Las denuncias contra el poder casi no avanzan en Bariloche
Dirigentes de la oposición formularon varias denuncias sobre la administración del intendente Gennuso, pero chocaron con la postura negativa de algunos fiscales. "Garantizan la impunidad", dijo uno de los denunciantes.
Las denuncias presentadas por dirigentes de la oposición contra la administración del intendente Gennuso no avanzaron. (foto archivo)
En el Ministerio Público Fiscal de Bariloche hay causas que avanzan con rapidez y otras que lo hacen con freno de mano. Cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en Río Negro se destacó que entre sus cualidades estaba la celeridad y la publicidad de los actos. Sin embargo, las denuncias contra aquellos funcionarios que están en el poder de turno en muchas ocasiones quedan congeladas.
Concejales y dirigentes de la oposición presentaron varias denuncias en el último tiempo por supuestas irregularidades en la administración que encabeza el intendente Gustavo Gennuso. Esos legajos quedaron dormidos. Se desconoce si el fiscal Guillermo Lista que concentró varias de esas denuncias pudo recolectar evidencias en la etapa de averiguación preliminar. También otros funcionarios del Ministerio Público Fiscal recibieron presentaciones similares.
El concejal electo por el partido Incluyendo Bariloche Leandro Costa Brutten hizo numerosas denuncias para que se investigue la presunta comisión de delitos en la administración de Gennuso. Recordó que ninguna prosperó.
Relató la denuncia que hicieron a mediados del año pasado, cuando el municipio contrató al grupo La K´onga por 14 millones de pesos, que actuó en la Fiesta Nacional de la Nieve. Recordó que el municipio de Neuquén lo había contratado por 3 millones de pesos más IVA para la Fiesta de la Confluencia, que se hizo en febrero del 2022.
Costa Brutten indicó que presentaron en la fiscalía “evidencia de la triangulación, porque los 14 millones de pesos el municipio se los dio en forma directa a la empresa Vemm SRL, de Bariloche, para que contrate al grupo La K´onga”. “Investigamos esa empresa que era una sociedad que tiene una persona con un capital mínimo”, señaló el concejal electo.
Otra denuncia al olvido
“Denunciamos la compra directa millonaria de la comida en la época de la pandemia que el municipio hizo con La Varense por un valor más caro”, mencionó. Dijo que el Ejecutivo municipal explicó en esa ocasión que compraban a esa empresa porque la que cotizaba más barato tenía demora en la entrega de algunos de los productos de las cajas alimentarias, que desde el área de Desarrollo Social dieron a familias en situación de riesgo social en ese tiempo de crisis por la pandemia causada por la covid-19.
Otra denuncia que formuló fue por direccionar pagos desde el municipio al Emprotur, que es un ente mixto. “Había actas donde habían hecho pagos y en libro también había hojas en blanco”, indicó. Dijo que en ese momento denunciaron al presidente del Ente, que es el secretario de Turismo municipal, Gastón Burlón, y a la vicepresidenta, Julieta Rimoldi.
“También denunciamos el contrato entre el municipio y Mi Bus (Transporte Amancay SRL) cuando retiraron varios colectivos entre gallos y medianoches”, destacó. La empresa había comprometido cien unidades para la prestación del servicio en Bariloche, pero retiró a principios de 2019 un grupo de colectivos.
“Los fiscales Inti Isla, Guillermo Lista y Tomás Soto son garantes de la impunidad”, sostuvo Costa Brutten. “La metodología es no acusar”, afirmó.
“Alegan que la vía administrativa no está agotada, cuando lo que estamos planteando es un delito”, sostuvo. “Eso es lo primero que hacen para garantizar la impunidad”, indicó.
Cuestionó además que recurren al jefe de fiscales Martín Lozada para que revise las actuaciones de los fiscales que desestimaron las denuncias y “no realiza ninguna medida útil para controlar”. “Lozada ratifica justificando la inacción de sus fiscales”, planteó. “Las demoran sistemáticamente las causas, hay una dilación”, manifestó.
Ahora, cuando la denuncia es contra la gente de a pie, ahí los fiscales son implacables, patean puertas, dan notas a la prensa”.
