue quien increpó a los padres y «que se tenían que ir porque si no los iba a hacer sacar a patadas», además de sufrir maltratos verbales.
Tras vivir esa tensa situación apareció otro trabajador del Penal, quien les aseguró que» su hijo estaba bien y había hablado con el médico». Luego de varias horas se enteraron que el joven de 31 años «había sido golpeado por personal de choque de la unidad carcelaria». Entre los detalles relatados por los padres, además de golpearlo, «le tapaban la boca para que no gritara al punto de asfixiarlo», «lo desnudaron» y le «propinaron golpes».
La golpiza fue luego confirmada por el médico policial del Penal, aunque luego ocurrió otro hecho violento que también fue denunciado.
Un día después de esa golpiza, el interno fue trasladado para realizar un informe por parte de una médica forense pedido por la Justicia. Sin embargo, tras ser revisado ese lunes y constatar las heridas, al regresar al Penal «fue golpeado nuevamente por la custodia», sostiene la denuncia presentada en la Fiscalía de esta capital.
También enviaron notas a la Ministra de Seguridad y Justicia de la Provincia, al Procurador General, la secretaría de Derechos Humanos y al juzgado de Ejecución N° 8.
El papá y la mamá del joven de 31 años se encuentran con mucha preocupación por lo que le pueda ocurrir a su hijo. «Estamos de acuerdo que debe pagar su condena» y afirmaron que su hijo «hace todo lo posible para reinsertarse. Trabaja no sólo dentro del Penal, también, durante las salidas transitorias con el propósito de lograr una vida digna».
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