Estafa al Ipross: de las “ventas” a afiliados muertos al pedido de culpabilidad para los farmacéuticos

En el inicio de los alegatos, los fiscales revelaron detalles sobre la “irrazonabilidad” de las operaciones facturadas a la obra social desde farmacias de Roca a la obra social de Río Negro.

Afiliados de Bariloche con compras registradas en Roca. Afiliados de Cipolletti comprando en su ciudad a la mañana y apareciendo el mismo día como receptores del mismo medicamento, pero en Roca. Y lo peor: afiliados fallecidos, entre ellos un niño de 9 años, registrados como clientes de esas mismas farmacias de Roca dentro de la facturación enviada al Ipross. 

Esas revelaciones, acompañadas de decenas de datos más, fueron presentadas ayer por los fiscales Teresa Giuffrida, Gastón Britos Rubiolo y Marcelo Ramos, durante los alegatos que concluyeron con el pedido de declaración de culpabilidad para los cuatro farmacéuticos que desde junio del año pasado están siendo juzgados, por la millonaria estafa a la obra social del Estado rionegrino. 

Tres horas exactas utilizaron los representantes del Ministerio Público para defender las pruebas reunidas a lo largo de la investigación y que luego se presentaron durante las 91 audiencias realizadas desde mediados del 2023. 

Los fiscales entendieron que quedó acreditada la “connivencia” y la “coautoría” de los imputados en los hechos ocurridos entre el 2013 y el 2019 en farmacias de Roca. 

Por eso pidieron que se responsabilice a Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastrandrea y Raúl Mascaró como autores del delito de estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública, considerando a Sandra Fasano como coautora. 

La mujer era la auditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro y su rol ocupó la parte inicial de la exposición de los fiscales.  

Britos Rubiolo destacó la evidencia reunida para comprobar su responsabilidad en la implementación de una herramienta para el borrado de cargas manuales dentro del sistema informático del Colegio de Farmacéuticos. 

Esa adulteración de los registros en la entidad que tenía a su cargo el control de la facturación al Ipross fue una de las modalidades descubiertas. Las otras conductas reveladas fueron la simulación de compras nunca realizadas por afiliados o la carga de mayores cantidades que las realmente pedidas por los clientes en los mostradores de las farmacias investigadas. 

“Es muy lejano a la realidad que pudieran venir pacientes de Bariloche a comprar a Roca”, dijo Britos Rubiolo, antes de que su colega Ramos revelara los casos más contundentes: personas fallecidas apareciendo como receptoras de medicamentos para tratamientos de epilepsia o diabetes. 

Los remedios o insumos para esas patologías aparecen en la mayoría de los registros irregulares, porque se trata de productos de alto costo, que tienen 100% de cobertura por parte de la obra social estatal. 

Los fiscales remarcaron las inconsistencias entre los registros de compra y de venta de esa medicación, advirtiendo que la trazabilidad es una de las características fundamentales del sistema de droguerías y farmacias. 

En ese sentido, mencionaron que en la farmacia Tucumán -propiedad de Caffaratti- se registraron 440 Ospolot de más entre lo vendido y lo registrado como comprado y en la farmacia Araucana -de Mastandrea- esa diferencia fue de 583. 

“Tampoco apareció en la audiencia una Droguería a decirnos ‘yo vendí esos medicamentos’”, enfatizó Ramos. 

La fiscal jefa Teresa Giuffrida se enfocó inicialmente en defender la validez de las pericias informática y contable realizadas durante de la investigación, detallando todos los recaudos tomados para garantizar el resguardo y la integridad de toda la evidencia recolectada. 

Y en el momento final del alegato, detalló la cantidad de hechos atribuidos a cada acusado, remarcando que cada quincena pagada por Ipross constituye un hecho y que pretenden que se considere la existencia de un concurso real. 

Por otra parte, pidió al tribunal -integrado por Oscar Gatti, Laura Pérez y Luciano Garrido- que registren como antecedente a las sentencias ya emitidas contra Marianela Guidi y Marcela Gil, expropietarias de la farmacia donde se descubrió la famosa caja de recetas que fue la punta del ovillo para el escándalo. En 2022, ambas mujeres aceptaron su responsabilidad en los hechos que les atribuían y acordaron una pena de tres años de prisión en suspenso, en el marco de un juicio abreviado. 

Pido que hagan un análisis armónico e integral de toda la prueba. Está todo concatenado. No se pueden entender estas maniobras sino desde la connivencia.

Teresa Giuffrida, fiscal jefa.

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