Leandro Costa Brutten, concejal electo Incluyendo Bariloche
“Dejan pasar el tiempo, no disponen medidas. Usan copia y pega para alegar que no agotamos la vía administrativa”. No hay secuestro de documentación, de celulares”, observó. “Son decisiones políticas más que técnicas”, opinó Costa Brutten.
Río Negro intentó ayer comunicarse con Lista, pero no respondió. Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que en las guardias solo se cubren temas del fin de semana. Indicaron que para notas de seguimiento hay que esperar hasta hoy.
Un hecho que hizo mucho ruido
Una de las denuncias que más ruido hizo la presentaron el 2 de noviembre del 2022 la concejal del Frente de Todos Julieta Wallace y el miembro del Tribunal de Contralor por la oposición Estanislao Cazaux. Pidieron a la fiscalía que investigue si el intendente y su gabinete formaban parte de una supuesta asociación ilícita.
La denuncia la hicieron a partir de las declaraciones que hizo la entonces subsecretaria de Gestión Urbana del municipio de Bariloche, Viviana Gelain, después de que el intendente le pidiera la renuncia a finales de octubre del año pasado.
Gelain estaba a cargo de Obras Particulares, un área sensible dentro de la estructura municipal por donde pasan los expedientes de los proyectos urbanísticos y desarrollos inmobiliaros, como viviendas unifamiliares o edificios.,
Gelaín se marchó, pero antes prendió el ventilador. “Capaz ha sido un escollo en algún aspecto”, sostuvo en Radio Seis en ese momento. “Cortito y claro: dentro del esquema recaudatorio. Yo trabajo de una manera transparente, honesta y apoyada en los técnicos para resolver las cuestiones de todos los días y las grandes también”, reveló.
Y cuando le pidieron precisiones, deslizó que se refería otros circuitos. “Si tuviera la prueba en mi mano. Voy y la denuncio. Lo que tengo para decirles es que esos circuitos existen”, aseguró. “No he avalado, ni he aceptado sumarme y sé que gente, mucha, está juntando las pruebas para hacer las denuncias correspondientes”, destacó.
La revelación causó un gran revuelo en la ciudad. Pero en la fiscalía se desconoce que pasó. Nunca se informó que sucedió con la denuncia. Ni las averiguaciones hechas.
Ninguna prosperó
“Ninguna de las denuncias avanzó”, manifestó a este diario Cazaux. “Ni las que hice, ni las que hizo Wallace, ni las de Leandro Costa Brutten”, señaló. “Una denuncia de la Fiesta de la Nieve fue porque un sonidista manifestó en una radio que le habían hablado de sobornos”, rememoró.
Otra fue por el uso indebido “que le habían al canil para las castraciones”. “Lo de Gelaín que manifestó que habían un sistema de recaudación paralela que tampoco avanzó”, comentó Cazaux. Tampoco, agregó, las denuncias por el mal funcionamiento del vertedero municipal.
"Cuando hay una persona imputada contraria al Gobierno van con todo"
El concejal electo Leandro Costa Brutten lamentó que sin acusación fiscal “nos niegan la posibilidad de ejercer el control judicial” de los actos de la administración municipal.
Recordó que el Código Procesal Penal de la provincia habilita la acusación privada, pero “necesito agotar todo este procedimiento primero y que me lo autorice un juez. Así pasan tres o cuatro años y se van de la gestión”. “Los fiscales aseveran que no hay delito, se arrogan la facultad del juez”, enfatizó.
En su opinión, “hay una protección y en ese mecanismo de impunidad está con fiscales que no avanzan con las investigaciones”.
“En la denuncia por la contratación de La k´onga me presenté a los tres meses a pedir el expediente y no se había hecho ninguna medida útil”, recordó.
“Por supuesto que cuando hay una persona contraria al gobierno denunciada van con todo”, expresó. “Pero cuando hay una denuncia contra el poder no actúan”, aseveró.
La querella tendrá que investigar un caso resonante
El Tribunal de Impugnación de la provincia resolvió admitir la queja presentada por la querella y, en consecuencia, revocó la decisión del juez de Bariloche, Juan Martín Arroyo, que había dejado sin efecto la resolución de su colega Víctor Gangarrossa, quien había aceptado la conversión de la acción penal pública en privada.
