Millonarias recompensas no logran romper los «pactos de silencio» en investigaciones criminales en Neuquén y Río Negro
El ofrecimiento de una suma de dinero a cambio de aportar información relevante para colaborar con las investigaciones y esclarecer casos complejos en ambas provincias despierta muy poco interés en la población, que prefiere no involucrarse.
El Gobierno de Neuquén elevó a finales de octubre pasado a 100 millones de pesos la recompensa por datos certeros que ayuden a ubicar a Luciana Muñoz, desaparecida en Neuquén capital. (foto de archivo de Matías Subat)
Durante diez meses, Franco Luengo estuvo prófugo de la Justicia. Estaba sospechado de haber sido el autor del homicidio de Brian Obreque, que ocurrió la madrugada del 2 de junio de 2024 en el barrio de las 270 Viviendas de Bariloche. El Gobierno de Río Negro ofreció una recompensa de hasta un millón de pesos por información de su paradero. Lo hallaron muerto el 16 de abril pasado, en un vivienda del barrio Virgen Misionera.
Según el informe preliminar del médico forense que hizo la autopsia, el joven murió por un paro cardiorrespiratorio no traumático.
En los meses que estuvo prófugo, no surgió un dato que ayude a los investigadores a ubicarlo. Todo indica que a nadie le interesó brindar información a pesar de que había una recompensa.
No es el único caso. Los familiares del policía asesinado Lucas Muñoz tuvieron expectativas de que la recompensa que el Gobierno de Río Negro anunció el 20 de agosto de 2016 de un millón de pesos (unos 68.027 dólares, según la cotización oficial de ese momento) rompiera el pacto de silencio en torno al asesinato del oficial. Tampoco tuvo efecto.
“Nadie nos dijo que era por la recompensa cuando nos citaban para darnos algún dato”, recordó la abogada Karina Chueri, que representa desde el inicio de la investigación a la familia Muñoz, que es querellante en la causa.
“A nosotros nadie que quiso colaborar con alguna información nos hizo alusión a la recompensa”, insistió Chueri. “Para mí no es que pueda llegar a gravitar en datos verdaderos; por lo menos, en el caso de Lucas no pasó”, rememoró.
En Neuquén hay una recompensa que el Gobierno provincial anunció a finales de octubre pasado de 100 millones de pesos por “información fehaciente que contribuya con la aparición de Luciana Antonella Muñoz Aguerre”.
La joven desapareció el 13 de julio de 2024. Esa jornada la vieron por última vez en el barrio Gran Neuquén Norte, Manzana 2, Casa 17 de la ciudad de Neuquén. Hasta el momento nadie aportó datos incentivado en esa millonaria recompensa, según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.
Un fondo específico
En Río Negro existe un fondo destinado a recompensas para investigaciones complejas. Pero en ninguno de los más de diez casos que se ofrecieron recompensas en los últimos años tuvo alguna influencia.
Hubo un solo caso donde la Justicia consideró que correspondía abonar la recompensa de un millón de pesos por datos para esclarecer el caso del empleado judicial Javier Videla, que había desaparecido el 4 de marzo de 2021, en Roca, al hombre que encontró a mediados de noviembre de 2021 el cadáver.
A Videla lo hallaron muerto en el Kilómetro 63 de la Ruta 6, a unos 35 kilómetros de Roca. El hallazgo permitió a los investigadores establecer que se trató de un homicidio, porque tenía un tiro.
Casi seis meses después, Antonio Gregorio Colicheo admitió haber sido el autor del crimen y lo condenaron.
Las fuentes oficiales indicaron que si bien está la sentencia que un tribunal de Roca dictó a principios de junio del año pasado y que ordena pagar esa recompensa, aún no se hizo el pago.
Hubo otro caso. El de Mario Ricardo Reyes Espina, que estuvo prófugo durante cuatro meses en 2019 tras ser condenado a seis años de prisión por abuso sexual agravado y privación ilegítima de la libertad de la víctima. Lo atraparon a partir del dato que aportó una mujer a partir de la recompensa de 250.000 pesos que se ofreció.
Pero fueron la excepción a la regla. En los casos restantes, las recompensas no motivaron a nadie a revelar información sensible.
“Son los fiscales quienes solicitan la recompensa cuando quieren determinar alguna línea que tiene que ver con la investigación o cuando faltan datos”, explicaron las fuentes. Señalaron que el fondo de recompensa se estableció por la ley 3479. A partir del pedido, se elabora el expediente administrativo, comentaron.
Diario RÍO NEGRO consultó en el Ministerio Público Fiscal de Río Negro por el tema de las recompensas y su eficacia. O si era necesario alguna revisión para su modificación.
