La causa de «Los Huemules» por el viaje y estadía en Lago Escondido se investigará en Comodoro Py
Así lo resolvieron este jueves los jueces de la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, que pusieron fin a la disputa por la competencia. En consecuencia, la investigación por las supuestas dádivas a funcionarios judiciales y jueces federales no seguirá en el juzgado de Bariloche.
El magnate inglés Joe Lewis compró tierras en zona de seguridad de frontera en 1996 y ahora se analiza su nulidad. Archivo
La investigación para determinar si jueces y funcionarios judiciales, el exministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D´Alessandro, cometieron los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de recibir dádivas se tramitará en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2 de Comodoro Py. Se trata de la causa por el polémico viaje de ese contingente de funcionarios públicos a la estancia Lago Escondido, del magnate inglés Joe Lewis, ubicada a unos 100 kilómetros al sur de Bariloche.
Así lo resolvieron este jueves los jueces de la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Antonio Petrone y Diego Barroetaveña, que pusieron fin a la disputa por la competencia.
En consecuencia, el juez federal Gustavo Villanueva, que subroga el juzgado federal de Bariloche, ya no podrá investigar los hechos denunciados. Tampoco, la fiscal federal interina de esta ciudad Cándida Etchepare, quien había pedido el 6 de diciembre pasado a la exjueza federal Silvina Domínguez (que se jubiló) iniciar la investigación.
Petrone y Barroetaveña aceptaron la excusación que había planteado el tercer integrante de la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques, quien es uno de los involucrados en la causa por el viaje a la estancia Lago Escondido.
Los camaristas señalaron en la resolución -a la que RÍO NEGRO accedió- que el 16 de marzo pasado la Sala 2 de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, integrada unipersonalmente por el magistrado Eduardo Farah, había resuelto “dar por trabada la cuestión de competencia con el juzgado federal de Bariloche y elevar el legajo” a la Cámara Federal de Casación Penal para que la dirima.
“Analizados los antecedentes reseñados en las piezas procesales a las que se tuvo acceso de la compulsa del sistema informático LEX100, puede entenderse que la cuestión ya fue resuelta por la Cámara a quo (por la resolución de Farah)”, argumentaron Petrone y Barroetaveña.
“Por las razones antes expuestas y compartiéndose además el criterio sentado por el magistrado de la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, corresponde declarar competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2 para entender en las actuaciones que motivaron el pedido de inhibitoria”, sostuvieron los jueces.
Ejercen funciones en CABA
Por eso, la causa se tramitará en el juzgado federal 2 de Comodoro Py, a cargo del magistrado Sebastián Ramos, tal como lo habían solicitado los abogados Mariano Cúneo Libarona y Augusto Garrido, defensores del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, que es otro de los sospechados.
Farah les dio la razón a los abogados de Yadarola, en un fallo que dictó el 1 de febrero pasado, en el que revocó la resolución del titular del Juzgado federal 2 de Comodoro Py que había rechazado solicitar al Juzgado Federal de Bariloche que se inhiba de seguir entendiendo en la causa y que la remita a ese juzgado de la Ciudad Autómoma de Buenos Aires (CABA).
“Se sabe -sin debate o duda al respecto- que todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad; todos los asuntos que -se dijeron- conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante en esta sede territorial; si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos (etc.), los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí (por CABA)”, afirmó Farah, juez de la Cámara Federal porteña.
“Frente a un contexto como el descripto (que es el relatado tanto por los ciudadanos que denunciaron ante el juzgado 2 de este fuero y el juzgado federal de Bariloche a raíz de publicaciones periodísticas, como por el Ministro de Justicia (Martín Soria) y las fiscalías de primera y segunda instancia que intervinieron en ambas sedes), es notorio que las circunstancias que son dirimentes para la solución del tema tienen una nota en común: habrían acontecido en esta Ciudad de Buenos Aires”, sostuvo Farah. Los camaristas Petrone y Diego Barroetaveña coincidieron con ese criterio.
Los hechos a investigar
La fiscal federal interina de Bariloche pidió el 6 de diciembre pasado investigar al juez federal Julián Daniel Ercolini, al fiscal general de la CABA, Juan Bautista Mahiques, al exministro D´Alessandro, al juez nacional en lo contencioso administrativo Federal Pablo Gabriel Cayssials, a Mahiques, Yadarola, a Leonardo Bergroth, a Tomás Reinke, presidente de Mediabit SA, al directivo del Grupo Clarín Pablo César Casey, y a Jorge Carlos Rendo, presidente de Grupo Clarín SA.
Etchepare relató en la acusación que los pasajeros Ercolini, Bergroth, Reinke, Mahiques, D’Alesandro, Carlos Alberto Mahiques, Yadarola y Cayssials se trasladaron el 13 de octubre pasado desde Buenos Aires hasta Bariloche en un avión privado de la empresa “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA”.
En el aeropuerto de Bariloche los esperaba el administrador de la estancia Nicolás Van Ditmar, quien ya declaró en sede judicial. “Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la PSA”, indicó en la imputación.
El vuelo y la estadía de los funcionarios públicos en la estancia Lago Escondido trascendió a los pocos días en algunos medios de Buenos Aires, pero el escándalo cobró mayor relevancia por las filtraciones obtenidas por hackeo de unos chats atribuidos a algunos de los involucrados en la causa que habían creado el grupo «Los Huemules», en la aplicación Telegram.
En esas comunicaciones reservadas los sospechosos tejieron presuntamente una estrategia para explicar los motivos del viaje y la estadía en la estancia. Etchepare había solicitado a la exjueza Domínguez que ordenara la entrega de celulares de todos los implicados. También había observado posibles irregularidades en las facturas rendidas por la estadía.
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