Estafa al Ipross: un farmacéutico ofreció $ 500 millones para salir rápido del juicio
El acusado por la mayor cantidad de hechos propuso una "reparación integral" a la obra social del Estado de Río Negro.
El abogado Carlos Vila hizo el planteo por Caffaratti (atrás, a la derecha). Espeche, defensora de Mascaró, Mastandrea y Fasano, pidió la prescripción. (Foto: Juan Thomes)
Hay quienes dicen que la libertad no tiene precio, pero en el juicio por la millonaria estafa al Ipross uno de los imputados puso a la vista cuánto está dispuesto a resignar para evitar una pena de prisión efectiva. Se trata de Fabio Caffaratti, farmacéutico de Roca que ofreció a través de su abogado una reparación integral por los delitos que le atribuyen, poniendo a disposición de manera “inmediata” todo el dinero necesario para dejar atrás la causa penal por el perjuicio a la obra social del Estado de Río Negro.
La cifra precisa no surgió en la audiencia de hoy, pero el defensor se encargó de resaltar que hablaba de una suma “actualizada”, es decir, varias decenas de millones de pesos. Hay que recordar que el perjuicio original, por maniobras realizadas entre el 2013 y el 2019, fue estimado en unos 67 millones de pesos, pero en una audiencia preliminar realizada en noviembre del año pasado se habló de un monto ajustado de 800 millones, que ahora, por imperio de la inflación seguramente supera holgadamente los 1.000 millones.
Teniendo en cuenta que Caffaratti es el acusado por la mayor cantidad de hechos imputados y que en la formulación de cargos le atribuyeron el 47% del total del perjuicio (31,6 millones sobre 67,1 millones), la presunción es que está dispuesto a poner unos 500 millones de pesos antes de llegar al angustiante momento de escuchar a un juez diciéndole si va preso o no.
La propuesta del abogado Carlos Vila fue uno de los puntos más importantes de la jornada inicial del juicio, que tiene a otros tres farmacéuticos como acusados. Dos de ellos, Rodolfo Mastandrea y Raúl Mascaró, son propietarios de farmacias en Roca. La cuarta imputada es Sandra Fasano, exauditora del Colegio de Farmacéuticos, que siguió la audiencia conectada por Zoom desde su casa, en Allen.
El escándalo se desató en mayo del 2019, cuando las autoridades del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro denunciaron la existencia de una serie de maniobras para defraudar a la obra social. Las principales modalidades que se detectaron fueron dos: la facturación de medicamentos no entregados a afiliados y el registro de productos en cantidades mayores a las que efectivamente habían retirado los pacientes.
Después de que el Ministerio Público Fiscal -representado por Teresa Giuffrida, Gastón Britos Rubiolo y Marcelo Ramos- y la querella -Federico Rosbaco, por Fiscalía de Estado- hicieran sus alegatos de apertura, el defensor Vila adelantó que iba a plantear algo poco usual para el sistema judicial rionegrino. Enseguida habló de su interés por una declaración de “excepción de la extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio”.
“No tiene nada que ver con la conciliación. Ahí se habla de una reparación en «las medidas de las posibilidades» del imputado. Acá estamos hablando de la reparación total”, avanzó el representante de Caffaratti.
Más tarde, la abogada de los otros tres imputados, Patricia Espeche, hizo una extensa presentación, en la que aseguró que “los fiscales soslayaron documentación importante” durante la fase preliminar del caso, poniendo el foco también en la imposibilidad de que los farmacéuticos ejecutaran personalmente las maniobras que les atribuyen. Sumado a eso, insistió en la responsabilidad del propio Ipross sobre lo ocurrido. “Triple control debía hacer el Estado. Es insólito, no podemos desviar la vista”, afirmó.
Más allá de esas consideraciones, la defensora planteó finalmente la necesidad de declarar extinta la acción penal por prescripción.
Ante los dos pedidos de los defensores, el tribunal corrió vista a las otras partes, que rechazaron las dos solicitudes.
Sobre la reparación integral, dijeron que se trataba de un planteo extemporáneo, que debió formalizarse antes de la elevación a juicio, porque así está definido en el Código Procesal Penal.
Luego de casi seis horas de audiencia, los jueces anunciaron que darán a conocer la resolución sobre la prescripción el próximo jueves, cuando se reanude el juicio. Con relación a la reparación económica, como el defensor solicitó que se trate como una cuestión de fondo, se indicó que aún no es momento para que el Tribunal se expida.
Cómo seguirá el juicio por la estafa al Ipross
El juicio continuará el jueves, con la presentación de los primeros convocados dentro de la extensa lista de testigos.
Los citados por el equipo fiscal son más de 380 y ayer se detalló la matriz de análisis para cada uno de esos casos, además de la prueba documental con la que se cuenta en el marco de esta causa judicial declarada compleja.
“En el marco de la investigación la fiscalía ha logrado recabar y analizar contundente evidencia para poder solicitar que se declare responsables a los imputados”, se destacó desde el Ministerio Público Fiscal.
La fiscal jefa, Teresa Giuffrida, detalló que se presentarán pruebas de diversas fuentes y que por ello se va a dividir la misma en bloques. Se tomará testimonio a los representantes de las empresas encargadas de desarrollar los sistemas informáticos utilizados tanto en el Colegio como en las farmacias de Rio Negro, también a los especialistas en Informática Forense del Poder Judicial, a los peritos contadores de la División de Informes Técnicos de la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal de la Procuración General, el perito calígrafo del Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción Judicial.
Integrantes del Gabinete de Criminalística darán cuenta de los allanamientos concretados en el Colegio de Farmacéuticos de General Roca y en domicilios particulares. Además se cuenta con la entrega voluntaria del back up con el que contaba el desarrollador del sistema informático del Colegio, con sede en Gualeguaychú, Entre Ríos. De allí se extrajeron las bases de datos de los sistemas de gestión (software) Xarion y Xeilon, que fueron utilizados por los imputados para concretar la maniobra.
La prueba a producir incluye además a referentes del organismo que nuclea a los laboratorios que preveían medicamentos a las droguerías, como también a los responsables de las diversas droguerías. Además se utilizarán para sostener la acusación las más de 3.000 hojas de planillas confeccionadas para poder analizar los delitos cometidos por estas cuatro personas.
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