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Desoyen sentencia del STJ: un tribunal volvió a indemnizar a la jueza destituida en el caso Otoño
La Cámara Laboral de Cipolletti volvió a indemnizar a la magistrada que estuvo a cargo del legajo en el inicio del proceso. El máximo órgano judicial había anulado la sentencia el año pasado.
El femicidio de Otoño Uriarte continúa impune.
Con el voto de Marcelo Gutiérrez y la adhesión de sus colegas Emilce Álvarez y Alejandro Cabral y Vedia, el tribunal desoyó las consideraciones del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y volvió a indemnizar a la exjueza María del Carmen García. La condena contra la provincia y la ART pasó de diez a ocho millones. La nueva sentencia sostiene que los magistrados no tienen porqué soportar los embates de la prensa y la ciudadanía.
María del Carmen García García fue designada jueza de instrucción penal en Cipolletti el 20 de diciembre de 2001 cuando recién se estaba creando la Cuarta Circunscripción. Fue destituida en agosto de 2012 después de una extensa licencia por incapacidad sobreviniente.
La pericia forense concluyó que había sufrido el síndrome de burnout, que significa “quemada por el trabajo”. La Cámara Laboral de Cipolletti hizo lugar a la indemnización a favor de la exjueza y fijó un monto de diez millones pero la provincia apeló y el STJ anuló el fallo y ordenó una nueva integración. Así fue que intervinieron los jueces civiles Gutiérrez, Álvarez y Cabral y Vedia.
El máximo tribunal provincial sostuvo que la función judicial no es riesgosa y que se exige a las y los magistrados que administren las presiones políticas, de la ciudadanía y del periodismo. Sin embargo Gutiérrez, que redactó el voto, sostuvo que no estaba de acuerdo con esa circunstancia y que los jueces penales no tenían porqué soportar ningún embate.
Tanto la primera como la segunda sentencia indemnizatoria tomaron los testimonios de Santiago Márquez Gauna, que era secretario y ahora es fiscal jefe, de la jueza Alejandra Berenguer y del secretario Maximiliano Beide Obeid, hoy fiscal en Neuquén.
De esa manera se probó que la jueza García, a poco de asumir, empezó a subrogar otros juzgados y llegó a permanecer ocho meses de turno, de forma permanente, las 24 horas. Según Marquez Gauna, ella sola hacía el trabajo de seis juzgados de instrucción de Roca.
Todo se complicó en 2006 con la desaparición de Otoño Uriarte. Las presiones políticas, periodísticas y de la ciudadanía se hicieron irresistibles para la jueza de instrucción.
Márquez Gauna dio cuenta en el juicio laboral que existía una comisión de investigación paralela en la que intervinieron el entonces presidente del STJ Víctor Sodero Nievas (que renunció para evitar el juicio político) y el jefe de la policía Victor Cufré, actualmente detenido por la represión policial del 17 de junio de 2010 en Bariloche.
“En aquella época era muy habitual tener marchas, congregaciones de personas reclamando en la puerta del Tribunal, prendiendo cubiertas, haciendo pintadas, arrojando objetos, insultando a los jueces y funcionarios con cánticos y pancartas. Todo ello era una gran presión”, recordó Berenguer en su declaración ante la Cámara Laboral.
Como respuesta a lo que planteó el STJ, el nuevo fallo sostuvo que no iban a tener en cuenta el plantel de empleados porque en aquel viejo código todo pasaba por la jueza de instrucción: tenía que tomar las indagatorias, asistir a los allanamientos y a todos los procedimientos.
“No puede examinarse el asunto con los ojos del presente, sino que resulta ineludible tomar en cuenta la legislación procesal vigente al tiempo de los hechos, y su incidencia en el trabajo diario de la actora”, dice la nueva sentencia que condena a la provincia y a la aseguradora a pagar ocho millones.
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