Se reanuda la audiencia de Techo Digno en Cipolletti y revelarán los antecedentes

Este jueves se reanudará la audiencia en la causa Techo Digno en la que se sabrán los antecedentes de los involucrados en el expediente que se tramita en Cipolletti.

En la audiencia suspendida el 2 de octubre los exintendentes de Cipolletti Abel Baratti (PJ) y Aníbal Tortoriello (PRO) pidieron el sobreseimiento por prescripción de la acción penal en la causa por el plan de viviendas Techo Digno en la que están imputados por fraude a la administración pública y peculado.

En el mismo sentido se expidieron, ante la la jueza de Juicio Alejandra Berenguer, los empresarios de la construcción Arturo Rubén Mendiberri, Domingo Mocciola y José Daniel Zoppi, además de la contadora del municipio Lucila Chiocconi.

Los exintendentes y otros acusados debían realizar la ficha dactilar de antecedentes penales  en el Gabinete de Criminalística, ante la exigencia del fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, que no la había solicitado originalmente.

Por esta situación, el representante de la fiscalía señaló a la jueza no poder responder a los pedidos de las defensas hasta no contar con los informes de antecedentes penales porque podría modificar la situación de alguno de los imputados. Solo el abogado Juan Luis Vincenty, representante de Mendiberri, cumplió con el trámite de manera previa.

En medios judiciales llamó la atención que después de años de investigación, con formulaciones y reformulaciones de cargos, no se hayan solicitado los antecedentes de los involucrados.

Qué pasó a comienzos de octubre

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En su pedido de prescripción de comienzos de octubre, los abogados alegaron que la acción penal superó el plazo máximo establecido por la ley si se considera que se trata de 6 años en el caso del delito de administración fraudulenta debido a que los hechos por los que se inició la investigación refieren a un plan de 404 viviendas iniciado en el año 2015 y que la formulación de cargos se concretó en abril de 2023. La investigación lleva más de 8 años.

Los abogados alegaron que la acción penal superó el plazo máximo establecido por la ley si se considera que se trata de 6 años en el caso del delito de administración fraudulenta debido a que los hechos por los que se inició la investigación refieren a un plan de 404 viviendas iniciado en el año 2015 y que la formulación de cargos se concretó en abril de 2023. La investigación lleva más de 8 años.

El abogado Gustavo Perazolli, representante de Tortoriello junto a Gustavo Palmieri, puntualizó además en el hecho de que el exintendente y actual diputado nacional rescindió los contratos por estas obras en noviembre de 2016 -durante su gestión- y un mes más tarde el plan de viviendas pasó a la provincia a través del IPPV, desvinculándose la Municipalidad de Cipolletti de los contratos y desde esa fecha hasta la formulación de cargos se superaron los 6 años.

Los abogados de los dos exintendentes también cuestionaron la calificación penal de peculado y pidieron una revisión.

Los defensores de los empresarios de la construcción -que también pidieron el sobreseimiento por prescripción- pusieron además el énfasis en la necesidad de que la jueza resuelva estos planteos de prescripción de la acción penal debido a que podría cambiar la continuidad del curso de la causa porque de rechazarse, tienen una opción con la resolución alternativa de conflictos que impulsa la Fiscalía en todas las causas de Techo Digno, para avanzar en el análisis de acuerdos de resarcimiento económico.

En la audiencia la Fiscalía expuso los hechos y la calificación legal contra los exintendentes Tortoriello y Baratti, como autores de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con peculado. La contadora y los empresarios fueron imputados como partícipes necesarios por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La fiscalía mencionó sobrepagos de la municipalidad a las empresas respecto del avance de obras, a raíz de la información de estados de ejecución mayor al real por parte de las constructoras, y un desvío de fondos a otras cuentas municipales realizado en la gestión de Baratti.