Muerte del oficial Mandagaray: alegatos con interpretaciones diferentes entre acusadores y defensores
Las presentación de las parte giró en torno al decreto 249/88 que establece las responsabilidades del área de Capacitación y Perfeccionamiento de la Policía de Río Negro.
Torres realizó su alegato con la ayuda de una presentación digital. Foto: Marcelo Ochoa.
El Ministerio Público Fiscal y la querella, como «bloque acusador», pidieron al juez Marcelo Chironi la declaración de culpabilidad por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos contra Carlos Grasso y Oscar Szymañsky, mientras que sus defensores dejaron en claro que no eran responsables de controlar el curso.
El primero era Director General de Capacitación y Perfeccionamiento de la Policía de Río Negro y el segundo se desempeñaba como jefe del Departamento Académico y están imputados por aquel delito en el segundo juicio por la muerte del oficial Gabriel Mandagaray, ocurrida en Bahía Creek en abril de 2021 mientras participaba en un curso del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate de la fuerza de seguridad provincial.
La etapa de los alegatos se desarrolló este miércoles en el edificio anexo del Poder Judicial en la capital provincial y se inició con la exposición del fiscal Guillermo Ortíz quien señaló que los imputados «no controlaron» el curso, «omitieron medidas de seguridad» y eso permitió «pr´ctivas contrarias a la dignidad humana».
Agregó que «no se pudo delegar la supervisión» porque era el primer curso que se realizaba en Viedma. «Nada de eso se hizo y Capacitación no delegó el control del curso».
Para Damián Torres, representante de la querella, «ambos imputados tenían que hacerse cargo y responsabilizaron a otras personas» y señaló que «no controlaron por sí mismo y no ordenaron controlar a otros».
Ambas partes basaron sus presentaciones en las funciones y responsabilidades del área de Capacitación de la Policía, establecidas por el decreto 249/88.
Torres remarcó que «nadie controló» y «la ausencia de control terminó con este daño» por el desenlace fatal que tuvo el curso.
Para José Vincenty, defensor de Grasso, «estamos ante la interpretación de normas» y marcó que no hubo control por parte de su defendido y de Szymañsky «porque no les correspondía», explicó que «jamás existió la figura de supervisor en los cursos anteriores ni en el de 2021».
El abogado entendió que la parte acusadora hizo «una interpretación sesgada del decreto» y agregó que la «la relación entre Gattoni (el coordinador condenado en e primer juicio) y Tellería (jefe de la Policía) fue el germen para esta desgracia».
«El que decidió que el curso se hiciera en esas condiciones fue Tellería» dijo y añadió que «después cortó camino y decidió que la responsabilidad sea de Grasso y Szymañsky».
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