En San Martín de los Andes deciden la pena para una mujer acusada de causar el incendio en el que murió su pareja

«No advertimos la perspectiva de género ni la perspectiva de vulnerabilidad en la sentencia que la responsabilizó penalmente», dijeron las defensoras de Beatriz Cayún, una joven de 28 años que este miércoles será sentenciada tras haber sido acusada de incendiar su casa y provocar la muerte de su compañero en el siniestro.

La audiencia de cesura será en la oficina judicial de San Martín de los Andes a las 9. El tribunal está compuesto por Maximiliano Bagnat, Federico Sommer y Diego Chavarría, que ya habían advertido a las defensoras cuando solicitaron perspectiva de género antes de que declarasen responsable a Cayún, que sus planteos sobre la condición de vulnerabilidad de la acusada iban a ser atendidos en otra instancia.

La defensa de Cayún está integrada por María Eugenia Mignon, defensora de San Martín de los Andes y la Silvia Pereyra, funcionaria del ministerio de la Defensa en Junín de los Andes.

«No advertimos perspectiva de género ni de vulnerabilidad en la sentencia que la condenó, debió haber sido atendida su pertenencia al pueblo mapuche, su condición de mujer y de mujer indígena, pobre, madre que estaba prácticamente sola a cargo de la crianza de su bebé; fueron cuestiones todas muy particulares que la Constitución y otros tratados establecen que se tuvieron que tener en cuenta en todo el proceso», sostuvieron.

El incendio en el que falleció José Catricura fue en el paraje Trompul, cerca de San Martín de los Andes, en la comunidad Cayún, contigua a la comunidad Curruhuinca. Beatriz Cayún resultó con el 30% de su cuerpo quemado en el siniestro y entró primero que su compañero a la casa cuando comenzaron las llamas. Estuvo en el hospital casi dos meses y tras la hospitalización, no pudo ver más a su hijo de 4 años.

La defensora Mignon cuestionó que en la investigación de la fiscalía se descartó la violencia de género por la falta de denuncias y de testimonios de violencia física. «La perspectiva de género no solo se debe aplicar cuando hay una mujer víctima sometida proceso, sino también se tiene que tener en cuenta cuando está criminalizada, como en este caso; la fiscalía no abordó otras cuestiones», sostuvo. Agregó que se acreditó la violencia psicológica y simbólica en el juicio; además de una vida dura, con ausencia estatal y plagada de violencias desde su niñez.

Por el delito de incendio seguido de muerte está previsto una condena de 8 a 20 años de prisión. Las defensoras insistirán con la argumentación que fue desoída durante el juicio y pedirán penas menores a la mínima porque consideraron que no fue acreditado la intencionalidad de matar y que la fiscalía se basó en indicios, sin pruebas de que ella provocó intencionalmente el fuego ese día que regresaban de un quincho, donde habían estado bebiendo.

Actualmente Cayún realiza tareas rurales, como la instalación de alambrados. Vivía de changas en el campo y la crianza de animales. «Hizo su propia casa, que es la que se quemó, ella hizo mucho por esa construcción», insistió Pereyra.

Las abogadas dicen que el testigo principal de la fiscalía tuvo diferentes versiones sobre el inicio del fuego, que durante las audiencias se le debió hacer recordar y que confusamente explicó lo que pasó el 10 de febrero de 2024, porque también estaba bajo los efectos del alcohol, como la pareja, el día de los hechos.

«Aún si el tribunal le diera el mínimo de la escala penal, es desproporcionada y el contexto situacional de Beatriz, una mujer pobre que vivió violencia de género durante toda su vida, se debió haber tenido en cuenta su vulnerabilidad en todo el proceso y lo vamos a plantear al momento de impugnar», planteó la defensora.

Para las abogadas, en el juicio se dio cuenta de que no hubo intención de generar el fuego ni de matar, situación que no fue atendida ni por el tribunal, integrado en su totalidad por varones, ni por la fiscalía.