Estafa al Ipross: el pedido de condenas irá de los 3 a los 12 años de prisión
Empezó el control de acusación para llevar a juicio a los farmacéuticos. Revelaron el monto actualizado del perjuicio.
La defensora Espeche pidió una probation para Cafaratti, Mastandrea y Mascaró, pero la fiscalía se opuso. (Foto: César Izza)
La Fiscalía se moverá en el rango de los 3 a los 12 años de prisión cuando pida condenas para los farmacéuticos acusados por la millonaria estafa al Ipross.
Así lo anticiparon ayer, en el inicio de la audiencia de control de acusación, etapa previa al juicio, que se realizaría desde principios del año que viene.
El otro dato saliente de la jornada fue el monto actualizado del fraude a la obra social del Estado rionegrino: más de 800 millones de pesos, según una pericia que se incorporó en forma reciente al proceso.
Ese monto del perjuicio para las arcas públicas fue una de las razones fundamentales por las cuales se rechazó un pedido que hizo ayer la defensa de los imputados, pretendiendo que el caso se resuelva con una suspensión de juicio a prueba.
Patricia Espeche, abogada que representa a Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea, Raúl Mascaró y Sandra Fasano, argumentó que sus asistidos debían recibir un trato similar al que tuvieron durante septiembre las otras tres coimputadas que tuvo inicialmente el proceso.
Se trata de Cecilia Balladini, exesposa de Caffaratti, quien fue sobreseída; y de Marcela Gil y Marianela Guidi, dos exdueñas de una farmacia de Roca que admitieron sus responsabilidades y aceptaron una pena de tres años de prisión en suspenso.
“Amén de sostener que mis asistidos son absolutamente inocentes, hay una salida que los acusadores parecen haber olvidado y es que el sistema judicial tiene que contribuir a la paz social, que tenemos que ser transparentes sobre quiénes tienen que ser convocados a proceso y que nos traduzcan efectivamente si al Ipross le faltó plata”, dijo en un principio Espeche.
Luego arremetió contra Balladini, asegurando que “llevaba la administración y la gestión de la farmacia Tucumán, que cobraba los cheques, tenían cuentas en conjunto, estaba facultada para hacer y deshacer” y sin embargo “ha sido sobreseída de los cargos el 30 de septiembre”.
“El día anterior, a otras dos imputadas, les dan tres años de manera condicional y están disfrutando del mar y de la cordillera”, completó la abogada, resaltando también que sus clientes “han estado a derecho, cada vez que los citó la Justicia” y “tienen que seguir manteniendo sus farmacias”, porque “todos son sostén de familia”.
El rechazo de la fiscalía
Ante ese planteo de acceder a una probation, la fiscal jefa Teresa Giuffrida se opuso, recordando que para que corresponda, tiene que tratarse de un delito que no supere los tres años o con una pena de ejecución condicional.
Fue allí cuando recordó que en la acusación formal que presentaron semanas atrás ya anticiparon que pedirían condenas de más de tres años de prisión –dato requerido para saber con cuántos integrantes debe componerse el tribunal de juicio- es decir que buscarán que los acusados tengan una pena de cumplimiento efectivo.
Y sobre ese punto, Giuffrida precisó que “la fiscalía se va a mover entre los 3 y los 12 años de prisión”.
“Si sumamos todos hechos, superan los 50 años (de prisión). No va a superar eso, porque si no, hubiésemos pedido un juicio por jurados”, agregó la representante del Ministerio Público, explicando que el rango definido surgió luego de haber analizado minuciosamente la situación.
Cabe recordar que los farmacéuticos están acusados por estafa reiterada, agravada por haber sido cometida contra la administración pública, considerando que los hechos se cometieron en concurso real.
La cantidad de hechos cometidos por cada imputado también fue tema de controversia en la audiencia de ayer, porque la fiscalía hizo notar que el caso de Guidi y Gil no es igual al de los farmacéuticos imputados.
“Se tuvo en cuenta que a Gil y Guidi se les atribuyen 118 hechos, estafas en concurso real. En el caso de estos imputados, tienen mayor cantidad de hechos (NdR: se puso como ejemplo a Caffaratti, con unos 250 hechos). También es muchísimo más alto el perjuicio que han ocasionado”, detalló la funcionaria.
En ese sentido, el fiscal Gastón Britos Rubiolo reveló más tarde que la última pericia realizada indica que el monto actualizado de la estafa a la obra social supera los 800 millones de pesos.
Luego del cruce de argumentos, el juez Fernando Sánchez Freytes denegó el pedido de suspensión de juicio a prueba, recordando que la oposición de la fiscalía es vinculante y por lo tanto, no se podía hacer lugar al planteo de la defensa.
El mismo resultado se dio para el pedido de la abogada Espeche de realizar una pericia contable, asegurando que no había tenido acceso a los originales de la documental elaborada a pedido de los fiscales. El magistrado consideró que ese planteo era extemporáneo.
La defensora anticipó que impugnará en las próximas horas esas medidas, algo que de todas maneras no impedirá la continuidad de la audiencia de control de acusación, prevista para mañana.
“De ninguna manera vamos a aceptar la culpabilidad”
Durante el final de la audiencia de ayer, el juez Fernando Sánchez Freytes le propuso a la defensa de los farmacéuticos analizar hasta último momento la posibilidad de un juicio abreviado.
El magistrado sostuvo que era su obligación recordar la chance de abrir ese camino, en pos de cumplir el objetivo de realizar procesos simplificados dentro del sistema judicial.
“De ninguna manera vamos a aceptar la culpabilidad. Vamos a llegar a la Corte si es necesario”, fue la tajante respuesta de la abogada Espeche.
De esa manera quedó claro que, si se avanza hacia esa instancia luego del control de acusación, en el 2023 habrá un extenso juicio para determinar si los farmacéuticos tienen responsabilidad penal en la estafa que sufrió la obra social provincial.
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