Leasing de $700 millones en Regina: rechazan un amparo contra la ordenanza que aprobó la decisión

La Justicia Civil rechazó un amparo que presentó un vecino de Regina para que se declare inconstitucional y se anule la ordenanza que aprobó un leasing bancario de 700 millones de pesos con garantía de coparticipación para la compra de maquinarias y vehículos.

En abril pasado, cuando se aprobó la ordenanza, desde la oposición se cuestionó que la decisión genera un endeudamiento para el municipio.

El propio jefe comunal Luis Albrieu salió a defender la decisión y adelantó que se iban a comprar dos compactadoras, seis camionetas y tres camiones menores, con un carga de entre 1.500 y 1.700 kilos.

El 9 de julio pasado el municipio presentó las unidades que había adquirido con el leasing.

Ante esta ordenanza, Leandro Stutz, con el patrocinio de los abogados Omar Jurgeit y Fernando Garrido, presentó el amparo para que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la ordenanza municipal que autoriza el leasing.

El Juzgado Civil de Regina, a cargo de Paola Santarelli, rechazó la demanda y remarcó los requisitos necesarios para habilitar esta vía excepcional. La jueza indicó que solo procede cuando existe un daño claro, manifiesto, grave y sin vías legales alternativas para resolverlo. Concluyó que el caso no cumplía con esas condiciones.

Cuestionan la aprobación por mayoría simple del leasing en Regina

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En su presentación, Stutz sostuvo que la sanción de la norma local contiene un vicio formal, ya que la contratación fue aprobada por mayoría simple. Además, como vecino y contribuyente, afirmó que la adquisición de maquinarias mediante esta modalidad resulta onerosa para el patrimonio local. También solicitó una medida cautelar para suspender la ejecución de la Ordenanza Nº 20/2025.

Cabe aclarar que varias votaciones importantes en el Concejo Deliberante se han aprobado por el voto de desempate del presidente del cuerpo, Maximiliano Garré.

La jueza citó jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia provincial, en particular el fallo “Costa Brutten”, donde se reafirma la necesidad de demostrar un interés concreto, directo y actual para tener legitimación activa en acciones de inconstitucionalidad, según indicó el área de prensa del Poder Judicial.

Sostuvo que no basta con invocar la condición de ciudadano ni el interés genérico en la legalidad, y que este tipo de acciones no constituye una “acción popular”.

Determinó que el hombre no acreditó un agravio directo ni una afectación concreta a sus derechos por la ordenanza cuestionada.

Por lo tanto, resolvió rechazar in limine —es decir, sin analizar el fondo del asunto— la acción de amparo.