Jury contra el juez Villegas: el cambio físico de la víctima y la sospecha de un concurso «arreglado»

Se realizaron los alegatos de cierre. Previamente dos representantes del sindicato de judiciales de Neuquén, Sejun, expusieron en calidad de "amicus curiae".

-Cuando llegó era llamativa su forma de vestir. Yo me la encontré en la vereda de la calle y venía con una pollera media corta y yo no sabía que trabajaba en el juzgado, sinceramente, y dije: «¡Ay esta chica cómo va andar así en Rincón de los Sauces!», porque es un pueblo difícil para vivir. Y resulta que después entro al juzgado y ahí me entero que ella era «la pro» de Familia que había empezado. Era de vestirse bien.

-¿Este estilo lo mantuvo en el tiempo?

-No.

El que pregunta es el fiscal jefe, Pablo Vignaroli, y la que responde es una de las exempleadas del juzgado de Sebastián Villegas, el juez acusado de haber acosado sexualmente y maltratado a Soledad Garayo, que en febrero de 2017 había asumido como prosecretaria.

La trabajadora judicial declaró ante el jurado de enjuiciamiento que deberá resolver si el magistrado es responsable de mal desempeño en sus funciones.

La testigo manifestó que notó un cambio físico en Garayo: aumentó de peso y comenzó a usar ropa oscura. Cuando se la encontraba en la cocina del juzgado mencionaba que tenía problemas de salud. Lo mismo afirmó otra exempleada de Villegas que señaló que la funcionaria entró «fresca y joven» y acabó «toda vestida de negro».

Ambas mantenían un buen vínculo con el juez, cuyo juzgado en ese momento también abarcaba el fuero de Familia, además del Civil. La relación se quebró cuando se abrió un concurso y él era parte de la mesa examinadora. Quien quedó en el primer puesto obtuvo una calificación de 9,98. El puntaje casi perfecto llamó la atención y encendió la sospecha. Esto ocurrió en 2017.

Al año siguiente encontraron un mail y un documento en el que estaba el examen hecho y corregido, con anotaciones de las que solía hacer Villegas. Se inició una investigación que terminó con una resolución del área de Gestión Humana del Poder Judicial que no advirtió ninguna irregularidad.

Las empleadas coincidieron en que el juez era de «hablar mal» del resto del personal, y de tratarlos de «vagas, vagos, gorda, burra». Se refirieron al clima de tensión entre la funcionaria y el juez, que era evidente.

Justamente la trabajadora que logró el 9,98, y que aún es empleada en el juzgado, fue ofrecida como testigo de la defensa. Planteó que Garayo usaba términos ofensivos -racistas y homoodiantes- para referirse a los empleados.

Hoy fueron los alegatos de cierre. La fiscalía pidió que el juez sea removido del cargo y la defensa sostuvo la absolución. Previamente expusieron ante el jurado el abogado del sindicato Sejun, Federico Egea, y la subsecretaria Micaela Guzmán, en calidad de «amicus curiae» (amigo del tribunal).

La abogada que «no toleraba el maltrato»


En 2017 el estudio Sánchez Salas realizaba los exámenes preocupacionales para el Poder Judicial. La psicóloga que trabajaba allí, Gabriela Saleh, y que elaboró el informe de Garayo dijo que la profesional mostraba «mucha motivación por iniciar su carrera». Afirmó que tenía las aptitudes para desarrollar el puesto de prosecretaria al que se había presentado. Remarcó que no identificaba «patologías manifiestas» y que la abogada «no toleraba el maltrato»: ni de jefes ni de pares.

Lo mismo aseguró la psicóloga del departamento de Salud Ocupacional del Poder Judicial, María Victoria Aichino, que revisó el informe que envió el estudio Sánchez Salas y entrevistó a Garayo. Indicó que el perfil era el de una persona «activa, prolija, que se centraba en los detalles, que podía planificar, que podía ejercer un rol de liderazgo» y eso lo pudo constatar en el encuentro con ella.

Aichino recordó que la volvió a ver a la funcionaria en 2019, ya que una de las tareas del departamento es acompañar a quienes se encuentran de licencia psicológica. Allí le sugirió que hiciera una interconsulta con un psiquiatra.

La defensa de Villegas intenta demostrar una y otra vez que la denunciante no estaba capacitada. Ayer llevó al límite su estrategia cuando la abogada Iris Sandoval le consultó al psicólogo retirado Daniel Sánchez Salas si era «normal» que «un universitario escriba la palabra yendo con ll». El presidente del jurado, Evaldo Moya, no hizo lugar a la pregunta.

El dato

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testigos declararon en las dos jornadas de juicio. Antes de los alegatos expondrán representantes de Sejun.

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