Lo condenaron a 4 años y 6 meses de prisión por haber cometido 39 estafas inmobiliarias en Villa La Angostura

“Parece que la Justicia tiene que dar penas ejemplares,  pero la ley nos obliga a dar sentencias justas y eso es lo que tenemos que hacer y no podemos nosotros dejarnos llevar por sentimientos,  sensaciones”, explicó el juez Federico Sommer. Entre el público, que estaba en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura, había víctimas de las 39 estafas cometidas por Ramiro Fernández, que admitió su culpa. 

“Tenemos que ser respetuosos del dolor, reconocer que cada uno de los boletos de compra venta celebrados no fueron negocios, fueron estafas, fueron engaños, pero tenemos que dictar una sentencia justa con lo que nos obliga la ley”, remató Sommer, en su condición de presidente del tribunal, integrado además por la jueza Alina Macedo Font y su par Maxiliano Bagnat.

Las víctimas habían escuchado el veredicto del tribunal, que condenó este viernes a Fernández, a 4 años y 6 meses de prisión e  inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena para administrar bienes ajenos y realizar cualquier operación inmobiliaria. 

“No hay ninguna discrepancia entre nosotros tres sobre la solución  justa del caso”, afirmó Sommer. Recordó que el objetivo de las cuatro audiencias de juicio “no fue determinar si Ramiro Fernández es culpable o no”. “Es culpable”, aclaró.

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Bagnat informó los lineamientos generales de la sentencia. Recordó que el 14 de marzo pasado se lo declaró culpable a Fernández, quien admitió haber sido responsable de 36 hechos de estafa y 3 hechos de desbaratamiento de derechos acordados, a partir de un acuerdo con la fiscalía, con el aval de las dos querellas y la defensa. Solo había quedado pendiente determinar la pena.

Por eso, se hizo el juicio de cesura esta semana en Villa la Angostura. Declararon casi treinta víctimas de las estafas. La mayoría son vecinos del acusado y algunos hasta dijeron que eran amigos. Varias víctimas afirmaron que Fernández les arruinó el sueño de la casa propia. Y que perdieron los ahorros de su vida.

 El fiscal de Villa La Angostura Adrián De Lillo había pedido 7 años y 6 meses de prisión para el acusado. Los abogados Guillermo Hensel y Lorena Miani, en representación de varios querellantes, habían requerido 12 años de prisión. También la inhabilitación y una multa proporcional al monto total de las defraudaciones. El defensor particular Martín Rodríguez había planteado que sea condenado a 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional.

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El tribunal reprochó los montos de pena solicitados por el fiscal y los querellantes. Señaló que el máximo previsto en el Código Penal para el delito de estafa es de 6 años de prisión. Pero la fiscalía y las querellas habían remarcado que no se trataba de una estafa simple. Plantearon el concurso de delitos por las 39 defraudaciones. 

“Partiendo del mínimo legal de un mes de prisión, entendemos que este monto tiene que elevarse en la justa medida a partir de los agravantes que están acreditados como la pluralidad de las víctimas, ampararse en su posición profesional, la especial vulnerabilidad de las víctimas y el desprecio de Fernández por ellas, y la extensión del daño”, afirmó Bagnat.

El tribunal valoró como atenuantes la ausencia de antecedentes condenatorios del acusado, la aceptación de la responsabilidad, el arrepentimiento demostrado y que trabaja, porque no está detenido.

Los jueces descartaron los agravantes de la prolongación temporal, que había pedido De Lillo porque advirtió que las estafas se cometieron desde 2020 hasta diciembre del 2023. El tribunal consideró que las estafas fueron ejecutadas “en un lapso” que no excede un “normal plazo”.

Tampoco valoraron como agravante las maniobras sofisticadas perpetradas por el acusado, ni la planificación, la premeditación y el ardid. “Todo esto está vinculado al abuso de confianza que ya esta dentro de lo que es el tipo penal en lo que es la defraudación”, afirmó Bagnat.

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De Lillo advirtió en su alegato, que hizo en la audiencia del jueves, que cada una de las 39 operaciones defraudatorias ascendían a un monto total de 961.500 dólares.

«Nosotros pudimos establecer estos 39 hechos, pero hubo más hechos», afirmó el fiscal. Recordó que todo lo que se trató en la audiencia de responsabilidad, que se hizo en marzo pasado, cuando el acusado admitió su culpa, «fue todo acreditado mediante la documentación pertinente». Pero «hubo muchos casos, señores jueces, en once de ellos tuvimos que pedir su sobreseimiento no porque los hechos no hubieran ocurrido, sino porque nosotros nos encontramos en la etapa posterior con dificultades para la obtención de la información y poder probar los hechos con la seriedad que corre en cabeza del Ministerio Público Fiscal, pero este no fue el monto total fue mucho mayor», insistió De Lillo.
 

Sin embargo, el tribunal no estuvo de acuerdo con la fiscalía. «La suma concreta, entendemos que no está perfectamente determinada, pero del análisis que hicimos de los distintos testimonios y del análisis de la sentencia, pudimos resaltar la suma de 627 mil dólares porque se ha restado lo recuperado que asciende a 219 mil dólares», sostuvo Bagnat.

El juez dijo que el 8 de agosto difundirán la sentencia escrita a la fiscalía, las querellas y la defensa. Mientras el acusado seguirá en libertad, con medidas cautelares como firmar de manera periódica en la comisaría más próxima a su domicilio y la prohibición de salir del país.