Investigan accionar de dirigentes barriales de Neuquén: le formularon cargos a dos mujeres

Los delitos por los que serán investigadas van desde amenaza hasta la privación ilegítima de la libertad. Un juez dio cuatro meses para las causas.

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén, avanzó judicialmente contra dos mujeres reconocidas como vecinas dirigentes de un barrio de la capital. La fiscal Valeria Panozzo le formuló cargos a ambas esta semana.

Las vecinas viven en el barrio Ruca Antú, cerca del Parque Industrial de Neuquén y fueron indicadas por acciones realizadas en contextos de reclamos al gobierno municipal y provincial. Una de las acusadas está vinculada a una medida de fuerza realizada el 15 de junio de 2022 que impidió la reparación de un transformador de la cooperativa de luz CALF. Algo que habría «obstaculizado la prestación de un servicio público».

Según explicó la fiscal «la cooperativa había suspendido el suministro y era necesario efectuar el reemplazo para reactivarlo». La acusada en ese momento había colocado una silla y bloqueó el paso del personal técnico de la cooperativa.

Los hechos atribuidos a la mujer se encuadran en el delito de entorpecimiento del servicio público, en calidad de autora. El juez de garantías dispuso un plazo de investigación de 4 meses.


Investigan accionar de dirigentes barriales de Neuquén: una de las mujeres quedó ligada a otros hechos


Panozzo además, amplió cargos este viernes. A la misma mujer implicada en el incidente del transformador pero también a una segunda, del mismo barrio. En este caso, se les adjudicó el delito de amenazas simples.

Durante la audiencia, la fiscal explicó que ambas indicadas habrían amenazado a una funcionaria del Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo (IPVU) y de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), cuando participaban de una reunión de trabajo para tratar problemáticas del sector. Esta situación se dio el 11 de junio de 2022. Panozzo encuadró los hechos en el delito de amenazas simples.

A una de ellas también se la vinculó en otro hecho con amenazas. Esta vez, contra un representante del IPVU y uno de la subsecretaría de Seguridad acudieron al barrio a partir de un corte que los vecinos realizaron en un tramo de la Ruta Provincial N°7.

“En un momento, al no obtener la repuesta que buscaba, la mujer comenzó a llamar a otros vecinos para que ingresaran a la reunión, y amenazó al funcionario para que firmara documentación”, relató la funcionaria judicial y detalló que esa situación se extendió de las 14 a las 21 horas, cuando se le permitió salir del lugar en el que se desarrollaba la reunión.

En este caso, la formulación de cargos encuadró en los delitos de privación ilegal de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas, en carácter de coautora. El juez de garantías que dirigió ambas audiencias tuvo por formulados los cargos y fijó el plazo de la investigación en 4 meses.


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