Imputan a un policía de Roca por presuntas torturas contra un detenido: el agente brindó otra versión
Un agente policial de Roca fue imputado por la fiscalía por presuntas torturas a un detenido, quien lo acusó de haberlo atado y golpeado durante su estadía en la comisaría. El uniformado dio su propia versión de los hechos en plena audiencia.
El fiscal acusó a un agente de una comisaría de Roca por ejercer supuestas torturas contra un detenido que terminó con heridas en el rostro y el cuerpo. Foto Alejandro Carnevale.
La pareja de un hombre que se encontraba detenido denunció que lo ataron y lo golpearon en el sector de celdas. Todo sucedió en agosto del año pasado, mientras estaba alojado en la comisaría 31 de Roca. Terminó con lesiones visibles en el rostro, en los brazos y en el tórax, y fue trasladado al hospital. Esta mañana, la Fiscalía acusó formalmente a un agente de la Policía de Río Negro por el delito de torturas y lesiones. La defensa del uniformado sostuvo que el detenido se autoflageló, y que el imputado incluso tiene videos que lo demostrarían.
La audiencia de formulación de cargos se realizó este lunes en los tribunales de Roca. El juez de Garantías, Julio Martínez Vivot, tuvo por formulados los cargos y autorizó cuatro meses para la investigación. La fiscalía también solicitó que el policía imputado no pueda acercarse a la víctima y que se le prohíba realizar tareas operativas cerca de los testigos mientras se sustancia el proceso.
El caso, por su gravedad institucional, fue caratulado como torturas, en línea con el artículo 144 ter inciso 1 del Código Penal.
La denuncia y el relato de la víctima
El fiscal Gastón Britos Rubiolo explicó en la audiencia que el hecho ocurrió el 5 de agosto del 2024. Aunque no se logró precisar la hora, relató que se ubicaría en una hora cercana a las 19. La víctima estaba detenida por un hecho menor.
Si bien en un primer momento estaba en la subcomisaría 69 del norte de Roca, la dependencia policial no contaba con lugar de alojamiento y, por esa razón, fue trasladado a la Unidad 31.
Según la teoría fiscal, el policía imputado lo sacó del calabozo, lo llevó esposado a un pasillo, lo ató de pies y manos en la posición «chanchito», lo arrojó al piso y comenzó a golpearlo. Este episodio habría sido protagonizado junto a otros tres oficiales no identificados.
La denuncia sostuvo que la agresión fue reiterada, que el hombre estuvo indefenso, y que el acusado se valió de su rol de funcionario público para ejercer violencia.
La víctima fue trasladada al hospital dos días después. Cuando llegó, tenía lesiones en el rostro, en los brazos, en el tórax, y marcas visibles de haber estado atado. Según el MPF, el personal médico dejó constancia de que el detenido presentaba hematomas y excoriaciones, y activó el protocolo para este tipo de situaciones.
Imputación por torturas
El delito que se le imputó al cabo de la policía es el de torturas, previsto en el artículo 144 ter, inciso 1 del Código Penal. Se trata de una figura legal especialmente grave, que busca proteger la integridad física y psíquica de las personas privadas de su libertad, y cuya pena puede comenzar con un mínimo de 8 años de prisión.
La fiscalía sostuvo que la calificación está debidamente fundada en los elementos que ya obran en la causa: el parte médico del hospital, los testimonios de los otros detenidos que visualizaron el hecho y las imágenes que habría tomado la pareja de la víctima.
El representante del Ministerio Público aclaró que la investigación está en una etapa inicial, pero que ya hay elementos suficientes para presumir que el hecho existió, que fue cometido por el policía imputado, y que encuadra dentro del tipo penal de torturas.
La versión del policía: «Se autoflageló»
La defensa oficial del imputado, a cargo de Miguel Salomón, negó enfáticamente que se haya tratado de un caso de torturas. Sostuvo que el detenido estaba fuera de sí, que había estado alterado durante esos días y que incluso se golpeó contra una pared, mientras estaba esposado.
El acusado tomó la palabra durante la audiencia. «Todo inició con una notificación que le llegó al detenido», comenzó a relatar Victorica. El efectivo indicó que, desde el primer momento, le explicó la situación y lo que significaba esa notificación. «Él se negó a firmar», agregó.
Luego, aseguró que había informado al oficial de servicio la negativa, dejando el documento en el escritorio y que se acercó un compañero para reiterarle la situación. El acusado sostuvo que el detenido terminó firmando la notificación. Sin embargo, tras conversar con otros demorado, comenzó a pensar que lo que le dieron había sido una sentencia a la que él aceptaba todos los cargos que se le atribuían y se salió de control.
De esta manera, solicitó nuevamente la cédula de notificación, pero ya había sido enviada. «Ahí comenzó a golpearse. Yo poseo cuatro vídeos donde amenaza con ejecutarse y comienza a golpearse contra las rejas del cuartel», indicó el imputado.
Sobre las esposas que ataban las manos del detenido en un casco, relató que fue por «un tema de resguardo de su integridad física». «Él anteriormente se había cortado una ceja por los golpes, había arrancado los cables de una lámpara que estaba funcionando dentro del calabozo y amenazó con electrocutarse», argumentó.
El defensor detalló que su representado cuenta con grabaciones que serán ofrecidas en la investigación, y que demostrarían que nunca hubo un acto de tortura, sino que el detenido se autolesionó.
Medidas cautelares y tiempo de investigación
La fiscalía no pidió la prisión preventiva del policía, pero sí solicitó una serie de medidas cautelares. Entre ellas, la prohibición de acercamiento a la víctima y la prohibición de realizar tareas operativas cerca de los denunciantes y/o testigos.
El juez hizo lugar a todos los pedidos y fijó un plazo de cuatro meses para llevar adelante la investigación. En ese tiempo, la fiscalía reunirá pruebas, tomará declaraciones testimoniales, y analizará las imágenes de video que aportará la defensa.
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