Un empresario de Cipolletti lleva dos tobilleras electrónicas por sus causas de violencia de género
El hombre tiene una condena por amenazas y daños en Cipolletti y sumó una acusación formal en San Antonio Oeste. Una fiscal pidió la prisión preventiva, pero no se la otorgaron. El juez de Ejecución podría revocar el beneficio de la condicional.
Con la decisión de STJ culminó la causa en Cipolletti contra el empresario.
La libertad del empresario de Cipolletti que le prendió fuego el auto a su expareja en el barrio El Manzanar pende de un hilo. La violencia que ejerce contra mujeres es tan reiterada que llegó al punto de llevar dos tobilleras de monitoreo, una por una víctima en Cipolletti y la segunda por una damnificada en Las Grutas. En la costa le formularon cargos y exigieron su prisión preventiva. Sin embargo el juez de Ejecución Lucas Lizzi, por otro antecedente parecido, tendrá la palabra final.
El caso del empresario no tiene precedentes en la región.Es el único hombre a quién se lo controla a través de dos dispositivos electrónicos. Su nombre no se difunde aquí para proteger a una de las víctimas y a los hijos que tienen en común.
Está condenado en Cipolletti a una pena en suspenso con tobillera electrónica y presuntamente volvió a ejercer violencia contra otra víctima en Las Grutas. En San Antonio Oeste le formularon cargos pero el juez Fabio Corvalán no le dictó la prisión preventiva.
Por otro antecedente de un caso del Alto Valle (el joven fue detenido en Maquinchao y le formularon cargos en Bariloche) el juez cipoleño Lucas Lizzi tiene la potestad de revocarle la condicionalidad al empresario y de enviarlo a prisión. Las fuentes admitieron que Lizzi solo espera el requerimiento del fiscal de Cipolletti.
Semanas atrás, la fiscal de San Antonio Mariela Coy exigió, ante un supuesto incumplimiento de las restricciones que pesaban sobre el acusado, que le dictarán la prisión preventiva. En su argumentación refirió la sentencia de 2021 que ya está firme y que en este nuevo proceso, en San Antonio Oeste, desobedeció una orden judicial.
El imputado es conocido en Cipolletti y en la zona del Alto Valle porque siempre estuvo vinculado a la actividad nocturna, tuvo a cargo boliches de mucha concurrencia en la ciudad rionegrina y también en Neuquén. El caso tomó mucha repercusión luego de la circulación masiva de un video donde se lo veía atentando contra el auto de su expareja, en el barrio El Manzanar.
Incluso tras una serie de publicaciones de RÍO NEGRO se supo que la fiscalía no lo notificaba sobre una denuncia porque supuestamente no podían ubicarlo. Ante la inactividad de la fiscalía, el juez de Familia de Cipolletti Jorge Benatti no solo lo notificó sino también que lo detuvo diez días. Cuando le formularon cargos, la jueza de garantías Sonia Martín no le perdonó la preventiva y terminó en prisión.
La condena en Cipolletti
Finalmente en mayo de 2021 fue condenado a 10 meses de prisión por tres delitos: amenazas, daño y desobediencia a la autoridad, todos en contexto de violencia de género. El hombre reconoció los hechos y la condena quedó firme automáticamente. Se dispuso de una tobillera electrónica para su monitoreo que aún conserva.
Ahora, con la nueva acusación por amenazas y lesiones leves en contexto de género, se le otorgó otro dispositivo dual para que no puediera ingresar a San Antonio Oeste, directamente tiene prohibido entrar a la ciudad costera, salvo excepciones y con aviso previo.
El 21 de marzo de 2023 en una audiencia en San Antonio Oeste, la fiscal del caso Mariela Coy pidió al juez de Garantías que le dictara la prisión preventiva. A pesar de contar con las herramientas para llevarlo a cabo, incluso con la reforma en la ley 5020 que permite dictar prisión preventiva a quienes incurran en delitos contra las mujeres, Corvalán no lo hizo. Esa norma es conocida en el ámbito tribunalicio como la ley Pica en referencia al legislador que la promovió.
La fiscal adujo que el empresario estuvo más de 30 minutos sin reportarse ante una pérdida de señal del dispositivo dual. El argumento de la defensa es que entró al mar y allí se quedó sin comunicación. Para el Ministerio Público tendría que haber dado aviso previo y no lo hizo.
El antecedente
El caso tiene un antecedente muy cercano. Semanas atrás, el juez Lucas Lizzi le revocó la condicionalidad de la condena a un imputado que no cumplió con las pautas de comportamiento. Fue por un joven que tenía prohibido salir de Cipolletti y fue detenido en Maquinchao, presuntamente cometiendo nuevos delitos. El tribunal de revisión confirmó la decisión de Lizzi y por eso ahora, empoderado, el juez de ejecución cipoleño solo espera el impulso de la fiscalía.
En San Antonio el juez de garantías Fabio Corvalán entendió que en este incumplimiento no hubo un llamamiento de la víctima, ni tampoco una trasgresión que haya motivado un comportamiento intencional a incumplir una de las medidas impuestas. Por eso mantuvo la medida cautelar, con la vigilancia de un dispositivo dual.
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