El STJ abrió un proceso por “conflicto de poderes” en el municipio de Jacobacci

El Superior Tribunal de Justicia admitió la existencia de un nuevo “conflicto de poderes” en el gobierno municipal de Jacobacci y ahora deberá evaluar si declara inconstitucionales una media docena de ordenanzas aprobadas en fecha reciente por el Concejo Deliberante y cuestionadas por el intendente José Mellado.

El eje de la disputa tiene que ver con la supuesta injerencia de los concejales en funciones propias del Ejecutivo, según el planteo que fue llevado a la Justicia.

Las dificultades en la relación entre el intendente y el Concejo no son nuevas. Mellado tenía hasta hace unos días un solo concejal de su lado sobre el total de cinco y mejoró algo su perspectiva desde esta semana, con el ingreso de los que fueron electos en abril último, de modo que pasó a tener dos representantes que le responden en el terreno político.

La confrontación ya había registrado un primer capítulo durante 2024, cuando Jacobacci atravesó un intenso proceso de debate en torno al proyecto minero Calcatreu. En aquel momento el Concejo llamó por ordenanza a un plebiscito para que los ciudadanos del municipio opinen sobre la polémica iniciativa, Mellado la vetó, pero el Concejo decidió ratificarla.

El litigio se trasladó entonces al STJ, también bajo la figura de un conflicto de poderes. Y en diciembre de aquel año los jueces declararon inconstitucional la convocatoria formulada por el Concejo.

Mellado dijo que ahora el conflicto se recicló con la sanción de otras ordenanzas, que en algunos casos fueron vetadas e “insistidas” por el Deliberante, en votaciones de cuatro a uno. El intendente entiende que esas normativas invaden roles que Carta Orgánica Municipal reserva al titular del Ejecutivo.

“Esto pasa porque se toman atribuciones que no tienen, como pasó con el plebiscito”, sostuvo el intendente.

Son en total seis ordenanzas las objetadas. Entre otras cuestiones, le retiran al intendente la potestad de contratar becarios en el municipio o agentes encuadrados bajo la figura de la “locación de servicios”. También traspasan al Deliberante funciones relacionadas con el manejo del basural y hasta el otorgamiento de permisos de uso de un vehículo municipal.

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El abogado que patrocinó la demanda del intendente, Ernesto Saavedra, dijo que las ordenanzas “recortan funciones que claramente son del poder Ejecutivo” y que Mellado no tuvo otra alternativa que plantear un conflicto de poderes porque los concejales de oposición “han tratado de desplazar facultades del poder Ejecutivo y atribuírselas al Concejo”.

Según Saavedra, llegaron a tramitar un CUIT paralelo desde el Concejo para efectuar contrataciones en nombre del municipio, “algo que no lo pueden hacer de ninguna manera, porque es atribución exclusiva del Ejecutivo”.

El abogado también refirió que los concejales legislaron para que el presupuesto que les corresponde les sea girado en forma automática “como si fuera la coparticipación”. Dijo que se atribuyeron roles de fiscalización en ese terreno “y tampoco le corresponde, porque son incumbencias propias del Tribunal de Contralor”.

Según Mellado, los concejales apuraron el tratamiento y aprobación de las ordenanzas de la polémica en las últimas semanas para aprovechar la relación de fuerzas “cuatro a uno”, que les permitía incluso revertir los vetos. Y que desde el 10 de diciembre ya no podrán hacerlo porque la relación de fuerzas quedó “tres a dos”.

Luego de evaluar el planteo, el STJ declaró formalmente que la impugnación de las ordenanzas 30/25, 24/25, 32/25, 28/25, 31/25, 29/25 y otra “sin número”, vetada por la resolución 1.205/25, “participa de la naturaleza jurídica de un conflicto de poderes, entre los órganos Ejecutivo y Legislativo del municipio de Jacobacci”.

En otro de los puntos de la resolución le dio al Deliberante un plazo de cinco días para enviar “los antecedentes constitutivos del conflicto denunciado, con prevención de ser resuelto con los presentados por el demandante”.

Saavedra dijo que “el despropósito es tal que la aplicación de una ordenanza derivó en el despido de 30 personas, que estaban por subrogancia de la provincial. Algunas con cuatro años de antigüedad”.

Señaló que la pretensión del intendente es que declaren las ordenanzas como inconstitucionales y que por sus características la causa debe ser resuelta en el corto plazo. Calculó que habrá una definición antes de la feria.