Femicidio de Agustina: el insólito reclamo de un empleador a un jurado y la dura respuesta del juez

Pretendía que vuelva a trabajar después de pasar 10 horas en audiencia. El magistrado hizo público el reclamo laboral y le envió un oficio para que cese el hostigamiento.

Un juez de Cipolletti se mostró inflexible ante un intento de intimidación a un miembro del jurado popular que debe juzgar el femicidio de Agustina Fernández y ordenó a su jefa que cese el hostigamiento.

Guillermo Baquero Lazcano, juez técnico del juicio, hizo público el reproche de una jefatura de un centro de salud privado de la ciudad que le exigió al trabajador cumplir con sus tareas luego de la audiencia de juicio. Es decir que, luego de pasar 10 horas como jurado, debía prestar funciones a su trabajo cotidiano.

El magistrado rápidamente le envió un oficio para explicarle los alcances del compromiso que tiene un jurado popular y la intimó a dejar sin efectos los reclamos laborales mientras dure el juicio. De insistir podría recaerle una denuncia penal.  

Luego de un cuarto intermedio, el magistrado contó en la audiencia lo sucedido para llevar tranquilidad a todos los miembros, pero también para que la comunidad tome dimensión del rol que tienen los 16 ciudadanos elegidos para juzgar el femicidio. 12 titulares y cuatro suplentes.

Baquero Lazcano no brindó mayores detalles que el hostigamiento al jurado, pero DIARIO RIO NEGRO pudo confirmar que se trató de un área de salud en el sistema privado.  El jurado popular está eximido de prestar funciones laborales mientras dure el juicio. En principio se extenderá por dos semanas: hasta el 17 de mayo.

El hecho puntual se enmarca en un escenario complejo para el reclutamiento de ciudadanos y ciudadanas de la provincia. El sistema de jurados populares, una de las herramientas de mayor democratización de la Justicia, es nuevo en Río Negro y apenas cuenta con 18 casos juzgados con tribunales populares desde que se implementó el sistema acusatorio, en 2017. El primer juicio por jurados en la provincia fue en 2020, en pandemia también en Cipolletti y por un femicidio en Catriel.

En la selección de jurados que se desarrolló el viernes, la justicia de Cipolletti impulsó una investigación por una catarata de certificados que presentaron potenciales jurados: cerca de 30 documentos médicos para eximir la participación. Varios de ellos firmados por la misma médica lo que despertó muchas sospechas en el Poder Judicial. Por ese se iniciará una investigación para determinar que no hubo irregularidades en la emisión de los certificados.

Asistir a una audiencia de selección no es optativo, es una carga pública que impone la ley y debe cumplirse. En el proceso los seleccionados pueden, por diversas razones, emitir alguna objeción a su participación que resolverá el juez con la intervención de las partes.

Incluso para este juicio muchas mujeres maternando o jefas de hogar fueron eximidas de continuar entre las potenciales juezas populares por su situación particular personal y laboral.

Es habitual que haya una merma en la presencia de quienes reciben la citación, pero en este caso puntual fue mucho mayor de la media y con la particularidad que en su mayoría presentó´ certificado médico.

En total el jurado popular se compone de 16 personas -8 hombres y 8 mujeres- , aunque solo 12 tienen voto en el juicio de responsabilidad. El Código Procesal Penal prevé cuatro suplentes.


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