Estafa con planes sociales en Neuquén: siguen las pistas de la ruta del dinero

El destino de los fondos sustraídos a personas vulnerables es uno de los grandes interrogantes de la investigación. Se presume que se utilizaron para financiar actividades partidarias.

«Una vez que el dinero se transforma en efectivo seguirle el rastro es muy difícil, por eso estamos investigando cuentas bancarias, bienes y demás», declaró el fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, cuando le preguntaron sobre el destino de los 63 millones de pesos que, sólo entre enero y julio de este año, fueron sustraídos mediante una maniobra cometida por exfuncionarios y exempleados del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén.

El fiscal se mostró extremadamente cauteloso al responder preguntas de la prensa luego de la formulación de cargos que realizó el martes 29 de noviembre contra 20 personas por asociación ilícita, estafa con tarjeta de débito y fraude a la administración pública.

En especial, desalentó las expectativas sobre tres puntos:

Que la estafa sea una operación sistémica, un método de sustracción de fondos públicos organizado desde el gobierno con funcionarios y empleados («este era un grupo de personas que vieron la ocasión para quedarse con ese dinero», declaró).

Que haya otros responsables por encima de Ricardo Soiza, director provincial de Planes Sociales («en principio nosotros no tenemos elementos para que suba más, por cómo estaba estructurada la maniobra y cómo está estructurado desde el punto de vista administrativo el manejo de estos planes»).

• Dejó apenas una llama de esperanza encendida respecto de la ruta del dinero («hemos encontrado en las cuentas de uno de los imputados movimientos inconsistentes con sus ingresos»).

Depósitos millonarios


Esta alusión es al exjefe del departamento de Gestión de Programas, Marcos Osuna. Según expuso Vignaroli en la audiencia de formulación de cargos, registra «acreditaciones bancarias en el año 2021 por 35.811.475 pesos, y en 2022 por 25.362.524 pesos. Sus ingresos anuales declarados, en 2021, fueron por 1.360.000 pesos y en 2022 por 1.089.510 pesos».

Osuna es titular de cuentas en varios bancos: Galicia, Hipotecario, Itaú, Provincia de Neuquén, Brubank (un banco argentino digital), y en tres compañías financieras. No posee vehículo, lo vendió en julio de este año.

Figura como monotributista vinculado con una empresa de servicios de gas, agua, electricidad, electrónica, climatización, e instalaciones en edificios y obras de ingeniería. En la fiscalía creen que podría tratar de justificar los depósitos con facturas de esa firma.

Osuna fue designado en el cargo el 3 de febrero del 2020 mediante decreto 176 firmado por el gobernador Omar Gutiérrez, el ministro de Economía Guillermo Pons y la ex ministra de Desarrollo Social Adriana Figuera. Le dieron de baja el 22 de septiembre de este año, después de que se hiciera público el escándalo, por decreto 1952, que rubrican Gutiérrez y el exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca. Lo fundamentan en que el Poder Ejecutivo tiene «facultades constitucionales» para «reestructurar, fusionar y reordenar las plantas de personal». Una salida higiénica, sin mención a la causa penal que lo involucra.

Herramientas de investigación


La fiscalía tiene en su poder herramientas muy poderosas que todavía no ha utilizado, dice que por falta de tiempo: por ejemplo, los 51 equipos informáticos y celulares secuestrados el 1 de septiembre pasado.

Por más que haya información borrada, mucha se puede recuperar. Hay que hacer un minucioso trabajo de reconstrucción de cruces de llamadas, mensajes de whatsapp, correos electrónicos y otras comunicaciones. También de ubicación de personas mediante antenas de telefonía.

Otras investigaciones criminales realizadas en Neuquén demostraron que se pueden reconstruir reuniones, movimientos e intercambios entre personas incluso sin tener secuestrados sus celulares.

Movimientos de dinero


En cuanto a los movimientos de dinero, se puede verificar si hubo compras de dólares, bienes muebles o inmuebles, aperturas de cuentas en el exterior u otros métodos para esconder el producto de la estafa.

Como ninguno de los 20 imputados e imputadas parece haberse enriquecido (el único que tiene movimientos inusuales en su cuenta es Osuna) crecen las sospechas de que el dinero se quedó en Neuquén y fue a parar al financiamiento de campañas políticas.

Puede haber adquirido innumerables formas: pago de combustible para vehículos a movilizaciones, de víveres, de afiches, cartelería, por ejemplo.

Los partidos políticos están obligados a revelar cómo financian sus actividades. Allí hay otra fuente de información para seguir la pista del dinero.


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