“Es una herramienta más de las existentes que pueden colaborar con las investigaciones, las requieren los fiscales en casos complejos y, en general, ante pedidos de las víctimas”, fue la respuesta institucional. Ni una línea más. Es un tema delicado en la Justicia rionegrina.
El sistema y sus efectos
El fiscal jefe de Bariloche Martín Lozada expresó su opinión sobre el asunto. “El sistema de recompensas impacta de modo diverso en el marco de la investigación criminal. En ocasiones estimula a que miembros de nuestras comunidades se involucren en el desarrollo de una determinada investigación criminal y aporten datos en relación a la persona buscada. Ello ha permitido, en varias ocasiones, dar con aquélla y lograr su detención”, comentó.
“Ese involucramiento también abre la puerta a la complejidad, en la medida en que trae consigo la intervención de personas ajenas al proceso penal que, en un afán de obtener un beneficio económico, brindan información que no resulta de calidad”, evaluó.
Y también hemos experimentado casos en los que el propio buscado, o sus allegados, han aportado información falsa para desviar el curso de una investigación sobre el paradero o localización del prófugo”.
Martín Lozada, fiscal jefe de Bariloche
Lozada recordó el caso de Reyes Espina. “Acaso fue el primero que tuvimos en la provincia, donde una señora nos ofreció un dato que permitió salir a buscar, separar la paja del trigo y profundizar la investigación y, finalmente, llegar al prófugo”, destacó.
“Fue un operativo policial en un sector del río Manso. Llegamos de noche, con personal policial y lo detuvimos y comenzó a cumplir la pena”, afirmó..
Reyes Espina había sido condenado en mayo de 2019 en un juicio abreviado en el que admitió haber cometido los hechos atribuidos por la fiscalía. Por eso, lo condenaron a 6 años de prisión por abuso sexual agravado por el acceso carnal, junto con privación ilegítima de la libertad de la víctima.
El hombre, que trabajaba en Parques Nacionales, pidió al tribunal que lo condenó unos días para organizarse con el compromiso de comparecer en forma voluntaria para cumplir la pena en la cárcel de Bariloche. El tribunal admitió su pedido, pero el hombre se fugó. Lo capturaron el 11 de septiembre de 2019, en cercanías del paso fronterizo León, en la zona rural de El Manso. Pero se trató de un caso inusual.
Casi nadie se anima a hablar
El 27 de julio de 2016, el Ministerio de Seguridad y Justicia estableció un fondo de recompensa máximo de 200.000 pesos a cambio de información o pruebas que contribuyan a esclarecer la desaparición del oficial Lucas Muñoz.
El policía había desaparecido el 14 de julio de ese año en Bariloche sin dejar ninguna pista. Cuando su cadáver apareció el 10 de agosto de 2016, el Gobierno rionegrino aumentó la recompensa a 1 millón de pesos por datos o evidencias que ayuden a esclarecer el crimen.
Casi nueve años después, el crimen sigue impune y nadie se animó a romper el pacto de silencio tentado por una recompensa que en su momento representó alrededor de 68.000 dólares.
“Ni cuando se amplió la recompensa nadie nos dijo nada”, recordó la abogada querellante Karina Chueri. “Está más que comprobado que en el caso de Lucas debe haber gente que escuchó algo o sabe algo, pero nunca hablaron”, sostuvo.
Destacó que hasta “se garantizaba el anonimato” a la persona que aporte información clave para la investigación porque estaba sospechada la Policía de Río Negro. “Y aún así nunca pasó nada”, comentó. “Nunca jamás nadie nos hizo alusión a la recompensa”, afirmó. “Para mí, no sirve”, opinó.
Otra investigación a la deriva
“En su momento se fijó la recompensa en 500 mil pesos por información que ayude a encontrar a mi hermano (Carlos Norberto Painevil)”, señaló Claudia Painevil.
Contó que hubo hace unos 5 años y medio una persona anónima que se comunicó a la comisaría Sexta de Allen para dar información, pero ese dato no se lo pasaron de inmediato a la fiscalía.
Relató que después una persona se acercó a hablar con sus padres y comentó esa situación del llamado anónimo. El caso es que la información de esa comunicación era relevante, pero en la comisaría a nadie le pareció importante.
Al final, ese llamado disparó un rastrillaje en una chacra detrás de la Caminera de la Ruta Nacional 22, en la zona de Allen. No hubo resultado positivo.
Pero Claudia observó que pasaron alrededor de seis meses entre el llamado anónimo y la diligencia que se hizo. Opinó que hay “como una grieta entre la Policía y la fiscalía, porque no hay nada que garantice que los llamados que se reciben en la comisaría pasen rápido a la fiscalía”.