Por eso, los jueces del TIP Miguel Ángel Cardella y Carlos Mussi validaron la conversión de la acción pública en privada contra Domingo Nicolás Di Tullio Honrado para que la querella siga adelante con la investigación por presunta administración fraudulenta.
Los jueces del TIP recordaron que Arroyo decidió hacer lugar al pedido de la defensa del imputado y revocó la decisión de Gangarrossa en cuanto tuvo por admitida la conversión de la acción penal pública en privada. Contra esa decisión, la parte querellante interpuso un impugnación, que fue declarada admisible.
Indicaron que en la audiencia participaron el representante del Ministerio Público Fiscal, César Inti Isla, por la parte querellante la doctora Magdalena Sanguinetti y el doctor Juan Ignacio Sarmiento, en carácter de apoderados de Boudourian, y por la defensa Martín Domínguez, junto con su asistido, Di Tullio Honrado. «Al inicio de la audiencia, el Tribunal permitió el retiro del Fiscal, quien manifestó su desinterés en participar del caso», mencionaron en la sentencia que dictaron el 11 de octubre pasado, pero que se publicó días atrás en la página oficial del Poder Judicial provincial.
Recordaron que la querella indicó que el 3 de agosto del 2022 Fernando Boudourian formuló denuncia penal mediante la cual le atribuyó a Di Tullio los delitos de defraudación por retención indebida y administración fraudulenta.
Aclaró que la maniobra que buscan investigar “es si Di Tullio cedió los boletos de compraventa una vez que le fue revocado el poder y se le intimó la restitución, y, además, si se quedó con el producido de esa operación”.
La querella indicó que “la maniobra defraudatoria es clara y el perjuicio patrimonial también”, pero “el Ministerio Público Fiscal no hizo una investigación y desestimó la denuncia”.
La querella puede continuar con la investigación
“Que la fiscalía afirme que no hay delito no compromete el desempeño de la querella de continuar con la investigación”, afirmaron Cardella y Mussi. «Nuestro sistema procesal dispone que la víctima de un delito tiene derecho a la tutela judicial efectiva y a participar del proceso penal, como también de la ejecución penal en forma autónoma y gratuita, en igualdad de armas con las otras partes», destacaron.
“La facultad le fue establecida a la víctima mediante ley y en esa división de roles la querella se pone el saco del MP Fiscal. Tampoco hay dispendio jurisdiccional cual la querella asuma la responsabilidad de iniciar una investigación que no puede llevarle más de seis meses y en ese interín debe pasar su labor por el filtro de la formulación de cargo y luego por el control de la acusación si pretende llevar a la persona acusada a juicio”, indicaron.
Cardella y Mussi mencionaron que luego de la denuncia, «Fernando Boudourian se constituyó en querellante, y cuando el MP Fiscal entendió que el hecho no constituía un delito le pidió la revisión de la desestimación que posteriormente fue confirmada por el fiscal jefe».
«Esa decisión lo habilitó a peticionar ante un juez la conversión de la acción penal pública en privada y continuar con el ejercicio de la acción penal en forma autónoma, con la atribución procesal de continuar con la investigación», explicaron.
Indicaron que en la audiencia del 14 de junio pasado, el juez Gangarrosa » del presente año el juez de garantía «hizo lugar al pedido de conversión de la acción pública en privada contra Domingo Nicolás Di Tullio Honrado; cuando la determinación de la fiscalía que no hay delito no obliga al juzgador ya que en los delitos de acción pública, la víctima está habilitada para llevar adelante la persecución penal aun cuando la fiscalía tenga por desestimado el caso».
«De tal manera, la petición fue correctamente resuelta por el juez de Garantías, en tanto la víctima estableció su legitimación previa cuando estaba constituido en parte querellante de acuerdo a la doctrina del Superior Tribunal», enfatizaron. Pero la defensa impungó lo resuelto por Gangarrosa y Arroyo dejó sin efecto la decisión el 31 de julio último. Por eso, la querella recurrió ante el Tribunal de Impugnación provincial.
Sin embargo, Cardella y Mussi concluyeron que la decisión de Arroyo fue “arbitraria por prematura cuando no se le permite a la parte desarrollar su teoría del caso para iniciar su investigación”.
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