Planes sociales: renunció uno de los fiscales que investiga la estafa en Neuquén

Omar Marcelo Silva, el único fiscal del caso de Delitos Económicos, presentó su renuncia para jubilarse a partir del 1 de abril. De esta manera, la unidad que investiga la millonaria estafa con planes sociales que le costó el puesto al exministro de Desarrollo Social de Neuquén, Abel Di Luca, quedó con menos recurso humano de jerarquía, ya que solamente está integrada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y asistentes.

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La renuncia de Silva se trató en el acuerdo del miércoles del Tribunal Superior de Justicia, el último que presidió Evaldo Moya antes de pasarle el mando a Soledad Gennari. Como se sabe, son reuniones a puertas cerradas que no se filman ni graban en audio, cuando deberían transmitirse en vivo como las de la Legislatura. Fue remitida al Consejo de la Magistratura, como es el trámite de rigor.

Silva tenía una participación activa en la investigación de la estafa con planes sociales, y participó de la audiencia de formulación de cargos del 28 de noviembre del año pasado, en la que fueron imputados 20 exfuncionarios y exempleados del Ministerio.

En Delitos Económicos también trabaja el asistente letrado Juan Manuel Narváez Barraza, quien el año pasado ganó el concurso para ascender a fiscal del caso. Pero su pliego ni siquiera tiene fecha de tratamiento en la Legislatura y no se sabe cuándo asumirá.

Voceros del fiscal Vignaroli informaron a Río Negro que de todos modos la investigación sigue activa, que se acumularon pruebas sobre más hechos presuntamente delictivos cometidos con planes sociales en años anteriores al 2022, y que habrá una ampliación de la acusación contra los imputados, pero no dieron una fecha.

Nos vemos en mayo

«Hasta mayo no habrá novedades», dijo por su parte Alfredo Cury, defensor particular de la mayoría de los imputados. Para el abogado, la causa «no tiene nada que ver con la política», pero la fecha que marcó casualmente es posterior a las elecciones de gobernador, legisladores e intendente de Neuquén.

En diálogo con este medio, dijo que dedica el tiempo a analizar toda la información recopilada por la fiscalía y a armar su estrategia de defensa. Dejó entrever que atacará la calificación legal de asociación ilícita empleada por Vignaroli, quien acusó a Ricardo Soiza de ser el jefe.

Soiza era director de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de Neuquén, cargo que tuvo que abandonar. En cambio, no se supo que haya renunciado o lo hayan expulsado de la Convención del Movimiento Popular Neuquino, organismo que encabezan Jorge Sapag y Ana Pechen.

Cury destacó que el período investigado por la fiscalía abarca de enero a julio del 2022, y Soiza «estuvo con parte de enfermo desde septiembre del 21 hasta abril del 22, con un muy grave estado de salud».

Depósitos inexplicables

También fue consultado sobre la situación del exjefe del departamento de Gestión de Programas, Marcos Osuna, en cuyas cuentas bancarias, los últimos dos años depositaron 35 millones y 25 millones de pesos respectivamente sin que se conozca el origen. Sus ingresos anuales por el sueldo superan apenas el millón de pesos, y ejerce además como gasista. «No le encontramos explicación», respondió.

Por otra parte, este medio trató de averiguar cuál es el estado de la auditoría interna que ordenó Di Luca antes de renunciar al ministerio, y que su reemplazante Germán Chiapino prometió continuar, pero no obtuvo respuestas oficiales.

Tampoco fue posible saber si la fiscalía de Estado, querellante en la causa, hizo algún aporte a la investigación. En cuanto al Tribunal de Cuentas, que designó una instructora para que investigue, trascendió que se limita a pedir informes a la fiscalía pero sin actividad propia.

Cómo era la maniobra

De acuerdo con la imputación formulada por el Ministerio Público Fiscal en noviembre del año pasado, los imputados les abrían cajas de ahorro en el Banco Provincia de Neuquén a un grupo de personas en situación de vulnerabilidad. Allí les depositaban el monto de planes sociales provinciales que les asignaban.

Los montos depositados llegaban a los 49.000 pesos, pero los titulares de las cuentas recibían una ínfima parte, entre 3.000 y 10.000. El grueso del dinero se lo quedaban las personas que les manejaban las tarjetas de débito y hacían «extracciones ráfaga» (muchas en poco tiempo) en cajeros automáticos.

Ese dinero, se cree, iba destinado a solventar gastos de campañas políticas. Los imputados no se han enriquecido durante el tiempo que presuntamente cometieron de la maniobra.

Según la primera etapa de la investigación, entre enero y julio del 2022 se realizaron 4.335 extracciones por 63 millones de pesos. Ahora, dicen en la fiscalía, están en condiciones de ampliar la acusación por maniobras realizadas años anteriores.