Dijo que la recompensa “es una buena herramienta, pero hay que mejorarla”. Mencionó que en 2012, tras la desaparición de su hermano, ella se movilizó para buscar al ministro de Seguridad en ese momento “para pedir por una recompensa que ayude a encontrar a mi hermano”.
Claudia observó otro detalle. “Una cosa es que te autorizan la recompensa, y otra es que después la pasen en los medios de comunicación. Eso es muy difícil”.
Dijo que solo mencionan en algún medio el caso de su hermano desaparecido cuando se cumple un aniversario el 2 de junio de cada año. Propuso que las recompensas que están vigentes deberían tener un espacio en los medios de comunicación de manera periódica o en Internet para que la gente lo tenga presente.
“Esa constancia debería pedirla o tenerla la Justicia que tienen los medios para hacerlo. Nosotros como familiares no los tenemos”, enfatizó.
“La recompensa primero fue de 250 mil pesos y después logramos que se suba a un millón de pesos, pero aún así con toda esa plata no hubo ningún dato relevante para la búsqueda de mi tío”, rememoró Yeny Higuera, sobrina de Juan Higuera Catalán, que desapareció el 6 de junio de 2012 en Bariloche. Y aún no hay ninguna pista sobre su paradero o qué fue lo que ocurrió con Juan.
La sobrina planteó que cuando subieron la recompensa la fiscal del caso, Betiana Cendón, “pensó que alguien (del entorno de los sospechosos) podía llegar a hablar, pero nadie habló, No hubo ningún dato relevate y eso que nosotros le dimos difusión con videos”.
“Y menos ahora que con un millón no hacés nada, ¿qué hace la gente con esa plata ahora?”, consideró Yeny.
La madre de Juan, Teresa Catalán, viajó a finales de marzo pasado desde Chile hasta Bariloche y volvió a pedir por la aparición de su hijo. “Estando viva yo no voy a dejar de luchar”, afirmó Teresa en el Noticiero Seis de esta ciudad. Tiene 92 años y sigue con la esperanza de saber qué pasó con su hijo.
Algunas recompensas que se autorizaron y siguen vigentes
Amanda Alves Ferreira se fugó el 6 de agosto del 2024 del penal de Bariloche. La recompensa es de 5 millones de pesos por datos de su paradero.
Juan Carlos Monje Contreras, huyó de Bariloche el 24 de febrero del 2023. Fue condenado por abuso sexual agravado. La recompensa por información que ayude a su captura es de 3,5 millones de pesos y la ofrece Nación.
Lucas Muñoz fue asesinado en agosto de 2016, en Bariloche. El Gobierno de Río Negro ofreció en agosto de 2016 1 millón de pesos de recompensa y sigue vigente ese monto.
Juan Higuera Catalán desaparecido en enero de 2012, en Bariloche. En octubre de 2017 se dispuso una recompensa de 1 millón de pesos. Sigue vigente.
Giselle Monje asesinada en diciembre de 2013, en Bariloche. Se ofreció 200 mil pesos de recompensa en ese momento. El asesinato sigue impune.
Jonathan Caracciolo fue asesinado el 30 de marzo de 2023, en Viedma. Ofrecen 1 millón de pesos por datos sobre el homicida.
Carlos Painevil, que desapareció el 2 de junio de 2012 en el Alto Valle. La recompensa por información que esclarezca el caso es de 1 millón de pesos.
José Luis “Toto” Alvarado que desapareció el 22 de febrero de 2018 en El Foyel. La recompensa es de 200 mil pesos.
Franco Ramiro Luengo. Estuvo prófugo casi 10 meses. Se ofreció 1 millón de pesos por datos sobre su paradero. Lo hallaron muerto el 16 de abril pasado, en Bariloche.
Por el paradero de Marcelo Esteban Ramírez Williams se ofrece 1 millón de pesos de recompensa. Está sospechado de ser el autor del homicidio del adolescente Nicolás Jara, que ocurrió el 25 de noviembre del 2023 en el barrio Villarino de Cipolletti.
En Neuquén:
100 millones de pesos es la recompensa que dispuso el Gobierno neuquino por información o pruebas que contribuya con la aparición de Luciana Antonella Muñoz Aguerre, que desapareció el 13 de julio de 2024 en la ciudad de Neuquén.
100.000 dólares ofrece el Gobierno de Neuquén por información clave que ayude a detener a los ciudadanos chilenos Alexis Alfredo Cortés Torres y Jorge Antonio Salazar Oporto sospechosos del haber cometido el homicidio del policía neuquino José Aigo, perpetrado el 7 de marzo de 2012. En este caso, sigue vigente la recompensa de 5 millones de pesos que Nación ofrece por cada uno de los sospechosos.
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