Exclusivo Suscriptores

Por qué los jueces de Neuquén pueden negarse a enviar detenidos a las cárceles

La superpoblación en las unidades de detención, la violación constante de los derechos humanos y las condiciones de dignidad, motivaron una medida histórica: el cierre de todas las cárceles. ¿Qué puede pasar?

Una ráfaga de fallos judiciales cerró, en pocos días, todas las cárceles de la provincia de Neuquén. Sólo quedaron abiertas la pequeña unidad de Buta Ranquil, en el norte, y la prisión de mujeres en la capital. Así, el gobierno de Omar Gutiérrez quedó frente a frente con un problema que hasta ahora prefirió ignorar: las pésimas condiciones de detención que padecen los ciudadanos de la provincia condenados o detenidos preventivamente por delitos. Pero es su momento de hacer de la crisis una oportunidad, y presionar a la Nación para que le entregue las 84 plazas teóricamente disponibles en la cárcel de Senillosa, con lo cual se descomprimiría casi de inmediato la situación.

En este momento no hay dónde meter presos en la provincia, literalmente. La policía llegó al extremo de sondear cuánto espacio hay en la comisaría de Villa Pehuenia: la respuesta fue apenas un sucucho sin condiciones de habitabilidad, ni de seguridad, ni de personal preparado para manejar a un detenido.

Los números publicados por Río Negro hablan por sí solos:

En Neuquén capital:

Unidad 11: 233 plazas, 265 personas alojadas.

Unidad 12: 42 plazas, 42 internos.

Cutral Co:

Unidad 21: 30 plazas, 54 internos.

Unidad 22: 35 plazas, 46 internos.

Zapala:

Unidad 31: 22 plazas, 36 internos.

Unidad 32: 24 plazas, 34 internos.

Junín de los Andes: 13 plazas, 39 internos.

San Martín de los Andes: 8 plazas, 20 internos.

El colapso, explican desde el Poder Judicial, se debe principalmente a tres factores:

• La entrega de la cárcel de Senillosa a la Nación sin planificación;

• La vigencia del Código Procesal Penal que produce condenas con mayor rapidez (creció el número de detenidos 86% en 8 años); y

• La modificación de la ley de ejecución penal que hace más dificultosas las excarcelaciones, por lo que las personas pasan más tiempo ocupando plazas en los lugares de detención.

Río Negro preguntó qué pasará con los detenidos que produce el sistema penal todo el tiempo, si no hay dónde alojarlos ya que los calabozos de las comisarías también están repletos y no deben (no deberían) recibir condenados.

Qué dice la Constitución provincial


Una fuente judicial invitó a leer el artículo 71 de la Constitución Provincial:

«Toda medida que, so pretexto de precaución, conduzca a mortificar a presos o detenidos, hará responsable civil o criminalmente al juez que la autoriza o consienta, por actos u omisiones, y será causa de inmediata destitución de los funcionarios y empleados que la ordenen, apliquen, instiguen o consientan, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran».

El artículo ya existía en la Constitución de 1957, con el número 40. «Si mando a un preso a una cárcel hacinada, o a un lugar de detención inadecuado, soy responsable por el artículo 71 de la Constitución. No son responsables la Policía ni el Ejecutivo, soy yo», dijo la fuente judicial.

Trampas mortales


En las cárceles hay más que hacinamiento, que ya de por sí resulta intolerable. En la audiencia de hábeas corpus realizada el jueves pasado para abordar la situación de las unidades de Zapala y Cutral Co surgió que los matafuegos son obsoletos y no se controlan hace años, las conexiones de gas y eléctricas son precarias, no hay cubrecables. En caso de incendio se convertirían en una trampa mortal.

Como en la Unidad 11, hay personas durmiendo en aulas, en salas de visitas y en ámbitos dispuestos para otros fines.

La Constitución neuquina también dice, en su artículo 70:

«Las cárceles y todos los demás lugares destinados al cumplimiento de penas de privación de libertad, en la Provincia, serán sanas y limpias y organizadas sobre la base de obtener primordialmente la reeducación y readaptación del detenido, mediante el trabajo productivo y remunerado. Toda medida que, a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos física o moralmente, hará responsable al que la ejecuta, autoriza o consienta».

Hasta abril y mayo


Hasta abril y mayo del año que viene, las cárceles estarán cerradas. Eso incluye el receso de enero, la última apertura de sesiones legislativas del gobernador Gutiérrez el 1 de marzo, quizá el anuncio de la fecha para elegir a su sucesor.

Mientras tanto, 536 personas alojadas en donde hay lugar para 407 estarán esperando. El calendario juega a su favor, un día van a salir porque la ley así lo establece. No invertir hoy es negarles una oportunidad mañana.


Adherido a los criterios de
Journalism Trust Initiative
Nuestras directrices editoriales
<span>Adherido a los criterios de <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Ver Planes ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora