Imputaron a cuatro policías por torturar y privar de manera ilegal de la libertad a dos adolescentes en Roca
El juez Julio Martínez Vivot admitió los cargos que la fiscalía formuló contra tres sargentos y una cabo de la Policía de Río Negro y habilitó que se investigue el hecho que ocurrió durante un procedimiento en J.J.Gómez. Rechazó la postura de las defensas que alegaron que se trata de un caso de presuntas vejaciones.
Los cuatro policías imputados por la fiscalía cumplían funciones al momento del hecho en la comisaría de J.J. Gómez (Roca)
“¿Qué pasa si yo te mato y te desaparezco?”, le dijo supuestamente un empleado policial a un adolescente la madrugada del 15 de junio pasado, en un sector de bardas en J.J. Gómez, en la zona oeste de Roca. El muchacho amenazado estaba con un compañero, que escuchó la amenaza. Habían sido demorados por personal policial que, en lugar de trasladarlos hasta la comisaría de J.J. Gómez, los llevaron a un descampado, donde presuntamente los torturaron.
El juez de garantías de Roca Julio Martínez Vivot admitió los cargos que el fiscal Gastón Britos Rubiolo formuló a los sargentos de la Policía de Río Negro Espinoza y Escobar, a la sargento Marilaf y la cabo Beltrán, informaron fuentes judiciales por el hecho que ocurrió la madrugada del 15 de junio pasado, que tuvo a dos adolescentes de 16 y 17 años como víctimas.
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que a Espinoza se lo acusó de ser el autor de los delitos de: “torturas en concurso ideal con lesiones leves calificadas por el carácter de funcionario policial, privación ilegal de la libertad con abuso de función y amenazas con arma”.
Las dos mujeres, Marilaf y Beltrán, fueron imputadas por ser partícipes necesarias del delito de “privación ilegal de la libertad con abuso de función” y ser autoras del delito de “omisión de denunciar tortura”.
Mientras que Escobar está acusado de ser partícipe necesario de “torturas en concurso ideal con lesiones leves calificadas por el carácter de funcionario policial, privación ilegal de la libertad con abuso de función y amenazas con arma”.
Los defensores particulares Marcelo Hertzriken Velasco, que asiste a Espinoza, y Ricardo Pérez, que representa a la cabo, y la defensora pública Flavia Rojas, por Antilaf y Escobar, se opusieron a la formulación de cargos y señalaron que se trata de un caso de supuestas vejaciones.
Sin embargo, el juez desestimó esos planteos. Aceptó la calificación legal provisoria que la fiscalía atribuyó al hecho y habilitó la investigación hasta el 2 de noviembre del 2025.
Una audiencia que se hizo en dos etapas
La audiencia había comenzado el lunes, pero el juez se tomó un cuarto intermedio e informó ayer su decisión.
Según la fiscalía, los cuatro policías fueron esa madrugada hasta un playón deportivo del barrio Alta Barda por quejas de vecinos que denunciaron ruidos molestos. Cuando llegaron, uno de los policías disparó al aire cartuchos con postas de goma para dispersar a los jóvenes. Dos se quedaron y fueron arrestados.
El fiscal sostuvo que hicieron subir a los adolescentes al móvil policial y “los llevaron a un descampado privándolos ilegítimamente de su libertad al no haberlos conducido a la unidad policial”. Dijo que en ese lugar, uno de los policías les pegó.
Según el fiscal, las dos mujeres policías les decían que frenara su accionar, mientras el otro sargento “observaba callado”.
Uno de los sargentos imputados les dijo a los adolescentes que corrieran y tiró con la escopeta hacia los pies de los dos jóvenes. Uno de ellos “sufrió una herida en el muslo izquierdo por el impacto de un perdigón”, relató el fiscal.
Dijo que el accionar habría continuado con una frase que el mismo empleado policial les dijo a ambos menores: “¿Qué pasa si yo te mato y te desaparezco?” mientras habría tenido el arma cargada. “Todo culminó cuando los chicos pudieron escapar hacia la zona de las sierras, donde permanecieron ocultos”, concluyó la acusación fiscal.
Para sostener los cargos, el fiscal mencionó que contaba con las denuncias penales de las familias de ambos adolescentes, las entrevistas que hicieron en la fiscalía, los certificados médicos de las víctimas y el parte diario de la guardia de la comisaria de J.J. Gómez, la identificación del vehículo involucrado, las Cámaras Gesell y los informes de las profesionales del Cuerpo de Investigación Forense (CIF), entre otras evidencias.
El juez les impuso a los imputados la prohibición de acercamiento, de contacto a 100 metros y de hostigamiento tanto a las víctimas como a los testigos.
Para la defensa no hubo torturas
«Nosotros entendíamos que sigue siendo vejaciones el delito a investigar y no torturas. Pero el juez rechazó esa pretensión diciendo que los efectivos policiales tendrían que haber denunciado el hecho con posterioridad», señaló tras la audiencia Hertzriken Velasco.
Advirtió que «hay entre 9 mil y 30 mil desaparecidos y por cada uno de esas desapariciones no hubo sola denuncia de las fuerzas de seguridad ya sea provinciales o de las tres fuerzas armadas que denunciaran a superiores o a colegas por la práctica de la desaparición».
Para el defensor, «no se compadece con la realidad, lo que nos propone Martínez Vivot con la practica inveterada de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas«. «La hipótesis que nos propone no se compadece con la práctica de las fuerzas de seguridad», insistió.
«Son vejaciones que merecen ser investigadas, creo que hay un error investigativo de mi representado», indicó y respecto a qué grado de participación le cupo en el proceso.
Planteó que la fiscalía «se propone una hipótesis que muy probablemente sea modificada con posterioridad y desincriminada una de las personas». Respecto a la postura del juez, enfatizó su punto de vista diferente: «Que (los policías) salgan a denunciar a sus superiores, en principio, es cuanto menos disparatado no acontece en la práctica habitual».
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