La Justicia presiona al Gobierno de Javier Milei y ordena ejecutar la ley de financiamiento universitario
La medida cautelar dictada en primera instancia fue confirmada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal quien calificó los argumentos el Poder Ejecutivo como "pocos serios".
Ley de financiamiento universitario. Foto: Archivo Cecilia Maletti.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno y confirmó la medida cautelar que ordena la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Educativo Universitario y Recomposición del Salario Docente.
La Justicia remarcó que los argumentos presentados por el Poder Ejecutivo son «pocos serios» y aseguró que el impacto fiscal de la medida es bajo.
Fallo clave por la ley de financiamiento universitario
La medida cautelar exige puntualmente que la administración pública debe cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795. Los mismos refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley que fue en septiembre del 2025. También pide la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantearon que resultan pocos serios los fundamentos que presentó el Estado. Además resaltaron que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no afecta sustancialmente al interés público, por el contrario remarca que entra en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.
La cautelar se había dictado en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, tras una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. La presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.
En ese entonces el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 -que suspendió la ejecución de la Ley 27.795- tenía rasgos de «arbitrariedad e ilegalidad manifiesta». También sostuvo que existía una «inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico» ante la demora.
Sin embargo, el Gobierno calificó la decisión judicial como «arbitraria» y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno y confirmó la medida cautelar que ordena la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Educativo Universitario y Recomposición del Salario Docente.
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