Megaespionaje a jueces: ola de repudios por el caso que tiene víctimas en Neuquén
La jueza que investigó a Los Huemules de Lago Escondido y un defensor oficial que asistió a comunidades mapuches aparecen en la lista de los que fueron espiados de manera ilegal por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pablo Matkovic, el defensor federal víctima de espionaje ilegal. (Archivo)
El megaespionaje a jueces, fiscales y defensores, entre ellos Silvina Domínguez y Pablo Matkovic de Neuquén, generó una ola de repudios de organizaciones políticas, sociales e internas del Poder Judicial de la Nación.
Una investigación de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) revelada por Río Negro, detectó que entre 2019 y 2022 el ministerio de Seguridad y la Policía de la CABA accedieron a la base de datos del Registro Nacional de las Personas e investigaron a más de un centenar de personalidades políticas, judiciales y de los más diversos ámbitos.
Entre ellos figuran Silvina Domínguez, la jueza subrogante en Bariloche que intervino en la ocupación de tierras en Villa Mascardi y en la investigación por presuntas dádivas por el viaje de jueces, funcionarios del gobierno de la CABA y empresarios a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido.
El otro espiado de la región fue el defensor federal Pablo Matkovic. Las fechas de extracción de datos coinciden con su participación en un concurso en el Consejo de la Magistratura de la Nación, por lo que se sospecha que buscaron un método ilegal para investigarlo por fuera de su currículum y desempeño públicos.
«Repudio al espionaje ilegal»
Legisladores del Frente de Todos de Neuquén expresaron su «repudio ante los hechos de espionaje ilegal ocurridos entre 2019 y 2022 realizados por el Ministerio de Seguridad del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta», y expresaron su solidaridad con Domínguez y Matkovic.
«Rechazamos enérgicamente este tipo de prácticas ilegales y antidemocráticas que merecen ser reprobadas por el conjunto de la sociedad (…) que no hacen más que retroceder nuestro estado de derecho», dice la comunicación firmada por Lorena Parrilli, Mariano Mansilla, Sergio Fernández Novoa, Soledad Salaburu y Ayelén Gutiérrez.
Megaespionaje en la justicia federal: la jueza de Lago Escondido es una de las víctimas
A su turno la Confederación Mapuche expresó «nuestra solidaridad y acompañamiento» con Matkovic, quien «desarrolla intensa actividad por causas vinculadas a los derechos humanos y los derechos del pueblo Mapuche en particular. Solo tenemos palabras de reconocimiento a su actividad ya que el equipo de trabajo a su cargo nos ha abierto las puertas cada vez que nuestros derechos fueron violentados. Esa tarea meritoria ha hecho que nuestras expectativas en el sistema judicial se reanimen, ante tantos derechos reprimidos en décadas desde el propio aparato judicial».
«Enorme gravedad el megaespionaje»
«Nos parece de enorme gravedad este megaespionaje realizado desde el propio aparato público. Los datos biométricos son datos sensibles ya que con ellos uno puede validar cuentas públicas, acceder a claves de seguridad, pinchar teléfonos, acceder a todos los datos del DNI, la foto que se puede validar para reconocimiento facial en otros lados, hacer seguimiento a través de las cámaras que tiene el gobierno de la ciudad. Si esto es posible hacerlo a un funcionario del nivel del Defensor Matkovic, ¿que nos espera a nosotros como población más desguarnecida?«, se pregunta la Confederación.
Señala que «las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen que dar explicaciones de por qué requerían estos datos y los alcances que tuvo esta información, hasta donde llegó. Esto rompe la cadena de independencia de los jueces que apuestan verdaderamente por la justicia y que son amenazados por maniobras típicas de la época de la dictadura, buscando disciplinar a aquellos que se muestren como disidentes a la voluntad de las corporaciones de poder».
Espionaje «impropio del Estado de derecho»
También la Asociación Pensamiento Penal (APP) manifiestó su «preocupación ante los posibles hechos de espionaje realizados a diversas personas, entre ellos al Defensor Oficial de Neuquén Pablo Matkovic».
Según se desprende del legajo 228/22 de la Procuración de Investigaciones Administrativas, «se logró determinar que una terminal del Ministerio de Justicia y Seguridad del GCBA realizó intromisiones en los datos biométricos del RENAPER de magistrados pertenecientes al Poder Judicial y de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa de la Nación, presumiblemente sin justificación alguna», dice el comunicado.
La PIA «realizó una denuncia penal», para que se investigue «la posible comisión del delito previsto por el artículo 157 del Código Penal de la Nación (violación de secretos)».
«Dada la gravedad de los acontecimientos y la imperiosa manda constitucional vinculada a la independencia de los magistrados, también se habrían vulnerados otros derechos vinculados a la intimidad y protección de datos personales», advierte la APP.
Solicita en consecuencia «una responsable investigación alrededor de lamentables acontecimientos impropios del estado de derecho y el sistema democrático«.
Amigos del tribunal
Por su parte la lista Celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la justicia nacional remarcó que con el megaespionaje, «más allá de la independencia judicial también se habrían vulnerado otros derechos de raigambre constitucional como los de reunión, privacidad, intimidad, y aquellos vinculados a la protección de datos personales».
«A tenor de la gran cantidad de magistrados/as que habrían sido víctimas de estas actividades presuntamente delictivas, es que requerimos se evalúe la posibilidad de que la entidad se presente como ‘amicus curiae’ (amiga del tribunal) en la causa que actualmente instruye la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de CABA. Así, entendemos que nadie mejor que una asociación que nuclea a jueces, fiscales y defensores nacionales del país, para que aporte información y/o criterios en búsqueda de la verdad».
Repudio al espionaje ilegal
Se pronunció también la Comisión Directiva Regional II ( Rio Negro y Neuquén) de la de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. «Queremos expresar nuestro repudio ante la nota periodística publicada por el diario Río Negro en donde se da cuenta de que dos afiliados a nuestro sindicato que nuclea a los Judiciales Nacionales, la ex Jueza Federal Silvina Domínguez y el Defensor Oficial de la ciudad de Neuquén Pablo Matkovic, como así nuestro Secretario General Julio Piumato, han sido víctimas de espionaje ilegal de parte del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires».
«Nos solidarizamos con nuestros compañeros afectados por esta nefasta, retrógrada y antidemocrática práctica, propia de sectores nostálgicos de los períodos más oscuros de nuestra patria y exigimos a las autoridades que correspondan investiguen y castiguen con la inmediatez necesaria a los responsables de este delito que reviste una gravedad institucional inusitada e impropia de un país que quiere y merece vivir en democracia».
Comentarios