Habló el abogado del intendente libertario de Allen, Marcelo Román: qué dijo sobre la denuncia de peculado y el rol de Ocampo

La defensa de Marcelo Román, el intendente de Allen (LLA) investigado en una causa por peculado, aseguró que el mandatario municipal libertario inició una investigación interna para determinar si es verdad que se le dio un celular al empresario periodístico Sebastián Ocampo, que también está siendo investigado por el Ministerio Público Fiscal.

Matías Rubio asumió ayer la defensa técnica del intendente de Allen y aseguró que Román negó que Ocampo «tomara decisiones en la municipalidad de Allen», como afirmó la denuncia presentada por el Tribunal de Cuentas de la ciudad en su presentación ante la Justicia Penal.

Sí reconoce Román, indicó su abogado, que Ocampo era su asesor externo por su conocimiento del mundo de los medios y la opinión pública. Sin embargo, rechazó que cobrara por esta función.

Ocampo figura en el decreto de investigación preliminar como partícipe del delito de peculado y por «usurpación de autoridad».

También adelantó que pese a que está siendo investigado y podría negarse a declarar, Román está abierto a declarar. Rubio indicó que la denuncia tomó por «sorpresa» al intendente. Además remarcó que no se realizó ningún allanamiento ni en el domicilio ni en la municipalidad en ámbitos relacionados con el jefe comunal de Allen.

Rubio ejerce la defensa de Román junto al letrado Fernando Ramoa. Indicó que recién hoy jueves pudieron acceder al legajo de la causa aunque aseguró que la Fiscalía, que lideran la fiscal jefa Graciela Echegaray y la fiscal María Celeste Benatti, solicitó ante el juez interviniente diez días de reserva pública de las actuaciones, para resguardar la información que se consiga.

Indicó que también le consta que los fiscales están realizando entrevistas a los funcionarios de la municipalidad de Allen.

Por ahora los abogados aseguraron que centran su trabajo en la causa por peculado a raíz de la sustracción del celular que denunció el Tribunal de Cuentas que Román realizó para dárselo a Ocampo.

A qué apunta la investigación contra el intendente Román y el empresario Ocampo en Allen

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Diario RÍO NEGRO accedió a la resolución de la fiscalía 4 mediante la cual se dio inicio a la investigación y que tiene a Román y a Ocampo como eventuales imputados por los delitos de peculado (artículo 261 del Código Penal) en calidad de autor para el jefe comunal y partícipe para el empresario, al que además se le suma el delito 246 inciso 1 que contempla al “que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente”.

Esta causa es la que motivó los allanamientos el jueves pasado en propiedades del empresario dueño de Radio Terapia y un sitio web, ambos afines a la gestión del libertario.

El hecho que se investiga no tiene una fecha precisa, pero se comprende en el período desde fines de 2023 hasta abril de 2025. Señala que en ese plazo el intendente Román “sustrajo un teléfono celular perteneciente a la municipalidad para uso de Sebastián Ocampo, empresario de medios de comunicación, quien no tendría ninguna vinculación laboral con dicho ente municipal”.

También la fiscalía afirmó que en ese mismo tiempo Ocampo “habría ejercido funciones públicas municipales sin nombramiento alguno expedido por autoridad competente”.

La investigación preliminar de la fiscalía se inició por la denuncia radicada por el Tribunal de Cuentas el 26 de junio pasado, con la firma de Florencia Torres Castaños y María Belén Villar, ambas integrantes del organismo, y del asesor letrado Ezequiel Martínez, aunque en la presentación también figuran los nombres de Matías Piergentili (presidente del cuerpo) y Facundo jara Godoy.

Los integrantes del organismo de control municipal señalaron que Ocampo “ejerce funciones propias del cargo de intendente del municipio de Allen sin tener la facultad legal para ello. Esto incluye la toma de decisiones en la gestión municipal, participación activa en reuniones de gabinete, decisiones sobre compras, contrataciones y asignaciones presupuestarias”.

El tribunal indicó que cuenta con testimonios que certifican la “existencia de este ejercicio irregular del cargo”, constató la existencia de la línea telefónica que utiliza Ocampo y que abona la comuna; y el pago de honorarios mediante publicidad a su radio y una supuesta triangulación de facturas a través de un empleado de sus medios.