Estafa con planes sociales en Neuquén: se estira la investigación y la fecha del juicio oral se aleja

La fiscalía logró una ampliación del plazo por ocho meses. Se especulaba que pediría cuatro. Recién procesaron el 50% de los dispositivos electrónicos secuestrados.

La investigación de la estafa con planes sociales cometida en Neuquén desaceleró su velocidad y en consecuencia se aleja la fecha del posible juicio oral. La fiscalía de Delitos Económicos obtuvo este lunes una prórroga de ocho meses, por lo que hasta julio del año que viene trabajará puertas adentro en una compleja pericia contable, para determinar el monto total de la maniobra y establecer con claridad la responsabilidad de cada uno de los 30 imputados que hay hasta el momento.

Así se resolvió en una audiencia que se prolongó por cinco horas y media (tres horas y media netas, el resto lo consumieron los cuartos intermedios) en la cual se plantearon numerosas incidencias entre el equipo de la acusación, integrado por Pablo Vignaroli, Juan Manuel Naváez, Tanya Cid, Agustina Jara y el representante del fiscal de Estado, Gustavo Kohon, versus los 16 abogados defensores.

La jueza de Garantías Carina Álvarez manejó con la rienda corta el trámite, pero debido a lo extenso de la jornada postergó para este martes al mediodía la resolución de uno de los puntos discutidos: la inhibición general de bienes y el embargo de las cuentas bancarias de las y los imputados. Lo pidió la fiscalía y chocó con la férrea oposición de las defensas.

Presencias y ausencias en la sala


Hubo ausencias y presencias en la diligencia judicial. Por primera vez apareció en escena el exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, el exfuncionario de mayor jerarquía involucrado en el proceso. «Ya va a llegar mi tiempo de hablar», dijo a diario RÍO NEGRO cuando se le preguntó si quería formular declaraciones.

Di Luca es uno de los presuntos líderes de la asociación ilícita junto con el exdirector de Coordinación Territorial, Tomás Siegenthaler (siempre puntual); el detenido con prisión preventiva Marcos Ariel Osuna; el detenido con prisión domiciliaria Néstor Pablo Sánz y el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, quien también cumple preventiva pero se ausentó por razones de salud.

El exministro Di Luca, su defensor Gonzalo Rodríguez y el representante de la fiscalía de Estado, Gustavo Kohon, antes de ingresar a la audiencia.

El arrepentido Sánz se sentó junto a Osuna -fueron los únicos que ingresaron esposados- y detrás de él se ubicaron Di Luca, Siegenthaler, Laura Reznik y Julieta Oviedo. En la fila siguiente se sentaron Isabel Montoya y a su lado Valeria Honorio, actual y expareja de Sánz respectivamente, ambas imputadas.

Montoya fue la que dijo a diario RÍO NEGRO, en una de las primeras audiencias, que «Di Luca estaba al tanto de todo». Este lunes evitaron cruzarse.

El grupo conocido como Los 4A (tres mujeres y un varón que declararon como arrepentidos en julio pasado) se conectaron por zoom. Tienen botón antipánico y sus abogadas Sol Pérez de León y Antonella Carabelli argumentaron que les tienen temor a algunos de los imputados.

Los fundamentos de la prórroga


La prórroga por ocho meses -se esperaba que fueran cuatro nada más- la fundamentaron Vignaroli y Narváez. Éste último dijo que asumían el compromiso de llevar la causa a juicio en el segundo semestre del año próximo.

La investigación cumplirá un año formal el miércoles, aunque comenzó en julio del 2022. Narváez se refirió a «tres tandas de allanamiento», en julio y agosto del 2022 (en la que se filtró la información y no encontraron casi nada); en julio del 23 -cuando detuvieron a Soiza, Osuna y Sánz- y en septiembre pasado, cuando se secuestró un servidor en Desarrollo Social.

Las tareas pendientes


La DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones) trabaja en la apertura de todos los dispositivos secuestrados, tarea que está avanzada «en un 56%». Esto se debe volcar en un análisis informático que realiza Delitos Económicos de la Policía, «y estamos en un 22%».

Todo esto «lo recaba finalmente el equipo contable de la fiscalía, para determinar el perjuicio total de la maniobra cometida con cheques y extracciones ráfaga con tarjetas de débito. Esa tarea pericial fue completada en un 50%«.

Hasta ahora el monto de la maniobra está fijado en 153.367.900 pesos (a valores históricos).

Por último, se encargó una pericia caligráfica para aplicar sobre los cheques endosados; un mejoramiento de los videos de los cajeros automáticos donde se hicieron las extracciones, y restan entrevistas con presuntos beneficiarios de planes sociales cuyas cuentas fueron saqueadas.

El único de los defensores que se opuso fue Alfredo Cury, el exabogado de la mayoría de los imputados que ahora está del otro lado del mostrador, y es uno de los acusados. Consideró que dos meses de prórroga eran suficientes.

La jueza Álvarez consideró razonable el pedido de la fiscalía, y concedió los 8 meses de prórroga en la investigación.


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