Se abre un conflicto entre jueces en la causa por el viaje de Los Huemules a Lago Escondido

En el juzgado de Bariloche analizan plantear un conflicto de competencia. La decisión de llevarse el expediente a Buenos Aires fue de una cámara sin injerencia en la Patagonia.

La investigación por dádivas o cohecho que pudieran haber cometido jueces, fiscales y funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires por un viaje turístico a la estancia Lago Escondido, se mantiene por ahora en el Juzgado Federal de Bariloche a pesar de que un camarista porteño ordenó su traslado a la fortaleza de Comodoro Py.

La denuncia de un abogado de Roca, Marcelo Hertzriken Velasco, ante el Juzgado Federal de Bariloche abrió la investigación, pero en Buenos Aires, uno de los imputados, el ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, Marcelo D’Alessandro, hizo una presentación por el hackeo de su celular.

Los detalles del viaje se conocen, precisamente, porque de ese hackeo surgen las conversiones de chat entre los integrantes del grupo que fue a Lago Escondido, que se llamaban a sí mismos Los Huemules.

Además de D’Alessandro, en el juzgado de Bariloche investigan a los jueces Pablo Yadarola (Penal Económico), Julián Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Carlos Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal) y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal). También aparecen el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques. Los Huemules se completan con un exagente de inteligencia durante la gestión Cambiemos Leonardo Bergroth; el presidente de Mediabit SA, Tomás Reinke, y los ejecutivos del Grupo Clarín Pablo Casey y Jorge Rendo, que según la denuncia fueron los que invitaron a la excursión, que fue a mediados de octubre. 

Lago Escondido es una estancia que pertenece al multimillonario inglés, con domicilio en Bahamas, Joseph Lewis.

La apelación sobre la competencia jurisdiccional para entender en la causa, Bariloche o Comodoro Py, llegó hasta la Cámara Federal Criminal de Buenos Aires. Uno de sus integrantes (son asuntos que decide un solo camarista), Eduardo Farah, dijo que como los acusados son funcionarios en la ciudad de Buenos Aires y que, si cometieron un delito, tuvo lugar también en suelo porteño, la causa no debe permanecer en la Patagonia y debe concentrarse en el juzgado de Sebastián Ramos, que es el que archivó en plena feria judicial la denuncia contra Silvio Robles, vocero del miembro de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, y D’Alessandro, sobre la base de conversaciones de otro chat.

El juez Ramos, en cumplimiento de lo que dispuso Farah, le pidió ayer al juzgado federal de Bariloche la «inhibitoria» del tribunal en esta causa.

Fuentes judiciales le dijeron ayer a RÍO NEGRO que lo más probable es que el juez Villanueva no acepte la «inhibitoria» y que se plantee un conflicto de competencias que terminará resolviendo la Cámara Federal de Casación, otro miembro de Comodoro Py.

 


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